El Banco Santander, CaixaBank y Bankia recibirán 1.350 millones del Estado por Castor

MADRID (EFE). El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho del Banco Santander, CaixaBank y Bankia a ser indemnizados con 1.350 millones de euros, cuantía que las tres entidades desembolsaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor, ubicado frente a la costa de Vinaròs, y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años.

En su sentencia, conocida este jueves, el alto tribunal estima parcialmente el recurso de los tres bancos, que en abril de 2018 presentaron ante el Ejecutivo una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que le instaban, sin éxito, a la devolución del dinero aportado. Las entidades decidieron presentar la reclamación al Gobierno después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, propiedad de Florentino Pérez, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas; a continuación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó de reembolsar lo financiado por Santander, CaixaBank y Bankia

Según explican los magistrados, esos 1.350 millones se repartirán de la siguiente forma: el 50,9 %, para el Banco Santander; el 34 %, para CaixaBank; y el 15 %, para Bankia. 

Recurso de los bancos

Los bancos recordaban en su recurso que la declaración de inconstitucionalidad del real decreto les había supuesto "no sólo que sean desatendidos los pagos correspondientes desde la publicación de la sentencia, sino que se han visto obligados a la devolución de las cantidades que ya habían percibido".

A sus argumentos se opuso la Abogacía del Estado, que defendió ante la sala que "no se dan los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado" y pidió que se desestimara la demanda.

A su parecer, los bancos no deberían haber actuado contra la Administración, sino que antes tendrían que haber solicitado ser resarcidos por Enagás, como administradora de las instalaciones que les trasmitió el derecho de cobro a cargo del sistema gasista por un plazo de 30 años.

Del mismo modo, insistía en que tanto Santander, como CaixaBank y Bankia suscribieron "voluntariamente" el contrato.

 Un daño 'indudable'

Ahora la sala de lo Contencioso-Administrativo cree que "es indudable que se ha generado el daño", no sólo porque las tres entidades no pudieron hacer efectivo su derecho a cobro, sino porque además tuvieron que devolver las cantidades recibidas con anterioridad al fallo del Constitucional.

Sobre el real decreto, asegura que recogía un "pacto a tres bandas entre el Estado, con competencia para regular el sistema gasista; Escal, como concesionaria originaria cuya renuncia generaba un derecho de resarcimiento por la inversión realizada; y Enagás, que acepta ser administrador de las instalaciones (...) y asume la importante obligación de pagar a Escal la indemnización fijada".

Por tanto, ninguna de las partes "podía poner reparos a la norma", ya que Escal "se resarcía de los daños y perjuicios, de elevada cuantía y a plena satisfacción", mientras que Enagás "si bien se le obligaba a pagar la indemnización, adquiría un derecho de cobro ciertamente garantizado por el sistema gasista".

No obstante, en el momento en el que se pronunció el Constitucional, los bancos eran ya "los legítimos titulares del derecho de cobro", razón por la que el Supremo los considera como perjudicados.

La sentencia añade que el mismo día que Enagás adquirió su condición de administradora, Santander, CaixaBank y Bankia hicieron "ese importante pago", pasando a formar parte del "pacto" al que había llegado la Administración, tras abonar "las instalaciones que pasaban a titularidad pública y en plazo más que perentorio".

De ahí que los magistrados concedan la responsabilidad patrimonial del Estado, pues "otra alternativa sería aceptar la perniciosa posibilidad" de generar una "zona de inmunidad" para los poderes públicos.


La decisión de hibernar el almacén Castor se tomó en 2014, después de los seísmos registrados en la zona en septiembre de 2013. En 2017, el Gobierno, entonces del PP, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos tras recibir un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard.