Ximo Puig y Mónica Oltra, en las Cortes Valencianas. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Las reacciones por parte de la Generalitat y de Compromís tras conocer este viernes que el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, irá a juicio por un posible delito de falsedad en documento público oficial en relación con las ayudas a empresas del hermano de Ximo Puig fueron excepcionalmente similares. Y todas ellas dirigidas a cerrar filas y a defender que no dimita.
"No puede ser que una denuncia política, partidista e infundada aparte a una persona honesta de un cargo de responsabilidad", lamentaban coordinadamente fuentes oficiales del Consell sin diferenciar entre partidos. Incidían también en que Trenzano no estaba "acusado de corrupción, ni por haber hurtado dinero, ni por haber financiado nada ilegalmente, ni por haber hecho ningún trato de favor".
"El asunto no afecta a ningún euro de dinero público". "La apertura de juicio oral es únicamente por firmar una carta elaborada por un funcionario de la Dirección General como contestación a una diputada del Partido Popular", señalaban, pese a los argumentos jurídicos que la Audiencia Nacional exponía en su auto.
El Bloc aprovechaba para ser más contundente en un comunicado oficial. "No hay ningún indicio suficiente de culpabilidad, ni tan solo en el hecho de la inexactitud en la respuesta que ha sido avalada por los técnicos de la administración. No hay motivo para tomar ninguna determinación al respecto. El posicionamiento firme es que, de ninguna manera, una persona asumirá ninguna consecuencia política por la respuesta a una carta", afirmó el partido mayoritario dentro de Compromís.
Hasta el momento, ningún cargo de la Generalitat ha dejado entrever que se vaya a forzar su marcha pese a la apertura de juicio oral tal como pide la oposición. De hecho, el conseller de Educación, Vicent Marzà, en una de sus últimas comparecencias preguntando al respecto, únicamente se limitó a responder que confiaba en que "se archivara la causa", destacando especialmente que Fiscalía no acusaba pero sin mencionar el criterio del juez -ratificado ahora por la Audiencia de Valencia-.
El código ético del Bloc establece que los cargos políticos renunciarán "en caso de ser condenados por delitos relacionados con corrupción" o cuando, a petición de la Ejecutiva, existan "indicios de culpabilidad suficientes que causen un perjuicio grave a la imagen pública o a la acción política del Bloc por actuaciones que vayan en contra de los principios éticos" determinados por la formación.
Pero los indicios de delito hallados por el juez resultan inexistentes para el partido, que se muestra absolutamente proclive a que Trenzano continúe en su puesto.
Y no sólo Compromís, sino, al parecer, el PSPV. A diferencia de otras situaciones como la de Pere Fuset -quien dimitió como concejal de Fiestas tras ser procesado por el accidente mortal ocurrido en Viveros-, esta causa toca de lleno al presidente de la Generalitat. Motivo suficiente como para, en principio y a no ser que la situación se tornara insostenible, no dejarlo caer.
