VALÈNCIA. El levantamiento de secreto de sumario del caso Erial describe, como pocos, el cambio de operativas para presuntamente blanquear y distraer fondos sin ser detectados. En la causa de Erial, que investiga el presunto amaño de la adjudicación de los contratos de las ITV y del Plan Eólico en la Comunitat, y el posterior pago de comisiones, sigue sumando nuevos indicios contra los implicados. Entre los imputados se encuentran el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana; el exconseller Juan Cotino y sus sobrinos José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau; el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, o la mujer y una de las hijas de Zaplana.
En el sumario aparece un exhaustivo croquis hecho por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el que se puede observar cómo los miembros de la trama pasaron presuntamente de operativas de ‘patio de colegio’, a una ingeniería financiera muy elaborada cuando entra en juego el cerebro financiero Fernando Belhot, que presuntamente fue contratado por Zaplana tras serle recomendado por su íntimo amigo, el expresidente de Madrid Ignacio González.
Así, en el cuadro hay dos distinciones claras. La primera es hasta el año 2009 cuando el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana habría contratado a Belhot, y la segunda desde 2009 cuando el dinero pasa primero a Holanda y, finalmente es trasladado a Suiza, desde donde Belhot utilizó empresas pantalla para repatriar efectivo y realizar inversiones sin ser detectado.
Hasta ese año 2009, la trama bajo investigación utilizaba dos sociedades para mover el capital y tener radicadas las cuentas. La primera, Imison Internacional, creada presuntamente por Juan Cotino para pagar las ‘mordidas’ estaba radicada en Luxemburgo y, la segunda, la que estaba a nombre de uno de los testaferros, Joaquín Barceló, que tenía dos cuentas a nombre de dos ‘offshore’ en Andorra.
Es antes de la llegada de Belhot a la partida, cuando los investigadores creen que la trama realizaba operaciones de blanqueo de ‘patio de colegio’ y extracciones en efectivo de las cuentas en Andorra con el consiguiente peligro de cruzar las fronteras con el dinero. Es decir, utilizaban la conocida como figura del ‘facturero’, una persona con la que realizar una operación financiera que, tras recibir una transferencia en su cuenta, daba ese dinero B en efectivo a la trama.
Los ‘factureros’ son una forma de blanqueo muy burda y, además, fácilmente rastreable, pues las transacciones van de una cuenta a otra y los titulares son identificables. Nada que ver con el método Belhot, donde los brokers o personas que recogían el dinero no han podido ser identificados.
Entre las operaciones de novato está la realizada en noviembre de 2005, cuando hicieron una transferencia de 540.000 euros a dos empresas panameñas, Milliken e Incaina desde Imison. Todo ello para que luego, la persona que estaba detrás de las empresas panameñas, les diera el dinero en efectivo a ellos.
Según consta en el sumario, Enrique Pina, una persona vinculada a la empresa alicantina Levantina, dedicada a la piedra natural y otras superficies decorativas, entregó 540.000 euros en efectivo a Francisco Grau Jornet, uno de los considerados testaferros de Zaplana por la UCO, y socio externo de Levantina en aquella época.
El propio Pina prestó declaración ante la magistrada de Instrucción 8 de València en calidad de testigo, ya que los delitos que pudiera haber cometido estarían prescritos, para explicar el porqué de estos movimientos. En su declaración, Pina afirmó que Levantina tenía una caja B, y que necesitaba el dinero para poder hacer unos negocios con la compra de maquinaria minera en España y su posterior envío a Angola. El testigo explicó que las empresas panameñas estaban dedicadas a la explotación minera, de modo que el grupo Levantina tenía la exclusividad de la comercialización del producto en Angola.
La magistrada quiso saber por qué y con qué dinero abrió las empresas en Andorra, a lo que Pina respondió que con dinero no reflejado contablemente que había en la caja del grupo que llevó físicamente a Andorra, porque “allí era más fácil debido a la mayor flexibilidad respecto al blanqueo de capitales. Ese dinero que usó para abrirlas lo devolvían las sociedades en especie con piedras”.
En cuanto a la interacción con la trama Zaplana, Pina le explicó a la magistrada que conocía a Grau, con el que mantenía una relación laboral. Ambos necesitaban algo, él dinero en las cuentas para su negocio y, Grau, dinero en efectivo. Así que optaron porque Imison hiciera dos transferencias, una de 140.000 euros a Milliken, y otra de 400.000 euros a Incaina, lo que sumaban los 540.000 euros que Pina necesitaba.
En contraprestación, Enrique Pina le dio los 540.000 euros en efectivo a Grau Jornet de su caja B en Levantina. Lo que ninguno de los dos tuvo en cuenta en aquella época era la facilidad con la que, años después, la UCO iba a poder rastrear esos movimientos bancarios.