El cambio en la ley del suelo para agilizar plantas solares surte el efecto contrario y bloquea el sector

ALICANTE. La Comunitat Valenciana comenzó a apostar por las energías renovables a gran escala, y no solo para autoconsumo, en 2018. Con una década de retraso respecto a otras regiones, dentro del marco general español lastrado además por el derogado 'impuesto al sol', la Generalitat quiso favorecer la agilización de las instalaciones fotovoltaicas con un cambio en la ley del suelo, en 2019, para que las pequeñas instalaciones (de menos de 5 MWp) pudiesen salir adelante en menos de un año, en lugar de tardar entre dos y tres como sucedía anteriormente. Un cambio en la Ley del Suelo que aligeraba la burocracia necesaria.

En virtud de este cambio, introducido hace dos años, las pequeñas instalaciones ya no necesitaban la Declaración de Interés Comunitario (DIC), de forma que la única administración competente para aprobarlas era cada ayuntamiento. Que, eso sí, tenía que solicitar un informe a Agricultura, que además se concedía por silencio positivo en tres meses. El cambio animó a muchos pequeños inversores a poner en marcha distintos proyectos en los dos últimos años. Pero, de repente, en 2020 se ha producido de nuevo un tapón. ¿El motivo? Un nuevo cambio en la Ley del Suelo para que la agilización no se aplique solo a las pequeñas instalaciones, sino también a las grandes.

El problema que se ha generado con  el nuevo cambio es que, en lugar de un informe por silencio positivo, se requieren cuatro de otras tantas consellerias. Las plantas fotovoltaicas de menos de 50 MW están exentas también de la DIC (a partir de esa potencia, la competencia pasa al Ministerio, por lo que muchos proyectos se plantean con 49,99 MWp), a cambio de los citados cuatro informes. Unos informes que los funcionarios habituados a tramitar DIC no saben muy bien cómo elaborar, y que ha provocado que desde que comenzó 2020 y el cambio entró en vigor, no se haya aprobado ni un proyecto fotovoltaico de un pequeño productor.

"El primer cambio se hizo para agilizar las pequeñas instalaciones, y funcionó muy bien, pero en enero de 2020 se introdujo un segundo cambio para contentar a los grandes inversores, y el resultado es que se ha bloqueado el sector", lamenta un pequeño empresario del sector de las renovables consultado por este medio. La asociación valenciana de productores de energía, Avaesen, se reunió la semana pasada con la directora general de Industria, Empar Martínez, para trasladarle sus quejas y hacer notar que el cambio legislativo ha sido contraproducente, según fuentes conocedoras del contenido del encuentro.

'Bloqueo' a las subestaciones

A la avalancha de informes, que tal como critican los productores ha surtido el efecto contrario al que se buscaba, cabe añadir otra complicación. Los grandes fondos que se han fijado en la Comunitat Valenciana como emplazamiento para sus proyectos (es la única región Zona 5, junto con Murcia, por la cantidad de radiación solar anual que recibe) tienen una capacidad financiera que les permite 'bloquear' las subestaciones, de forma que cuando un pequeño proyecto supera los trámites y puede comenzar a construirse, no tiene dónde volcar su energía.

Según explican fuentes del sector, estos fondos negocian directamente con Red Eléctrica Española (REE) en lugar de con los distribuidores, y depositan el aval correspondiente a la cantidad de energía disponible en una subestación eléctrica concreta. "Con un aval de 40 millones se 'reservan' 1.000 MW", explican las citadas fuentes, "de forma que cuando llegamos nosotros ya no hay potencia disponible en el punto de entronque", lamentan. Estos fondos pueden realizar la reserva antes incluso de comenzar a tramitar sus proyectos, y la dilación no supone un problema dada su capacidad, algo fuera del alcance de un pequeño productor que, si no cumple los plazos, suele perder la inversión.

"Los pequeños promotores llegamos con los avales comprometidos y el suelo señalizado, y cuando llegamos al distribuidor nos dicen que la subestación no admite más potencia; no porque ya la estén volcando, sino porque está 'reservada' por uno de esos fondos". Es lo que acaba de suceder en la subestación de Orihuela, donde quedaban disponibles 90 MW y ya están bloqueados por un fondo. "O nos dicen que no, o nos vence el plazo sin haber sacado adelante el proyecto, en cualquier caso nos ponen muy difícil sacar adelante nuestras inversiones, porque el capital se echa atrás en cuanto huele problemas". El resultado, desde enero no se ha aprobado ni un solo proyecto fotovoltaico en la Comunitat.