CASTELLÓ (EFE). El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el anuncio de la Subdelegación del Gobierno de Castellón por el que se somete a información pública la documentación en referencia a la autorización administrativa para los trabajos de sellado y abandono definitivo de los pozos del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, así como el estudio de impacto ambiental asociado.
El objetivo del proyecto es el sellado y abandono definitivo de los 13 pozos de almacenamiento subterráneo de gas natural localizados en el mar Mediterráneo, a 21,6 km de Vinaròs, en un área con una lámina de agua de 60 metros de profundidad. La ejecución del programa de abandono de los pozos tendrá una duración que se estima entre los 6 y 8 meses y constará de tres fases, según detalla el anuncio publicado en el BOE.
La primera de ellas es la aproximación y posicionamiento de la unidad de operación (Jackup Modu), a la que seguirá la ejecución de operaciones de sellado y abandono definitivo de los pozos, con la retirada de tapones superiores, operaciones de limpieza y asentamiento de tapones mecánicos y la cimentación y recuperación de las tuberías de pozo y revestimiento. La tercera fase constará de la retirada y desmovilización de la unidad de operación y restauración del fondo marino, según la publicación del BOE.
Además, este proyecto está sometido a la Evaluación de Impacto ambiental Ordinaria, con el objetivo de obtener la Declaración de Impacto Ambiental, como se regula en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trataba de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar para suministrar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días, pero la inyección de gas provocó numerosos terremotos en la zona, limítrofe entre la Comunitat Valenciana y Cataluña.
La decisión de hibernar el almacén Castor se tomó en 2014 después de los 500 seísmos registrados en la zona en septiembre de 2013. En 2017, el Gobierno, entonces del PP, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos tras recibir un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard.