Enric Morera recibe el informe de manos del Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella. Foto: SCVALÈNCIA (VP/EP). La Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana constató este lunes lo que viene siendo una evidencia desde hace dos años, cuando el Consell de Ximo Puig aprobó el Presupuesto de 2017: el Ejecutivo valenciano cerró su etapa de contención del gasto, que duró un ejercicio puesto que el presupuesto de 2015 lo aprobó el PP, y sin esperar que se solucionase su problema de infrafinanciación por parte del Estado incrementó el gasto muy por encima de los ingresos previstos y disfrazados con partidas ficticias denominadas "reivindicativas".
El fuerte aumento de los ingresos en 2017 permitió, a pesar de todo, contener el déficit, pero el año pasado ya no fue posible. El informe sobre la Cuenta General de la Generalitat de 2018, entregado en Les Corts por el Síndic Major, Vicent Cucarella, llama la atención sobre el aumento del déficit -un 7,7%- después de tres años de reducción, y pinta un panorama no muy halagüeño de cara al año que ahora termina y los siguientes mientras no se reforme el modelo de financiación autonómica.
De hecho subraya una situación que pasa inadvertida año tras año, salvo en su informe, nada baladí, como es el desfase en los gastos de final de año: la Generalitat se queda sin dinero en el último trimestre pero tiene que seguir gastando, de manera que deja cientos de millones de euros "pendientes de aplicar a presupuesto", es decir, gastados pero contabilizados al año siguiente, de manera que comienza cada año arrastrando una mochila que le obliga a repetir la jugada a final del ejercicio. Esto es especialmente acusado en Sanidad, donde las "obligaciones no reconocidas" al final de 2018 ascendieron a 733 millones de euros, entre ellas 133 millones de nóminas de noviembre y diciembre.
Un año más, la Sindicatura calculó el gasto real de la Generalitat, descontando lo que se arrastraba de 2017 y contando lo que se dejó para 2019. Así, el "gasto real estimado" fue algo menor del contabilizado, ya que ascendió a 15.407 millones de euros. Dado que los derechos reconocidos fueron de 13.372 millones, el resultado presupuestario real fue negativo en más de 2.000 millones, rompiendo la tendencia a la baja de los tres últimos años.
La Generalitat incumplió la regla de gasto al superar el 2,4% de variación máxima permitida y también el objetivo de déficit, que fue del 1,4% del PIB regional, superior al 0,4% establecido por el Consejo de Ministros. Solo cumplió con el límite de deuda pública, que aumentó hasta 47.083 millones de euros pero disminuyó en relación al PIB regional gracias al crecimiento de la economía.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, se justificó, tras hacerse público el informe, en que la política del Consell ha sido igualar el gasto de la Generalitat con el de la media del resto de CCAA a pesar de no tener la misma financiación. Según afirmó, la Generalitat "está comprometida en asegurar que los niveles de prestación de servicios en la Comunitat Valenciana no sean diferentes, de forma relevante, del resto de comunidades, ya que servicios públicos como la educación, la sanidad o la dependencia, no solo están reconocidos y protegidos por la Constitución, sino que representan obligaciones irrenunciables para cualquier gobierno que quiera considerarse social y democrático". La oposición rechazó esos argumentos y criticó lo que considera una "nefasta gestión económica" del Consell.
También Cucarella, en su comparecencia en Les Corts, se refirió a este aumento de gasto, aunque evitó valorarlo: "Hasta ahora la Generalitat había sido muy moderada en el gasto, que había sido per capita inferior a otras comunidades autónomas pero ahora ya estamos en la media", ha expuesto.
El informe destaca, asimismo, el "importante desequilibrio" de la situación patrimonial de la Generalitat a finales del pasado año, con unos fondos propios negativos por 30.097 millones de euros, así como que la deuda financiera ha subido hasta los 46.782,6 millones. No obstante, precisa que el endeudamiento en porcentaje del PIB se ha reducido por segundo año consecutivo. Además, recoge que en 2018 se han tramitado 384 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto por un importe conjunto de 1.422 millones de euros.
La Sindicatura recomienda que la Generalitat incluya en sus presupuestos iniciales de transferencias que debe recibir del Estado, a partir del sistema de financiación autonómico, "únicamente las previsiones de ingresos que de manera razonable espera obtener, teniendo en cuenta que la determinación de estas se encuentra reglada en el marco normativo de aplicación".
En este punto, preguntado por los 1.325 millones contemplados en los presupuestos incluidos de manera reivindicativa por la infrafinanciación de la Comunitat, Vicent Cucarella compartió la idea de que "son reivindicativos" pero insistió en la necesidad de presupuestar "de manera realista", como ya hizo el año pasado.
"Sabemos cuál es la causa que hay detrás de este tema, una falta de financiación autonómica que ponemos en valor en el informe, pero lo que tenemos que procurar es que se respete presupuestar" de manera "realista", planteó al respecto. De esta forma, aseveró que "mientras no haya realmente una previsión de que va a entrar una partida adicional", no se puede "aceptar que aparezca" una "partida que es ficticia".
Respecto a la infrafinanciación autonómica, la Sindicatura de Comptes resalta en su informe que "hace tiempo" que alerta de "las consecuencias negativas" que para la Comunitat tiene contar con "ingresos menores" y señala que eso supone "una serie de deficiencias que impactan de forma muy significativa en las financias" de este territorio.
En esta línea, sostiene que hay "falta de equidad vertical", dado que se da "una distribución inadecuada de recursos financieros entre los diferentes niveles de la administración pública de la que resultan damnificadas las autonomías", a la que su suma "falta de equidad horizontal" que hace que la Comunitat presente "una balanza fiscal negativa -a pesar de tener un PIB per cápita inferior a la media-". Añade que esto "explica en gran manera su enorme deuda pública acumulada".
Asimismo, el informe plantea que la acumulación de déficits en la liquidación del presupuesto de la Generalitat ha provocado que la Comunitat Valenciana sea la autonomía con "mayor ratio de deuda pública respecto a su PIB". A este respecto, apunta que "la elevada deuda pública condicionará negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, a no ser que se tomen medidas de resarcimiento de la infrafinanciación autonómica padecida durante los últimos años".
En cuanto a las excepciones en la auditoría financiera de las cuentas, Cucarella subrayó que hay 38 liquidaciones anuales del modelo de concesión hospitalaria que están pendientes de aprobación porque "no están acabadas de elaborar o se han quedado sin aprobarse", así como obligaciones derivadas del Plan de Vivienda que "todavía no está claro completamente cuáles son las contraídas". En el primero de los casos, no es posible, por tanto, determinar los efectos que tendría el adecuado reflejo contable sobre la cuenta de la administración.
Igualmente, la Sindicatura de Comptes indica en su informe que no se ajustan a la ley el acuerdo transaccional suscrito con Ribera Salud, antigua concesionaria del Departamento de Salud de la Ribera, por lo cual se revisan las liquidaciones de 2013 a 2015, ni los dos acuerdos transaccionales suscritos con la Fundación IVO.
