El cielo aguarda / OPINIÓN
Dos modelos autonómicos antagónicos con un mismo objetivo
Ximo Puig y Juanma Moreno, el pasado jueves en Barcelona. Foto: DAVID ZORRAKINO/EP
24/06/2021 -
La magia de la noche de San Juan se hizo realidad anoche. Unos han conseguido la gracia del gobierno de España, mientras que cinco millones de valencianos seguimos estando perjudicados un año más por la inacción del mismo gobierno.
Tanto Andalucía como la Comunidad Valenciana han afrontado caminos completamente distintos a la hora de aplicar unas políticas de gobierno con el claro objetivo de dejar atrás un modelo de sociedad en el que se primaba la política de amiguetes y del pelotazo, el enchufismo y la corrupción, en detrimento de la búsqueda de soluciones para sus ciudadanos. Los 40 años de gobierno del PSOE en Andalucía y los 20 años del PP en la Comunidad Valenciana son un claro ejemplo de ese bipartidismo que ha estado gobernando en España, y al que los votantes dijeron basta a partir del año 2017, poniendo fin a ese instrumento político creado por las clases dominantes con el único objetivo de garantizar su dominio.
Las políticas liberales de centro derecha, tras el acuerdo del nuevo gobierno que salió de las urnas andaluzas en 2018 formado por el Partido Popular y Ciudadanos, las podemos resumir en 3 ejes fundamentales de actuación como son:
• la regeneración democrática y lucha contra la corrupción
• la reactivación económica con bajada de impuestos, ayudas a los sectores productivos generando empleo, oportunidades y un futuro
• la reorganización de los Servicios Públicos Fundamentales como son Educación, Sanidad y Protección Social.
A estos ejes podríamos destacar como elementos de cambio la reducción del número de consejerías pasando de 13 a 11, con una composición paritaria de las mismas.
Por su parte las políticas progresistas del Botànic I de 2015, revalidadas por un Botànic II en 2019 -con el PSPV, Compromís y Unides Podem- también buscaban en la política valenciana un cambio de rumbo, como el que se dio en Andalucía. Y así, los ejes en los que se sostienen las políticas valencianas son:
• el rescate de las personas
• la regeneración democrática y lucha contra la corrupción
• el gobernar para las personas
• un nuevo modelo productivo
• y por último, una financiación justa y una auditoría ciudadana. - Aunque tengo que decir que tanto la financiación justa como la auditoría ciudadana son objetivos que nacieron fallidos y que no se han llegado a materializar-.
A diferencia de Andalucía, gobernada por el centro liberal, el Consell progresista del Botànic incrementó el número de consellerías con respecto al gobierno de Fabra, pasando de 8 a 10, e incrementándolas hasta 12 tras la entrada de Unides Podem -a desgestionar- en el Botànic 2.
Las políticas que han puesto en marcha tanto Andalucía como la Comunidad Valenciana han dado sus frutos y han supuesto una mejora considerable de la vida de sus ciudadanos, pese a la mala financiación que sufren ambas comunidades autónomas -hay que recordar que las dos están a la cola de una financiación justa- por parte del Sistema de Financiación Autonómico.
Pero si nos detenemos a analizar el estado de las cuentas de una autonomía frente a la otra, veremos cómo la política liberal de bajada de impuestos, tanto en el IRPF como en Patrimonio -o la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones- disminuyendo la presión fiscal de los andaluces llevada a cabo por la coalición PP/Ciudadanos ha hecho incrementar la recaudación. Además, los andaluces han disminuido la deuda que tenían en 2018, que ascendía a 35.439 millones de euros, hasta los 35.098 millones de euros a 31 de marzo de 2021 –un 23,7% de su PIB- obteniendo un superávit en sus cuentas de 206 millones de euros.
