VALÈNCIA. Varios empresarios vinculados al ocio nocturno de la Comunitat Valenciana han decidido demandar tanto al Gobierno central como al Consell por el cierre de sus negocios durante varios meses sin ninguna compensación económica. Así, diferentes discotecas de la ciudad de València presentaron este lunes ante la Administración General del Estado las primeras reclamaciones patrimoniales. Unas demandas con importes que van desde los 100.000 y hasta los 300.000 euros de indemnización.
Por el momento, son unas ocho las compañías que se han decidido a emprender acciones legales contra ambas administraciones por llevar "al límite" a sus negocios, pero la cascada de demandas podría ir a más. En algunos territorios como Lleida ya han llevado a cabo acciones en esta línea. "Somos empresas legales a las que nos cerraron sin ninguna alternativa ni ayuda y, pese a ello, no se nos perdonó ningún impuesto. Entendemos que hay una responsabilidad por parte de la Administración y que debería haber una contraprestación económica, porque nos han llevado al límite", explica David Izquierdo, empresario y coordinador de discotecas de València.
Dado que los cierres fueron decretados mediante medidas emprendidas en un momento de la pandemia por el Gobierno, durante el mando único en el primer estado de alarma, y, por otro lado, por la Generalitat Valenciana, los empresarios piden responsabilidades a ambas administraciones. En caso de que esta vía administrativa no prosperara, anuncian que acudirán al Tribunal Supremo.
Aunque las reclamaciones se presentan a título individual, todas se canalizarán a través de la Plataforma de Empresarios Afectados por el Covid19 (PEACOVID19). Un colectivo estatal que representa a autónomos, pymes y grandes empresas de toda España y a la que se han sumado diferentes sectores, como hostelería, taxis, comercio o empresas de carácter cultural, entre otros. Su objetivo es presentar una demanda global para resarcir las actividades económicas perjudicadas, explica el sector en un comunicado.
Cabe recordar que el ocio nocturno en la Comunidad Valenciana se cerró en su totalidad el pasado 14 de marzo como consecuencia del estado de alarma. En verano, los establecimientos pudieron reabrir, aunque "con aforos muy reducidos y obligados, además, a invertir en la compra de mobiliario y suministros higiénicos que finalmente no sirvieron para nada", lamentan los empresarios.
A mediados de agosto, la Generalitat aprobó una orden por la que obligaba al sector a cesar su actividad debido al aumento de casos en la autonomía valenciana. Una decisión que se ha mantenido hasta solo hace unas semanas. En concreto, el 10 de diciembre se permitió al ocio nocturno reabrir en horario diurno. Y, durante ese tiempo, denuncian que no han recibido ningún tipo de compensación, pese a que han tenido que mantener los negocios a flote pagando impuestos y alquileres.
"Después de más de nueve meses con los negocios cerrados no se ha recibido ningún plan de ayudas a pesar de haber prohibido trabajar o haber impuesto restricciones desproporcionadas y arbitrarias que han hecho del todo inviables los negocios", recalcan. Aun así, destacan que las empresas dedicadas al ocio nocturno han tenido que seguir pagando impuestos, alquileres y suministros y proveedores, así como cuotas de autónomos y seguridad social, lo que ha supuesto en este sector un incremento exponencial del número de concursos de acreedores en los últimos meses.
Y aquellos que todavía no han llegado al concurso, manifiestan que la situación es límite y su supervivencia pende de un hilo. De hecho, muchos propietarios ya se han visto obligados a colgar el cartel de 'se vende' en sus locales ante la asfixia económica.
Por estos motivos, consideran que la administración ha de compensarles económicamente por el tiempo que han estado cerrados. "Hemos abierto ya el melón en València y estos son los primeros pasos que estamos dando. Esperamos sumar a más perjudicados", señala Izquierdo.
