De libertad de prensa, fake news y engaño

A comienzos de mayo,  el Día Mundial de la Libertad de Prensa celebró la defensa de los “medios independientes”: aquellos que no están sometidos ni al “dominio político o económico ni al control material” de los poderes públicos.  Vaya, una especie de medios inexistentes en los tiempos que corren. 

Llevaba tiempo queriendo escribir sobre la integridad informativa aunque, a estas alturas, a algunos les pueda parecer manido. No lo es. Si siempre libertad y calidad de prensa son condiciones sine qua non para la democracia, cuando hay amenazas o ambigüedad, como en el contexto de la crisis del COVID en la que estamos, aún más. 

Ojo: los medios son los que nos señalan los problemas “importantes” y los dotan de significado para la comunidad. Por tanto, nuestra dependencia de ellos, en escenarios de incertidumbre, es total. 

No es de extrañar que, en los últimos tiempos, el análisis del engaño haya ganado protagonismo político y académico. Aunque no lo creamos, o no lo veamos, en la sociedad de la información, nuestro sometimiento a la comunicación pública para tomar decisiones cotidianas es enorme. Los medios (pero ahora también las redes sociales) no sólo nos dicen sobre qué pensar, sino también cómo pensar sobre ello. Más vale, por tanto, que digan cosas ciertas. 

En 2015, la Unión Europea mostró su preocupación por el uso de  información falsa como mecanismo desestabilizador de algunos países. Desde 2018 funciona el Plan de Acción [de la UE] contra la Desinformación, que en 2020  llevó a este Gobierno a emitir una polémica orden ministerial para “monitorizar permanente de las redes en busca de noticias falsas”. Una especie de “comando de la verdad” avalado por Bruselas.

La “infopandemia”, o explosión de información sobre el coronavirus, ha disparado también las investigaciones académicas y su financiación sobre las fake news.

Mucho se está deliberando sobre la construcción y circulación de informaciones distorsionadas y/o falsificadas. Es necesario: no me parece mal. Sin embargo, pocas reflexiones se centran en las consecuencias de la omisión o el ocultamiento de mensajes. Vaya, lo que los economistas denominan “información asimétrica”, especialmente cuando se camuflan datos en “ruido”, o cuando se evita, obstaculizando canales, que la gente recopile información.

No es baladí. Las omisiones pueden tener efectos tan devastadores o más en la  opinión pública que las distorsiones explícitas.  

El profesor López-Escobar apunta que, hace más de un siglo, ya Edward Alsworth Ross en su artículo "La supresión de noticias importantes", ofreció “un diagnóstico temprano de un fenómeno que ahora es patente”. Este sociólogo explicaba que la mercantilización propiciaba la supresión deliberada de informaciones. Ross criticó la abdicación de la prensa a favor de la propiedad empresarial con respecto a su función de servicio a la democracia. 

No le faltaba razón. Sin embargo, este no parece hoy el único de los problemas relacionados con el engaño. Al menos en el contexto actual y al menos en este país. 

En España poco se ha hablado y se ha estudiado sobre un factor distorsionador del discurso público, tan venenoso como las fakes news: el secuestro de información por parte de fuentes oficiales. Precisamente, por parte de los encargados de evitar daños. 

Fui la primera diputada que el 22 de enero de 2020 hice una pregunta parlamentaria sobre la COVID. Quería saber de qué datos se disponía entonces, qué contactos se habían realizado y qué medidas se estaban tomando para prevenir la epidemia. El Gobierno me respondió un mes después con vaguedades. 

También pedí que se me facilitaran todos los intercambios de documentación que había habido con el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y con la OMS en las semanas previas al 8 de Marzo. Hice tanto “solicitudes de información” como “preguntas  parlamentarias”. Estamos a 20 de mayo de 2021 y sigo esperando.

Curiosamente fue la prensa (esa que merece ser “vigilada” y a la que omiten sistemáticamente también respuestas en el Portal de Transparencia) la que  publicó que el 2 de marzo de 2020 que el ECDC  mandó  recomendaciones que instaban, explícitamente, a "evitar concentraciones masivas" por el coronavirus. Si esta información no es cierta, es muy grave. Y si lo es, más aún. 

En un escenario que ha dejado  más de 100.000 muertos, una crisis económica galopante y colas de paro y de hambre, creo que la opinión pública está en su derecho de conocer, en su integridad, esas y todas las comunicaciones que hubo. Y las que habrá en este y en otros ámbitos que nos van a afectar. Por cierto, en tiempo y forma. 

No como ha sucedido con el Plan de Recuperación. Ese plan que el Gobierno mandó a Bruselas a finales de abril (por cierto también reclamado insistentemente por periodistas y  parlamentarios) y que guardó sibilinamente hasta pasadas las elecciones de Madrid para tildar, después, sablazos e impuestos, como “erratas”. 

No, no son erratas: es propaganda y opacidad, prácticas habituales por otra parte de regímenes autoritarios. Nada nuevo bajo el sol.

Ahí dejo deberes para ese “comando de la verdad” auspiciado por Bruselas. Ese al que tanto le preocupa el engaño y que por eso controla nuestras redes y supervisa las noticias. Ese que debería también monitorear, analizar e informar de  la política de comunicación y transparencia gubernamental. 

No sé yo si en España, el lobo vigilando al los corderos. Para pensar…