VALÈNCIA. El Gobierno valenciano alumbrado con el Pacto del Botànic II que firmaron PSPV, Compromís y Unides Podem tiene ante sí el primer gran reto de la legislatura: la elaboración del Presupuesto de 2020. Unas cuentas que incluso se ha estudiado prorrogar -todavía no se ha descartado oficialmente- y que implican un test de estrés a las relaciones dentro del Gobierno valenciano.
Más aún cuando, según indica la Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, el proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat debe remitirse a Les Corts "antes del 1 de noviembre de cada año, para su examen y aprobación o, en su caso, enmienda o devolución al Consell".
Un periodo especialmente incómodo para los partidos de gobierno puesto que la entrega de las cuentas tendría lugar a las puertas de la campaña electoral de los comicios estatales del 10 de noviembre. Esto, unido a la más que probable presentación de unos presupuestos que serán, a priori, mucho menos expansivos que los del pasado ejercicio (que ascendieron un 9,9%), sitúa en una encrucijada al Botànic II, que tendría la misión de defender unas partidas a la baja en plena campaña electoral.
Es por ello que, dentro del PSPV, crece en las últimas horas la corriente que apuesta por retrasar unos días la presentación de los presupuestos hasta que pasen las elecciones generales del 10N. Una maniobra para la que tendrían que convencer a sus socios que conllevaría incumplir los plazos que marca la ley y que en la formación socialista estudian cómo sortear.
Sobre esto, dirigentes del PSPV defienden que la remisión de los presupuestos a Les Corts Valencianes conlleva la inmediata comparecencia de los consellers para explicar los fondos de sus respectivos departamentos. Un proceso que, históricamente, suele celebrarse en los primeros diez de días de noviembre si bien el calendario, según expone el reglamento de la Cámara, es fijado desde la Mesa de Les Corts por lo que podría flexibilizarse.
Otras razones que se esgrimen en el partido del puño y la rosa son los contratiempos con el Gobierno central en las últimas semanas para la llegada del extraFLA primero y para las entregas a cuenta que, según apuntó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este lunes en València, se harán efectivas en plena campaña electoral. Unas circunstancias que no influyen directamente en la elaboración de las cuentas, pero que algunos suman al desconocimiento del techo de gasto -el Gobierno no facilitado el dato aunque se puede calcular- y las entregas a cuenta de 2020 para concluir que sería beneficioso disponer de algo más de tiempo para el diseño y la negociación presupuestaria dentro del Botànic II.
Bien es cierto, tal y como apuntan desde el PSPV, que este retraso de unos días o apenas unas semanas no tendría una repercusión esencial en las cuentas ni en la gestión del Consell, puesto que posteriormente podría pisarse el acelerador para cumplir con el calendario parlamentario y sacar los presupuestos antes del 1 de enero como es habitual o, en el peor de los casos, que vieran la luz en enero con lo que tan solo se habría producido una 'miniprórroga' de quizá un par de semanas.
Sin embargo, resulta difícil esconder que una maniobra de estas características implicaría incumplir la ley por una cuestión que, al margen de las diversas razones que se manejan, posee unos claros tintes de estrategia electoral. Después de la polémica surgida por los ajustes -o retenciones de crédito- de los Presupuestos de la Generalitat de 2019, presentar unas cuentas descendentes en plena campaña es regalarle munición de alto calibre a la oposición, que a buen seguro basará su discurso en torno a la palabra "recortes".