Castelló busca un atajo legal que le permita 'revisar' la controvertida implantación de las videocámaras

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló estudia una fórmula legal que le permita revisar la controvertida implantación del sistema de videocámaras en el centro, sin descartar la suspensión provisional, a la espera de encontrar una solución definitiva que satisfaga a los agentes implicados, desde los residentes, pasando por los transportistas, hasta los comerciantes. Ante la creciente polémica, con varias protestas públicas en las últimas semanas, la Concejalía de Movilidad analiza con los técnicos la posibilidad de dejar en stand-by el servicio.

Sin embargo, la decisión exige de un paraguas jurídico a fin de evitar futuros pleitos por agravios comparativos. El problema reside en las multas impuestas desde mediados de febrero. Fuentes municipales señalan que, en el caso de inhabilitar temporalmente los equipos de control y vigilancia, habría que proceder a la devolución de las cantidades cobradas, ya que no tendría sentido anular solo aquellas sanciones que se encuentran en la actualidad en proceso de tramitación.

El sistema entró en funcionamiento el 16 de febrero. Lo hizo tras un periodo de pruebas de mes y medio, durante el cual se informó a los vecinos del centro a través de una carta, en la que se incluyó un ficticio recargo a modo explicativo. Paralelamente, se instaló señalética en los principales accesos con el propósito de notificar los horarios y la nueva herramienta, en sustitución de los tradicionales bolardos. En total, se habilitaron 21 filmadoras, entre la plaza Clavé y San Luis, al norte; la avenida Rey en Jaume y la calle Zaragoza, al oeste; Gobernador, al este hasta la plaza Borrull; y Escultor Viciano, Temprado, Lluís Vives, Ruiz Zorrilla y Gasset, al sur.

El Ayuntamiento consideró en ese momento que la campaña de sensibilización había calado en la ciudadanía. El tiempo ha demostrado que no, de ahí que ahora se plantee cambiar de estrategia y, sin comenzar de cero, impeler nuevas acciones que rebajen, por un lado, el malestar y, por otro, conciencien a las partes implicadas de que el servicio de videocámaras resulta mucho más eficiente y sostenible que los antiguos pivotes.

Método de fiscalización

"Se están valorando todas las opciones", señala el concejal de Movilidad, Jorge Ribes. Al respecto, la medida que se tome será de carácter político, siempre con ese amparo legal, aunque parece improbable que a través de un decreto. Así, el munícipe recuerda que la implantación de las videocámaras no implicó modificación alguna en la ordenanza municipal, toda vez que "solo cambió el método de fiscalización, que antes se hacía con bolardos".

En la misma línea, el portavoz del gobierno municipal, José Luis López, sostiene que "se está trabajando en todas y cada una de las reivindicaciones. Algunas se podrán hacer y otras no. Lo importante es que estamos buscando una solución a todo esto. Es verdad que está generando problemas", admite, aunque también puntualiza que algunas quejas carecen de fundamento. Por ejemplo, aquellas de usuarios con tarjetas caducadas y que circulan por el centro, algo que el concejal socialista califica de "irresponsabilidad".

La activación del moderno servicio supuso en 2020 una inversión de 418.000 euros. No solo se eliminaron los postes retráctiles para colocar las filmadoras. También se habilitaron programas informáticos (software y hardware), lo que obligó además a realizar cursos de formación entre algunos agentes responsables de la sala de Seguridad. Los ensayos arrancaron el 1 de enero y se alargaron hasta el 15 de febrero. A partir de ese instante, las videocámaras empezaron a operar con normalidad.