Tanto Pfizer como AstraZeneca han anunciado que, pese a la suscripción de contratos de suministro de sendas vacunas, iban a reducir las dosis comprometidas a los países europeos, escudándose en “problemas de producción del compuesto” o las mejoras que se están realizando en sus fábricas. Y esto es una infamia, independientemente de cómo de bien o, especialmente, de mal estén desarrollando y aplicando los distintos países sus planes de vacunación.
Y el inquieto lector se preguntará: ¿Cómo hemos podido, en un estado de necesidad y de salud pública mermada en el primer mundo y en una de las zonas políticas más ricas e influyentes terminar así? Pues vamos a intentar abrir los ojos a las prácticas cuestionables de algunas farmacéuticas. Empecemos por los inicios de la telenovela turca que están siendo las vacunas de la covid.
Qué rápido se han obtenido las vacunas en comparación con otras epidemias mortíferas, ¿verdad? Pues sí, las farmacéuticas han salido tremendamente rápido al rescate. Esto es la competencia -pensarán nuestros lectores- que fomenta la meteórica carrera hacia la excelencia. Pues, en realidad, no estrictamente. La vacuna no ha surgido en el vacío, sino que ha sido la culminación de un largo camino *exclusivamente público* de investigación en ciencia básica. Casualidades de la vida, distintos Estados ya tenían una sólida investigación en materia de coronavirus, sufragada por los contribuyentes. Como pública ha sido también la financiación que ha dado pie a todos los avances que han permitido las novedosas vacunas basadas en ARN. Pero no nos limitemos a la difusa vinculación aludida entre la consistente inversión pública durante años y la vacuna. Si se quiere, más a corto plazo y con un vínculo más estrecho, distintos Estados han sido los grandes mecenas de la vacuna a través de la financiación millonaria que han proporcionado, en concreto, a las empresas actualmente titulares de la patente para que acometieran su desarrollo, sin despreciar, aunque relativizando tanto la cuantía, como la orientación y el timing, las inversiones del sector privado en las mismas.
Ajá, y, entonces, ¿por qué son las farmacéuticas las que ostentan la titularidad *única* de la patente si en el desarrollo de la misma han participado los poderes públicos con una generosa contribución? Pues porque se puede, curiosamente, registrar como derecho de propiedad industrial de titularidad privada un medicamento que ha sido desarrollado parcialmente con fondos y que se nutre de conocimiento (pocas veces protegido) públicos.
Dejando de lado la eterna discusión de quién invierte más en el desarrollo de un medicamento (algo que es difícilmente medible), en qué momento se participa en la investigación (minimizando extraordinariamente el riesgo) y, en consecuencia, a quién ha de atribuirse su titularidad, podríamos pensar que, subsidiariamente, los Estados, que ha hecho un esfuerzo económico e intelectual en el desarrollo de la vacuna, por lo menos, se habrán reservado algunos derechos sobre los beneficios que se obtengan de la patente o unas condiciones de venta más beneficiosas. Pues tampoco parece. Los Estados inversores juegan en el mercado como un operador más, compitiendo descarnadamente con otros hasta que, al menos en Europa, nos hemos puesto de acuerdo en hacer compras conjuntas a través de la UE, tras un certificado de aprobación, no expedito, de la agencia europea competente. Algo a lo que, ¡oh, sorpresa!, se opusieron sospechosamente las farmacéuticas, que preferían las negociaciones bilaterales. ¡Pobres! Se cancelaba el esperpéntico espectáculo de subastas locas, como pasó con los respiradores y las mascarillas, a pie de pista de avión, al que asistimos no hace tanto entre países de la UE. Sin embargo, a esta estrategia no se han unido en bloque todos los países. Así, Reino Unido, Israel y EEUU, entre otros, que aprobaron los medicamentos y pactaron más rápido, y a cambio de un precio superior, están obteniendo las dosis con preferencia, generando una competencia perjudicial para el interés general.
Al margen de los precios, que altruistamente (no) se han anunciado como asequibles durante la pandemia, apuntando ya el posible devenir de los mismos para años posteriores (spoiler), hablemos de los incumplimientos de los contratos de AstraZeneca y Pfizer, quienes han decidido, unilateralmente, reducir las cantidades pactadas con los países miembro de la UE, con el consecuente riesgo de los retrasos en la obtención de la inmunidad y, además, que podría suponer no suministrar la segunda dosis a tiempo.
¿Qué se puede hacer? Pues nos podemos poner serios o muy serios. Si nos ponemos serios sólo, como ha hecho Italia valientemente, evidentemente, interponer acciones de infracción contractual y reclamar los correspondientes daños y perjuicios a las farmacéuticas. Si nos queremos poner muy serios, a nuestra disposición hay una batería de medidas en las legislaciones de patentes europeas que, permiten, en los casos en los que las titulares no sean capaces de satisfacer la demanda a la que se han comprometido voluntariamente, por motivos de interés público, problemas de salud pública, o como consecuencia de prácticas anticompetitivas, decretar la concesión de licencias obligatorias a otras farmacéuticas o productoras para que satisfagan la misma.
Lo grave de todo esto es la verdad subyacente y un poco vergonzante que destapa lo ocurrido: la debilidad del bloque europeo en las negociaciones con empresas privadas frente a las grandes farmacéuticas (ni qué decir lo que estará pasando fuera del mundo “privilegiado” …). El hecho de que las amonestaciones y advertencias UE no presenten una amenaza suficientemente creíble o eficaz ante este tipo de prácticas sienta un mal precedente y la inexistencia de industria (farmacéutica) pública europea, además, nos hace si cabe más vulnerables a este tipo de conductas.
