El síndic de Compromís, Fran Ferri. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Hace aproximadamente dos semanas, el síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, trasladó al president de la Generalitat, Ximo Puig, en una sesión de control un paquete de reformas tributarias que incluía la creación de nuevos impuestos propios y la subida de otros como el IRPF a las rentas más altas con la intención de "crear un sistema fiscal más justo y sostenible". La intención era que estos fuesen incluidos en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2021 por el Gobierno valenciano. Sin embargo, de momento las negociaciones entre PSPV, Compromís y Unides Podem no avanzan especialmente en el Consell.
Con estos mimbres, la coalición valencianista en Les Corts ha decidido ir haciendo camino por si finalmente no acaba logrando un acuerdo con sus socios en el Gobierno. Por ello, Compromís mantendrá en los próximos días reuniones con expertos en la materia -este miércoles mantuvo un encuentro con Gestha- para que éstos hagan recomendaciones sobre el diseño que deberían tener estos nuevos impuestos. Observaciones que los valencianistas plasmarían en enmiendas si el Consell finalmente no los incluye en la ley de Medidas que presente.
Entre estos tributos se encuentra el impuesto a las bebidas azucaradas. Un gravamen al que la coalición electoral integrada por Bloc, Iniciativa y VerdsEquo no renuncia a pesar de que el Gobierno central ha incluido en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas un incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21% -entre otros ajustes fiscales- con el objetivo de "favorecer hábitos más saludables".
A pesar de esta doble imposición que sufrirían los refrescos azucarados, Compromís mantiene viva la intención de crear un impuesto autonómico a las bebidas azucaradas como aplican ya otras comunidades autónomas como Cataluña. Explican fuentes parlamentarias que la propuesta del Gobierno central trasladada a Bruselas es una reforma que todavía no se ha producido y desconocen si finalmente terminará llevándose a cabo. "Además, en caso de ponerse en marcha, esta subida del IVA no sería incompatible con lo que planteamos nosotros aquí y ya está en vigor en otras comunidades autónomas", añaden.
En este sentido, fuentes oficiales subrayan que podría darse la circunstancia de que lo que plantea ahora el Ejecutivo de Sánchez tarde incluso un año en ponerse en marcha y el impuesto valenciano, si se aprobara, entraría en vigor antes. "Lo que impulsa el Gobierno es un plan presupuestario enviado a Europa, pero ni siquiera es una ley que nos asegure que se va a poner en marcha", concluyen desde Compromís.
La medida impulsada por el Gobierno central supone a grosso modo que si un refresco en un bar tiene actualmente un coste de 2 euros, con el IVA del 10%, la base imponible sería 1,82 euros y el consumidor pagaría 0,18 céntimos de impuesto. En caso de aumentarse al 21% y que los locales de hostelería trasladaran al cliente este incremento, el consumidor acabaría abonando 2,20 euros. A este precio habría que añadir el gravamen autonómico en caso de aprobarse.
Una subida del precio final de refrescos que la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) -patronal que aglutina a empresas como Coca-Cola y Pepsico entre otras- cree que es "injusta, discriminatoria" y tiene "un claro componente ideológico" e intención "recaudatoria". Según el informe de la consultora PwC encargado por la industria alimentaria, este ajuste fiscal destruiría hasta 6.165 puestos de trabajo y provocará una caída de las ventas, fundamentalmente en el canal de la distribución, de entre 119 y 370 millones de euros.
La iniciativa original fue presentada por la coalición valencianista en 2017, cuatro días después de entrar en vigor la tasa a las bebidas azucaradas en Cataluña, e instaba al Consell a establecer un impuesto "sobre los productos azucarados y con exceso de grasas que implicara un aumento del precio de hasta el 20%". Es decir, era más ambicioso porque no lo limitaba tan solo a los líquidos porque la pretensión era desincentivar el consumo de otros alimentos azucarados o con exceso de grasa como los productos de bollería.
La propuesta hizo sonar las alarmas en la CEV, organización que preside Salvador Navarro, que constituyó un grupo de trabajo interno para sustentar su posicionamiento ante el Consell y elaboró un borrador en el que detalló los motivos de su radical oposición a la tasa. Esto, sumado a varias reuniones con dirigentes de los partidos del Botànic del Ejecutivo y de los grupos parlamentarios, derivó en que Compromís reformulara su PNL y restringiera el ámbito de aplicación de este impuesto solo a las bebidas, ya que sus socios en el gobierno -el PSPV- rechazaba frontalmente la propuesta.
La nueva propuesta de Compromís, que no detallaba ningún tipo impositivo a aplicar -pues es competencia de la Consellería de Hacienda definir los porcentajes-, incluía también que lo recaudado con esta tasa fuese destinado a dotar de más recursos al sistema de salud o a campañas de concienciación -tanto en centros educativos como en centros de salud- para reducir la obesidad infantil y mejorar los hábitos alimentarios de manera que se redujera el consumo de este tipo de productos. A pesar de tender la mano en este sentido para favorecer la negociación, tampoco el nuevo ofrecimiento convencía a las empresas y federaciones integradas en la patronal contrarias a la iniciativa.
Una rebaja de la iniciativa considerable ante la cual reaccionó Podemos, que decidió presentar una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales de 2019 para recuperar la idea inicial de implantar un tributo de este tipo en la Comunitat y no limitarse sólo a la realización de un mero estudio. Esta fue rechazada y un año después, en la Ley de Acompañamiento de 2020, tanto los morados como los valencianistas decidieron retomarla, si bien durante la fase de negociación volvieron a retirar la iniciativa porque no lograron llegar a un acuerdo con los socialistas a pesar de que la propia Conselleria de Sanidad, gestionada por el PSPV, avaló la utilidad de implantar este impuesto para reducir la ingesta de estos líquidos y los efectos sobre la salud que generan. Ahora, la coalición vuelve a recuperar el impuesto y no renuncia a él aunque el Gobierno central tenga intención de subir el IVA de estos productos.
