La vicesíndica del PP, Eva Ortiz, muestra el listado de facturas en Les Corts. Foto: INMA CABALLER/CORTSVALÈNCIA. Las nuevas revelaciones del PP en el caso Mas Mut podrían llevar a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, a tener que responder por más delitos además del fraude de subvenciones por el que está imputado en un juzgado valenciano, junto al director de Política Lingüística, Ruben Trenzano, que está investigado por malversación y prevaricación. Según la cuenta justificativa de las subvenciones de fomento del valenciano que la Conselleria de Educación valenciana y la Generalitat de Cataluña han facilitado al PPCV, Francis Puig utilizó la misma factura cinco veces con importes diferentes para justificar subvenciones.
En esas cuentas justificativas de las subvenciones de fomento del uso del valenciano, que obran en poder del PPCV tras haber solicitado el acceso a la documentación y que este jueves mostró en Les Corts la vicesíndica del PP, Eva Ortiz, el hermano de Ximo Puig presentó la factura A/20160926 hasta en cinco ocasiones diferentes el mismo año para justificar diferentes subvenciones que obtuvo. En el caso de las subvenciones de Cataluña, la presentó una vez con fecha de emisión de 30 de septiembre de 2016 por un importe de 15.720 euros sin IVA, pues las justificaciones de esa comunidad son sin ese impuesto.
En las subvenciones del Gobierno valenciano constan cuatro facturas con esa misma numeración, dos con fecha 30 de septiembre de 2016 y otras dos con fecha 30 de octubre de 2016. En cuanto a los importes, hay dos facturas de 15.720 euros, y otras dos por valor de 1.950 y 1.850 euros, lo que hace un total de 35.240 euros a los que habría que sumar el IVA, 7.400 euros. En todos los casos se justificaba el 100% de la factura.
En definitiva, según la investigación realizada por el PPCV, Francis Puig presuntamente habría justificado 58.360,4 euros a través de facturas falsas -al menos cuatro de ellas-, lo que, de demostrarse, ampliaría su imputación de fraude en subvenciones a fraude con falsedad documental, tal y como explicaron a este periódico expertos en derecho penal.
Por el momento, quedaría fuera del fraude fiscal pues la cantidad no alcanza los 120.000 euros que exige el Código Penal para enmarcarlo dentro de un delito. La falsedad documental se produce porque es obligado que las facturas que se emiten sean correlativas tanto en el número de factura como en el día en que se emiten y, obviamente, solo puede haber una factura con el mismo número y no cinco como es el caso.
Esta parte de la investigación de los populares está incluida dentro de la ampliación de la querella que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de València. El magistrado ha dado traslado a la fiscal Anticorrupción para que informe sobre si acepta o no dicha ampliación. Fuentes de esta Fiscalía consultadas por este periódico explicaron que la semana que viene tomarán la decisión y que, además, comenzarán a estudiar también la denuncia presentada por Inés Aular, la extrabajadora de Canal Maestrat, empresa de los hermano Enrique y Juan Adell Bover, de la que la denunciante dijo que Francis Puig es "socio en la sombra".
Las mismas fuentes afirmaron que, en principio, la denuncia de Aular se unirá a la causa del juzgado porque la denunciante, exmujer de Enrique Adell, entregó documentación que acreditaría que las empresas de Puig y de los Adell se facturaban entre ellas. Este cruce de facturas, con la supuesta finalidad de justificar las subvenciones, también está recogida en la ampliación de la querella de los populares.
De hecho, en dicha querella desde el PPCV afirman que las presuntas facturas cruzadas "no se corresponden con trabajos reales o que, de serlo, se trata de trabajos que ya han sido subvencionados, de manera que el grupo de Puig realizara un único contenido y llegara a obtener subvención por él hasta en cuatro ocasiones". Hay facturas cruzadas por más de 500.000 euros, según el escrito.
En concreto, Mas Mut Produccions (MMT) y Comunicacions dels Ports (CDP), podrían haber hecho un auténtico encaje de bolillos. Según la ampliación de la querella, CDP cargó en subvenciones pedidas a la Generalitat Valenciana, al menos siete facturas de MMP por importe de 15.667 euros en el año 2018. En 2015, CDP incluyó en su justificación de la subvención valenciana un total de 19 facturas de MMP por un importe de 47.588 euros.
Por su lado, en las Diligencias de Investigación Penal abiertas en la Fiscalía Provincial de València se recogió la denuncia de Aular en la que ésta afirmaba que Francis Puig es "el socio en la sombra" de su exmarido, con el que integraba "una red de obtención de subvenciones mediante falsedades".
Las empresas de los hermanos del presidente de la Generalitat y de sus 'socios' los hermanos Juan y Enrique Adell han recibido en cuatro años, entre 2015 y 2019, 850.000 euros de dinero público. Según el PPCV, el dinero se reparte entre contratos menores, facturas, y subvenciones para contrataciones y transferencias. Los hermanos Puig Ferrer y los Adell Bover han recibido casi 250.000 euros (249.261) de la Generalitat desde que Puig la preside. Una cifra que se suma a las ayudas al fomento del valenciano, que ascienden a 600.000 euros, lo que haría un total de 850.000 euros en cuatro años.
Dentro de esas astronómicas cifras de dinero público recibido habría que sumar otra supuesta irregularidad más cometida por Puig. Según los populares, hay "ciertas irregularidades, como transferencias de 15.000 euros desde Turismo que no están ligadas a ningún expediente", ligadas a una de las empresas de Francis Puig, Comunicacions dels Ports, hecho que quieren que también sea investigado.
