La empresa pagó más de 20.000 euros a una consultora que ha estado investigada hasta el pasado enero
VALÈNCIA. La empresa pública Divalterra (antigua Imelsa) vuelve a estar en el ojo del huracán de la corrupción. Esta vez no ha sido por la gestión del PP sino todo lo contrario, pues con el consentimiento del expresidente de la Diputación de València Jorge Rodríguez, del PSPV hasta hace pocas horas, se contrató a diez personas afines del PSPV y Compromís mediante un procedimiento que está siendo investigado por malversación de caudales públicos y que le costó el cese al frente del ente provincial a Rodríguez en lo que se conoce como caso Alquería.
Pero por si eso fuera poco descrédito a una empresa, ya de por sí con una imagen que ni el cambio de nombre ha podido sacar del estercolero, ahora la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional incorpora nuevas informaciones que, cuanto menos, son dignas de ser investigadas, o al menos eso es lo que creen los agentes.
Según consta en un informe de la UDEF, desde Divalterra se contrató a una consultora murciana llamada Abogados y Consultores de Administración Pública SL (Acal) para elaborar informes tanto sobre la modificación de los estatutos de la antigua Imelsa por el que cobraron 3.327 euros, como por el servicio de asesoramiento jurídico, dirección letrada y consultoría en materia de Urbanismo y Medio Ambiente a través de un contrato menor de 16.500 euros más IVA.
Estos contratos menores no hubieran levantado sospecha alguna si no fuera porque la susodicha consultora ha estado investigada por un juzgado murciano hasta el pasado mes de enero. Es más, han estado imputados dos de sus abogados, por supuestamente elaborar informes falsos para el Ayuntamiento de Caravaca.
De hecho, un error judicial ha sido el que ha dado al traste con esta investigación pues, según varios medios de comunicación murcianos, la Audiencia Provincial estimó el pasado 19 de enero un recurso presentado por la defensa de los letrados porque el fiscal no solicitó la prórroga del caso en tiempo y forma.
Antes de dicho error por parte del Ministerio Público, el juzgado investigaba si Acal Abogados elaboró informes a medida del anterior Gobierno municipal de Caravaca de la Cruz, del PP, para respaldar la aprobación de un plan que contemplaba la construcción de miles de viviendas, un centro comercial y un campo de golf, entre otras instalaciones, en terrenos protegidos de esta localidad murciana, tal y como informó el Heraldo de Aragón.
La presencia de esta empresa entre los contratistas de Divalterra ha llamado la atención de la UDEF, ya que junto a las facturas y el contrato menor han aportado una noticia que pone en contexto a juez y fiscal, pues en ella se puede leer que presuntamente formaban parte de una empresa corrupta.
Esta información no es baladí, ya que una de las principales líneas de investigación y, por ende, acusación, es la elaboración de informes ad hoc por parte de uno de los imputados, el abogado Jorge Cuerda, quien supuestamente modificó un informe hasta conseguir el encaje jurídico deseado por Jorge Rodríguez y el resto de investigados.
Jorge Rodríguez fue detenido el 27 de junio de 2018, junto a dos asesores y tres altos cargos de la empresa pública Divalterra, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Dos días más tarde el PSOE lo suspendió de militancia y tres días después presentó su renuncia tanto a la presidencia de la Diputación de Valencia como al acta de diputado provincial, pero mantuvo el cargo de alcalde de Ontinyent, a cuya reelección se presenta.
En septiembre fue proclamado candidato del PSPV a la alcaldía, ya que su candidatura fue la única que se presentó. La dirección federal del partido interrumpió el proceso, aunque posteriormente lo pospuso a diciembre y finalmente fue designado para su reelección, al no haber otros candidatos y no haberse levantado el secreto de sumario.
