El aplazamiento de impuestos deja fuera a 20.000 pymes y microempresas de la Comunitat

VALÈNCIA. La decisión del Gobierno de aplazar del 20 de abril al 20 de mayo la presentación y pagos de declaraciones trimestrales de impuestos (IVA, IRPF y fraccionamientos de Sociedades) a autónomos y empresas que facturen menos de 600.000 euros anuales beneficiará, según cálculos del propio Ejecutivo, a 3,4 millones de autónomos en toda España y a algo más de 373.000 en la Comunitat.

Sin embargo, el real decreto que regula la medida aprobada por el Consejo de Ministros con un impacto global previsto de 3.558 millones en la liquidez de los beneficiarios deja fuera a miles de pymes e incluso microempresas que rebasan ese umbral de ventas.

Según explica el presidente de la CEV, Salvador Navarro, a Valencia Plaza, sus primeros cálculos sitúan en alrededor de 20.000 las pymes y micropymes valencianas que no podrán beneficiarse del respiro que pretende dar el Ejecutivo a las empresas para paliar el impacto de la crisis del coronavirus y la declaración del estado de alarma, que ha obligado a cerrar a muchas de ellas.

En concreto, la inminente obligación de presentar la declaración trimestral en los plazos habituales se mantiene para todas las empresas que, pese a tener la consideración de micropyme por no llegar a 2 millones de euros de facturación anual, sí superan los 600.000 que ha fijado el Gobierno.

A ellas se suman, además, el universo de pequeñas empresas que facturan entre 2 y 6 millones de euros cada año, las cuales sí tendrán que presentar sus declaraciones trimestrales dentro de los plazos establecidos del 20 de abril o del 30 de abril si están inscritos en el Registro de devolución mensual o forman parte de un grupo empresarial. 

El malestar de buena parte de estas empresas se acrecentó también por la propia confusión terminológica inducida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que anunció que ese "compromiso con pymes y autónomos" beneficiará a 3,4 millones de contribuyentes, que representan el 95% de empresas y autónomos.

El plazo para las domiciliaciones vence este miércoles

Así, para las empresas y autónomos que facturen hasta 600.000 euros el plazo máximo de presentación de las declaraciones de este trimestre se pasa al 20 de mayo de este año, frente al 20 de abril previsto inicialmente, y el plazo para las domiciliaciones será hasta el 15 de mayo, cuando hasta ahora estaba previsto que el plazo venciese este mismo miércoles 15 de abril.

Finalmente, este martes no se aprobó que los autónomos puedan renunciar al sistema de módulos y tributen por el de estimación directa, medida que se llevará a un próximo Consejo de Ministros.

El plazo de para la declaración del IVA empezó el pasado 1 de abril y acababa el próximo 20 de abril, al igual que el de IRPF y Sociedades, aunque el plazo para la domiciliación vencía este miércoles, 15 de abril, por lo que el Gobierno da un margen de un mes para la presentación, pago y domiciliación de los impuestos.

Montero recordó que las nuevas medidas de prolongación de los plazos se suman a la moratoria de seis meses, los tres primeros sin intereses, aprobada a mediados de marzo para el aplazamiento de hasta 30.000 euros en impuestos de autónomos y pymes con una facturación de hasta 6 millones de euros.

Según Montero, el 99,8% de autónomos y el 94% de pymes se encuentran en esta situación y la "inmensa mayoría" pueden optar por aplazar toda la deuda tributaria sin pagar intereses los tres primeros meses.

A esto se suma la moratoria de las cuotas a la Seguridad Social, también de seis meses, aprobada a finales de marzo para empresas y autónomos, ha resaltado Montero.

Para el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, el impacto económico de esta última medida del Gobierno será "relativo", sobre todo porque el aplazamiento tampoco afecta a las obligaciones tributarias de las grandes empresas, cuyos plazos finalizan entre los días 20 para los pagos fraccionados o impuestos como los que recaen sobre las primas de seguros, los especiales de fabricación, la electricidad, el carbón u otros medioambientales y el 30 de abril para el IVA.

Su secretario general, José María Mollinedo, opinó que la medida es "positiva", pero confió en que en los los próximos Consejos de Ministros "sea complementada con la posibilidad de renunciar al sistema de módulos para tributar por el de estimación directa simplificada y otras modificaciones en el Impuesto de Sociedades, cuya recaudación está un 47% por debajo de 2007, particularmente para evitar la elusión de las conglomerados empresariales y multinacionales".

A su juicio, las "armas fiscales" resultarán determinantes para luchar contra los efectos económicos que la crisis del coronavirus tendrá en el tejido social y empresarial.