En la otra cara de la moneda tenemos las consecuencias que estamos sufriendo los valencianos con la aplicación de políticas progresivas impositivas por parte de los partidos de izquierda que forman el Botànic. Estás políticas no son más que aumentar la presión fiscal a las familias valencianas subiendo todos los impuestos habidos y por haber: IRPF, Patrimonio, impuesto de la muerte, y un largo etcétera. Y todo ello con resultados completamente distintos a los conseguidos por Andalucía y que se traducen en una deuda asfixiante de 51.117 millones de euros, rozando el 50% del PIB y con unos déficits en las cuentas valencianas que año tras año no bajan de los 1.000 millones de euros. Cada valenciano debe 10.150 euros por la gestión de sus gobernantes, frente a los 4.138 euros que debe un andaluz. Algo no se está haciendo bien.
Dos gobiernos de coalición -por un lado, el Botànic con sus 3 partidos que lo conforman y por otro el andaluz conjugando acertadamente las políticas del PP con el liberalismo de Ciudadanos- demuestran claramente que el bipartidismo no puede volver a gobernar libremente y que se hace más que nunca necesario esa balanza de fuerzas dentro de un mismo gobierno para evitar esos errores y abusos del pasado.
Como también es necesario el frente común de las autonomías para reclamar al Gobierno de España una financiación justa, ya no solo para Andalucía y para la Comunitat Valenciana, sino para todos los ciudadanos de esta España que algunos quieren cargarse y que tanto ha costado construir.
Un frente común de dos comunidades autónomas -que representan casi el 30% de la población total de España- que tendrá lugar el próximo septiembre para presionar al Gobierno de Sánchez y buscar una solución definitiva a la injusta financiación actual que garantice la igualdad y la suficiencia financiera. Un frente común de dos autonomías con dos modelos políticos diferentes, formado por 6 partidos políticos con representación en las Cortes Generales, y que se unen para conseguir un mismo objetivo en el que, además, la parte técnica de la solución que se supone la más complicada, ya está finalizada.
Si en un mes Sánchez ha formalizado los indultos que pueden romper España ¿Por qué no puede presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en 3 meses, desde que se reúnan Puig y Moreno, que imponga la igualdad entre territorios y ciudadanos en toda España?
La magia de la noche de San Juan se hizo realidad anoche. Unos han conseguido la gracia del Gobierno de España, mientras que cinco millones de valencianos seguimos estando perjudicados un año más por la inacción del mismo Gobierno.
Tanto Andalucía como la Comunidad Valenciana han afrontado caminos completamente distintos a la hora de aplicar unas políticas de gobierno con el claro objetivo de dejar atrás un modelo de sociedad en el que se primaba la política de amiguetes y del pelotazo, el enchufismo y la corrupción, en detrimento de la búsqueda de soluciones para sus ciudadanos. Los 40 años de Gobierno del PSOE en Andalucía y los 20 años del PP en la Comunidad Valenciana son un claro ejemplo de ese bipartidismo que ha estado gobernando en España, y al que los votantes dijeron basta a partir del año 2017, poniendo fin a ese instrumento político creado por las clases dominantes con el único objetivo de garantizar su dominio.
Las políticas liberales de centro derecha, tras el acuerdo del nuevo Gobierno que salió de las urnas andaluzas en 2018 formado por el Partido Popular y Ciudadanos, las podemos resumir en 3 ejes fundamentales de actuación como son:
• la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción
• la reactivación económica con bajada de impuestos, ayudas a los sectores productivos generando empleo, oportunidades y un futuro
• la reorganización de los Servicios Públicos Fundamentales como son Educación, Sanidad y Protección Social.
A estos ejes podríamos sumar, como elementos de cambio, la reducción del número de consejerías pasando de 13 a 11, con una composición paritaria de las mismas.
