José Ignacio GoirigolzarriMADRID (EFE). La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), sindicato de las antiguas cajas que llevó a los tribunales la salida a bolsa de Bankia y en cuyo juicio ejerció la acusación popular, desconfía del proyecto de fusión entre CaixaBank y Bankia, que califica de "drama para el empleo y para la economía". En declaraciones a Efe, el presidente de CIC, Gonzalo Postigo, se ha mostrado convencido de que la operación, cuyas negociaciones confirmaron anoche ambas entidades, se ha gestado, "con discreción", durante el confinamiento obligado por la pandemia de coronavirus, porque algo así "no ocurre de la noche a la mañana".
Según los últimos datos facilitados por ambos bancos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), CaixaBank sumaba al cierre del primer trimestre 35.589 empleados y 4.460 oficinas, mientras que Bankia tenía 15.947 empleados y 2.267 oficinas. Para el presidente de CIC, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España tienen ahora la palabra, aunque en su opinión "su prioridad no se corresponde con el empleo y tampoco con la sociedad".
Hace casi un año, en octubre de 2019, la Audiencia Nacional dejó visto para sentencia el juicio por la salida a bolsa de Bankia, que durante once meses sentó en el banquillo a 34 acusados, entre ellos, el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, por presunta estafa a inversores y falsedad en las cuentas del grupo de 2010 y 2011. La sección cuarta de la sala de lo Penal, en un fallo que se espera en las próximas semanas, deberá dilucidar si atiende el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que pide ocho años y medio de prisión para el exministro; seis años para el ex consejero ejecutivo de Bankia, José Manuel Fernández Norniella; cinco para el exvicepresidente de la entidad José Luis Olivas, y hasta nueve meses para su sucesor, Francisco Verdú.
También solicita penas de entre dos años y un año de cárcel conmutable por multa para los exconsejeros del grupo con presencia en los comités de auditoría, entre ellos sus antiguos presidentes, el exministro del Interior Ángel Acebes, y Alberto Ibáñez, así como para el interventor de Bankia, Sergio Durá, y el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma. Menos de un año después de la salida a bolsa, que tuvo lugar en julio de 2011, la entidad fue nacionalizada -en mayo de 2012-, tras pedir al Gobierno ayudas por importe de 19.000 millones de euros.
Después de cinco años de instrucción, el entonces titular del juzgado central de instrucción nº 4, Fernando Andreu, procesó en 2017 a Rato, Olivas, Verdú y una treintena de directivos por la salida a bolsa de la entidad, al entender que se falsearon las cuentas anuales y hubo fraude a los inversores. El juez archivó las actuaciones relativas a los organismos reguladores y supervisores, exculpando así al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al exsubgobernador Javier Aríztegui; al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, y al exvicepresidente Fernando Restoy, a todos los cuales acusaba la CIC.
