VALÈNCIA. El pleno del Consell tiene previsto aprobar este viernes la compra de 624 ordenadores portátiles y otros elementos informáticos para fomentar el teletrabajo "entre jueces y magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana que actualmente no disponen de este servicio".
Una adjudicación a Telefónica por un importe total de 972.052 euros, susceptible de ser financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), y que la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler -quien firma la resolución de adjudicación y la propuesta de acuerdo del Consell- justifica con la orden del Ministerio de Justicia del 8 de mayo de 2020 que establece que ante "nuevas situaciones de aislamiento preventivo que puedan surgir" el teletrabajo posibilitaría "la continuidad de la actividad laboral".
Con estos mimbres, conviene recordar que cuando estalló la crisis sanitaria de la covid-19, el funcionamiento de la Administración de Justicia se redujo a la estricta atención de los servicios esenciales. Un escenario que obligó al propio Ministerio del ramo que dirige Juan Carlos Campos a tomar una serie de medidas de seguridad laboral, tal y como quedaba recogido en la orden del 8 de mayo emitida por su cartera, entre las que gozaba "de primordial importancia el deber de teletrabajar" cuando no existiera la posibilidad de realizar turnos.
Ahora bien, esta compra de suministro resulta llamativa por una circunstancia concreta: aunque el documento que estudiará el pleno del Consell lleve el sello de Conselleria de Hacienda que dirige Soler, en realidad la propuesta inicial parte de la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia. Un área que depende de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, quien en las últimas semanas mantuvo un enfrentamiento sonado con las consellerias que no cumplieron a rajatabla la orden de volver al trabajo presencial al 100% y optaron por mantener un porcentaje de teletrabajo en sus departamentos, especialmente con las consellerias de Economía y Agricultura.
Sin embargo, ahora, ante la posibilidad de que vuelva a repetirse un confinamiento como el que se produjo de marzo a mayo o junio, Justicia también se une al fomento del teletrabajo.