VALÈNCIA (EP). La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre siete querellas y denuncias interpuestas durante el estado de alarma contra políticos valencianos y responsables de la Administración por la gestión que han realizado de la covid-19.
La resolución, con fecha de este martes y a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha dictado un día después de hacerse público que la Fiscalía General ha pedido al Tribunal Supremo que no admita a trámite más de 20 querellas interpuestas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis sanitaria, al no ver delito en las actuaciones.
En las diligencias de València, el TSJCV reclama al ministerio público que emita un informe a efectos de lo que establece el artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla que se desestimará la querella cuando los hechos en que se funde no constituyan delito o cuando no se considere competente para instruir el sumario objeto de la misma. El tribunal reclama a Fiscalía que indique, en su caso, lo que estime procedente respecto a la posible acumulación de causas.
Se refiere a siete procesos: cuatro querellas y tres denuncias interpuestas por diversos letrados, el Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Los escritos se dirigen, en su mayoría, contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló; el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; y el alcalde de València, Joan Ribó.
Así mismo, las querellas citan a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero; el que fuera subdelegado del Gobierno en Valencia al inicio de la crisis, José Roberto González; el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, David Fernández; la directora general de Asistencia Sanitaria, Amparo García; la directora general de Salud Pública y Adicciones, Ofelia Gimeno; la directora de Recursos Humanos de la Conselleria, Carmen López; la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro; y el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana.
En la denuncia de CSIF contra Barceló se le acusaba de presuntos delitos de prevaricación por omisión y homicidio imprudente, entre otros delitos, al no dotar de material de protección a sus trabajadores.
Explicaba en su escrito que a pesar de las recomendaciones de la OMS, de la declaración de emergencia sanitaria internacional, de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad al respecto y de los escritos presentados por CSIF, la Conselleria incurrió en una "evidente inactividad", lo que causó la desprotección de sus trabajadores al no dotarles del material necesario para hacer frente a la pandemia.
Por su parte, CESM-CV interpuso la querella contra Barceló y otros altos cargos de la Conselleria por haber incumplido su obligación de dotar de material sanitario adecuado a los médicos y sanitarios durante la gestión de la pandemia. Se presentó por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores e infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En esta línea, el Colegio de Enfermeros de Castellón denunció a la consellera por "insuficiencia" de equipos de protección individual para los profesionales.
