VALÈNCIA. (EFE) La Federación de Ocio, Turismo, Juego e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur) ha reclamado una reunión "urgente" con el president de la Generalitat, Ximo Puig, para diseñar el plan de rescate para proteger el sector del ocio de las consecuencias del toque de queda en la Comunitat Valenciana.
Fotur ha pedido reunirse con las distintas Consellerias para abordar un plan de rescate que proteja las 2.500 empresas y más de 20.000 trabajadores del sector del ocio frente a las consecuencias de las restricciones de movilidad nocturna que hace que "las empresas se desangren lentamente y queden sin ninguna viabilidad".
En un comunicado, han señalado que el anuncio de toque de queda por parte de Puig "obliga a abordar con carácter urgente y extraordinario un plan de choque que permita congelar la actividad tanto a nivel de Erte, ICO o alquileres".
Para Fotur, " resulta urgente poder abordar un plan de trabajo que proteja a los trabajadores y las empresas del sector, de una crisis sin precedentes provocada por la emergencia sanitaria".
Si se tiene en cuenta que, antes de la declaración del toque de queda el 95 % de las empresas del sector consideraban su situación económica grave o muy grave y que el 69 % apenas tenían tres meses de margen de supervivencia, el anuncio "puede suponer una debacle sin precedentes en la economía de mercado al impedir desarrollar la actividad a todo un sector de la economía".
A pesar de todo, la patronal del sector del ocio quiere transmitir un mensaje de confianza en una situación extraordinaria y que "debe permitir contar con el apoyo tanto de las entidades empresariales a las que pertenecemos ESPAÑA DE NOCHE, CEV y CEOE, cómo de los sindicatos y del propio gobierno valenciano".
El objetivo es poder "afrontar con altura de miras las consecuencias de las decisiones sanitarias que se han adoptado por parte del gobierno central y autonómico y que, sin duda alguna, hacen que nuestras industrias estén condenadas a la inviabilidad económica", según Fotur.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