Por su parte, las políticas progresistas del Botànic I de 2015, revalidadas por un Botànic II en 2019 -con el PSPV, Compromís y Unides Podem- también buscaban en la política valenciana un cambio de rumbo, como el que se dio en Andalucía. Y así, los ejes en los que se sostienen las políticas valencianas son:
• el rescate de las personas
• la regeneración democrática y lucha contra la corrupción
• el gobernar para las personas
• un nuevo modelo productivo
• y, por último, una financiación justa y una auditoría ciudadana, aunque tengo que decir que tanto la financiación justa como la auditoría ciudadana son objetivos que nacieron fallidos y que no se han llegado a materializar.
A diferencia de Andalucía, gobernada por el centro liberal, el Consell progresista del Botànic incrementó el número de consellerias con respecto al Gobierno de Fabra, pasando de 8 a 10, e incrementándolas hasta 12 tras la entrada de Unides Podem -a desgestionar- en el Botànic 2.
Las políticas que han puesto en marcha tanto Andalucía como la Comunidad Valenciana han dado sus frutos y han supuesto una mejora considerable de la vida de sus ciudadanos, pese a la mala financiación que sufren ambas comunidades autónomas -hay que recordar que las dos están a la cola de una financiación justa- por parte del Sistema de Financiación Autonómico.
Pero si nos detenemos a analizar el estado de las cuentas de una autonomía frente a la otra, veremos cómo la política liberal de bajada de impuestos, tanto en el IRPF como en Patrimonio -o la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones- disminuyendo la presión fiscal de los andaluces llevada a cabo por la coalición PP/Ciudadanos ha hecho incrementar la recaudación. Además, los andaluces han disminuido la deuda que tenían en 2018, que ascendía a 35.439 millones de euros, hasta los 35.098 millones de euros a 31 de marzo de 2021 –un 23,7% de su PIB- obteniendo un superávit en sus cuentas de 206 millones de euros.
En la otra cara de la moneda tenemos las consecuencias que estamos sufriendo los valencianos con la aplicación de políticas progresivas impositivas por parte de los partidos de izquierda que forman el Botànic. Estás políticas no son más que aumentar la presión fiscal a las familias valencianas subiendo todos los impuestos habidos y por haber: IRPF, Patrimonio, impuesto de la muerte, y un largo etcétera. Y todo ello con resultados completamente distintos a los conseguidos por Andalucía y que se traducen en una deuda asfixiante de 51.117 millones de euros, rozando el 50% del PIB y con unos déficits en las cuentas valencianas que año tras año no bajan de los 1.000 millones de euros. Cada valenciano debe 10.150 euros por la gestión de sus gobernantes, frente a los 4.138 euros que debe un andaluz. Algo no se está haciendo bien.
Dos gobiernos de coalición -por un lado, el Botànic con sus 3 partidos que lo conforman y por otro el andaluz conjugando acertadamente las políticas del PP con el liberalismo de Ciudadanos- demuestran claramente que el bipartidismo no puede volver a gobernar libremente y que se hace más que nunca necesario esa balanza de fuerzas dentro de un mismo gobierno para evitar esos errores y abusos del pasado.
Como también es necesario el frente común de las autonomías para reclamar al Gobierno de España una financiación justa, ya no solo para Andalucía y para la Comunitat Valenciana, sino para todos los ciudadanos de esta España que algunos quieren cargarse y que tanto ha costado construir.
Un frente común de dos comunidades autónomas -que representan casi el 30% de la población total de España- que tendrá lugar el próximo septiembre para presionar al Gobierno de Sánchez y buscar una solución definitiva a la injusta financiación actual que garantice la igualdad y la suficiencia financiera. Un frente común de dos autonomías con dos modelos políticos diferentes, formado por 6 partidos políticos con representación en las Cortes Generales, y que se unen para conseguir un mismo objetivo en el que, además, la parte técnica de la solución que se supone la más complicada, ya está finalizada.
Si en un mes Sánchez ha formalizado los indultos que pueden romper España ¿Por qué no puede presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en 3 meses, desde que se reúnan Puig y Moreno, que imponga la igualdad real entre territorios y ciudadanos en toda España?
