Hospital de campaña situado junto a La Fe, en València. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La puesta en funcionamiento de los hospitales de campaña de València, Castelló y Alicante suma un nuevo problema. La Conselleria de Sanidad ha pedido la empresa que realizó la instalación, el grupo Hispano Vema, que entregue los 152 equipos de oxígeno que le quedan por servir y la firma zaragozana se niega, de momento, a entregarlos si la Generalitat no le paga o al menos le da unos plazos de pago de todo el dinero que le debe, que calcula en 8,6 millones de euros.
Castellón Plaza se ha puesto en contacto este jueves con el CEO de la compañía, José Antonio Navarro Moreno, quien afirma estar "quemado" ante la gestión de la consellerias de Justicia y Sanidad con este encargo. "Van a matacaballo", "se pasan la pelota" o "no tenemos interlocutor" son algunos de los lamentos de Navarro, a quien estos días sorprendía una llamada de la subsecretaria de Sanidad, Mónica Almiñana, urgiéndole a servir los 152 respiradores portátiles que desde el mes de julio están preparados en un almacén del proveedor, Dextro Médica, en València.
"Lo quieren ya y les estamos diciendo que paguen. ¿Qué hago? ¿Lo judicializo? ¿Entrego los respiradores por patriotismo? Ya lo hicimos en Alicante y no los hemos cobrado", afirma. Se refiere a una partida de respiradores móviles de los contratados para los hospitales de campaña que les pidieron desde Alicante y que están siendo utilizados en el Hospital General, no en el de campaña. Lo mismo ocurrirá con los que quedan por servir, salvo algunas unidades de emergencia, ya que Sanidad ha decidido concentrar el tratamiento a los pacientes graves en los hospitales de referencia y no en los de campaña.
El CEO de Hispano Vema cifra en 15,5 millones de euros (IVA no incluido) el coste de los tres hospitales de campaña, de los que le quedarían por cobrar unos ocho. Sin embargo, desde la Generalitat rebajan esa cantidad en varios millones aunque reconocen que parte de los importes reconocidos no se han pagado. La explicación no está, como en otras ocasiones, en la falta de dinero, sino en una maraña burocrática de la que la empresa se siente víctima y que le supone una pérdida de dinero cada día que pasa.
El primer sinsentido es que el encargo de los hospitales de campaña lo realizara la Conselleria de Justicia y Administración Pública, concretamente el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel. El encargo por vía de emergencia a Ingeniería Desarrollos de Alta Tecnología (IDAT), filial de Hispano Vema, fue de tres hospitales de campaña por 4 millones de euros (4,8 millones IVA incluido), de los que la Conselleria ha pagado el 75%.
El millón que queda por pagar está pendiente de que la Conselleria de Sanidad certifique que las instalaciones se adecúan a lo establecido en el contrato. Teniendo en cuenta que esta parte del contrato, la instalación básica, se presentó como terminada el pasado 18 de abril con una visita al hospital de campaña de La Fe de las titulares de Justicia, Gabriela Bravo, y Sanidad, Ana Barceló, y el anuncio de que recibirían pacientes "en los próximos días", Navarro Moreno considera que nueve meses han sido más que suficientes para recepcionar la obra o, en su caso, pedir que se subsanaran deficiencias. Es más, Sanidad acaba de anunciar la apertura de los tres hospitales para pacientes no covid sin que se haya recepcionado formalmente la obra.
"Estoy quemado, más que por el dinero, por el trato recibido. Tuve a 286 personas trabajando a las que se ha pagado, trabajadores y autónomos que estuvieron horas y horas para montar el hospital en diez días, porque se montó en diez y no en quince porque tardaron cinco días en mandar la documentación firmada, que ellos sí descansaban", relata el empresario.
El problema, según fuentes de la Conselleria de Sanidad, es que el proyecto encargado por Justicia no era válido para un hospital que tuviera que tratar el coronavirus y, además, adolecía de falta de especificaciones técnicas que habrían hecho más sencillo evaluar su coste. La solución tampoco fue la más acertada. Sanidad supervisó el montaje e introdujo tal cantidad de mejoras que habría necesitado otro contrato. No se firmó nada, todo fueron encargos verbales sobre la marcha -dados los plazos-, desde elevar el suelo para evitar inundaciones hasta ampliar la superficie para distanciar las camas entre sí, pasando por los pasillos cubiertos -'fingers'- que unen los hospitales de campaña y los hospitales de referencia o el cambio de los baños.
Terminada la obra, la contratista presentó la factura: 2,6 millones (IVA no incluido), un montante que en la Generalitat pocos reconocen y nadie quiere pagar. En primer lugar, hay un conflicto entre las consellerias: Justicia dice que esos modificados son un encargo de Sanidad y tienen que pagar ellos y Sanidad sostiene que es un modificado del contrato de Emergencias y debe ser el departamento de Bravo el que pague.
Por otro lado, está el encaje jurídico del pago. En primer lugar, en Sanidad sostienen que algunas de sus exigencias deben ser parte del contrato inicial aunque no estuvieran especificadas porque no hubo expediente previo de contratación con las características técnicas. Pero aún así, mucho tendría que rebajarse la cantidad para no superar el tope legal de un modificado de obra. Consultada la Abogacía, según fuentes de la Generalitat, la solución más rápida sería un acuerdo entre Sanidad y el contratista, que debería rebajar sus pretensiones, y la lenta, una demanda en los juzgados.
Navarro afirma que es probable que presente próximamente una demanda, pero no para cobrar dentro de no sabe cuántos años, sino por recomendación de sus asesores fiscales para evitar tener que pagar a Hacienda por el IVA que no ha cobrado. "Me dicen que es la única manera", señala. Él, lógicamente, prefiere también un acuerdo.
La otra parte del contrato es el equipamiento sanitario, encargado por la Conselleria de Sanidad también por vía de urgencia. "Pusimos lo que nos dijeron, yo cogí a los proveedores de toda la vida y he pagado el 100%", asegura Navarro. El importe del contrato era de 7,6 millones sin IVA, de los que la mitad se pagó a la firma y la otra mitad se debía pagar un mes después, en abril.
Aquí el problema, según Sanidad, es que el contratista no pudo disponer del material en el plazo establecido, dadas las difíciles circunstancias del mercado en aquella época. Así que, pasados cuatro meses, a finales de julio, la Conselleria, por decisión de la comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la coordinación de los suministros frente a la infección de Covid-19, María José Mira, decidió resolver la parte no ejecutada del contrato, exigiendo incluso la devolución de parte de lo adelantado.
Y se lió más la cosa. Resultó que la empresa había comunicado en tiempo y forma a Sanidad que ya disponía de los respiradores encargados y se le contestó -en verano- que ya no eran necesarios. Las alegaciones fueron aceptadas y los respiradores, incorporados al contrato, pero el pago no es tan sencillo porque requiere un complejo procedimiento con informe incluido del Consell Jurídic Consultiu. De manera que IDAT no ha cobrado ni sabe cuándo va a cobrar mientras Almiñana les reclama los respiradores. Eso sí, en Sanidad tienen clara una cosa: "Para pagarlo, tenemos que recepcionar el material".
Otro pago pendiente, aunque en este caso no hay retraso, es el coste de los baños y duchas, que la Conselleria ha decidido adquirir recientemente después de tenerlos alquilados. El precio es de 500.000 euros más IVA y, según Sanidad, aún no se ha recibido la factura.
