Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. El pasado 1 de octubre, Compromís trasladó al president de la Generalitat, Ximo Puig, en una sesión de control en Les Corts Valencianes una propuesta de reforma tributaria para generar más impuestos propios dirigidos con el objetivo de "crear un sistema fiscal más justo y sostenible". La iniciativa planteaba desde una subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las rentas más altas, hasta la creación de nuevos tributos como el que se impondría a los grandes tenedores de viviendas vacías o el impuesto a las bebidas azucaradas.
Un paquete de impuestos que Compromís debería negociar con sus socios del Botànic II -PSPV y Unides Podem, aunque especialmente los primeros, que son quienes gobiernan la Conselleria de Hacienda- para poderlos incluir en el proyecto de ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2021 que debe presentar el Consell. De no alcanzar un acuerdo con socialistas y morados, los valencianistas deberían optar por reflejar sus pretensiones en el trámite de enmiendas a la norma.
Sin embargo, tres semanas después de que se produjera aquel ofrecimiento, no se ha producido ningún avance del tripartito en la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler. Por el momento, el proyecto de Ley de Acompañamiento del próximo ejercicio sigue sin incluir ninguna de las propuestas planteadas por el síndic de Compromís, Fran Ferri. Un escenario a cuatro días de que el proyecto normativo sea aprobado por el Ejecutivo -lo hará junto al proyecto de ley de Presupuestos de 2021- y trasladado al Parlamento que, de no cambiar en las últimas horas, abocará con toda probabilidad a la coalición valencianista a negociar su paquete de impuestos en Les Corts a través de enmiendas.
Con estos mimbres, conviene apuntar que la propuesta de crear de nuevos impuestos y reformar otros ya existentes no sentó especialmente bien en la bancada socialista. De hecho, en su intervención, el jefe del Consell le advirtió al síndic de Compromís, Fran Ferri, que no se podía "improvisar en esta cuestión".
La respuesta no pasó desapercibida, dado que las tres fuerzas del tripartito se habían reunido 24 horas antes de aquella sesión de control en la comisión de seguimiento del Botànic II para debatir sobre la elaboración de los presupuestos del próximo año y, en ella, Compromís no puso en ningún momento esta iniciativa sobre la mesa. Un detalle que no fue bien recibido por los socialistas, que por el contrario sí compartieron, según fuentes presentes en la reunión, con valencianistas y morados su intención de instaurar el impuesto a viviendas vacías.
Una de las propuestas que la coalición planteó en aquella sesión de control fue la de crear en 2021 dos tipos nuevos en el tramo autonómico del IRPF para las rentas más altas: uno para aquellos que ganen más de 140.000 euros pero menos de 175.000 euros, y otro para aquellos que cuenten con una retribución anual que supere los 175.000 euros.
Actualmente, en la Comunitat Valenciana el tipo impositivo más alto es el que se aplica a aquellas rentas que superan los 120.000 euros anuales, que tributan a un tipo marginal del 25,5% en la parte autonómica, por lo que la propuesta de Compromís partiría de aplicar este tipo a aquellos que perciban entre 120.000 y 140.000 euros cada año. A partir de ahí, el ofrecimiento a los socialistas se centra en crear dos tipos nuevos para los tramos de 140.000 a 175.000 euros y de 175.000 euros en adelante.
La iniciativa estaba dividida en dos fases. En la segunda, Compromís instaba a "mejorar la progresividad del IRPF revisando las deducciones autonómicas" en 2022.
De cara al próximo ejercicio, la coalición valencianista también pretende poner en marcha un impuesto a los grandes propietarios que tengan durante un periodo superior a dos años viviendas vacías "sin causa justificada". Un tributo que Unides Podem reclamó que se incorporara en el Acuerdo del Botánico II en junio del año pasado y que sería similar al que se aprobó en el Parlament de Cataluña en 2015 con la ley del impuesto sobre viviendas vacías. De naturaleza directa, este tributo grava el "incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas por el hecho de permanecer desocupadas de forma permanente durante más de dos años sin causa justificada". Este es un gravamen finalista, por lo que los ingresos que se derivan de él van dirigidos a la "financiación de las actuaciones protegidas por los planes de vivienda".
Junto a este, Compromís también recupera otro impuesto que no logró salir adelante en la legislatura pasada por la negativa del PSPV a ponerlo en marcha debido al fuerte rechazo que éste generó en la patronal CEV. Es el caso del inédito impuesto sobre las bebidas azucaradas que ya se aplica también en Cataluña y que tanto los valencianistas como los morados trataron de incorporar a cada Ley de Acompañamiento que elaboró el Botànic en el mandato pasado.
A pesar de que el Gobierno central ha incluido en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas un incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21% con el objetivo de "favorecer hábitos más saludables", Compromís no renuncia a poner en marcha un gravamen autonómico.
Bebidas azucaradas. Foto: EPPor otra parte, Compromís también quiere negociar en el ámbito de la fiscalidad verde el impuesto sobre instalaciones de transporte de energía eléctrica, de alta tensión y telefonía y crear una modalidad de residuos urbanos del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos para que estos entren en vigor ya el año que viene.
La coalición dejaría para una segunda fase, entre 2021 y 2022, la mejora de la progresividad del IRPF a través de la revisión de las deducciones autonómicas, la revisión de los impuestos cedidos de base patrimonial -Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados- de acuerdo con el nuevo sistema de financiación autonómico, y la tasa turística, ya que con el escenario actual de la covid-19 "no tendría sentido poner en marcha este gravamen", explican fuentes de la coalición. No en vano, el sector del turismo es uno de los más afectados por la pandemia.
También propone para ese momento introducir una fiscalidad encaminada a prevenir del cambio climático y avanzar en la transición energética, que contemple impuestos sobre las emisiones de CO2 de los vehículos, sobre gases de efecto invernadero, y sobre los grandes establecimientos comerciales.
