La concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, en una de sus intervenciones plenarias. Foto: Antonio PradasCASTELLÓ. La Concejalía de Vivienda justifica la necesidad de externalizar la gestión de los 227 pisos sociales propiedad del Ayuntamiento de Castelló como paso previo a constituir una empresa pública en 2023. Ante la imposibilidad de hacerlo en la actualidad por la ley Montoro y el plan de austeridad, el único procedimiento para garantizar una correcta y adecuada fiscalización de los inmuebles municipales radica en activar medidas alternativas, como así defiende el departamento que dirige la edil María Jesús Garrido.
Entre esas acciones, destacan la compra directa de vivienda (hasta 18) para incrementar el parque de alquiler social y la contratación de un servicio externo para administrar de forma integral los 227 pisos sociales de titularidad municipal.
Desde que Garrido asumiera el área de Vivienda los frentes abiertos se le han ido acumulando. En su primera intervención plenaria, el 12 septiembre de 2019, ya advirtió que poner orden en la Concejalía sacaría a la luz irregularidades de etapas pasadas, refiriéndose no solo a las épocas del Partido Popular, sino también al mandato anterior, cuando entonces la competencia recaía en Compromís.
El tiempo le ha dado la razón pese a los esfuerzos por regularizar, especialmente, los pisos sociales. Una de sus primeras decisiones en el gobierno fue impulsar una unidad móvil para sacar a la calle las ayudas de la Oficina Municipal. La visita a distintos barrios de Castelló pretendió abonar el terreno para la reedición del Plan de Vivienda, en lo que supondría su tercera edición.
Como en las precedentes, y a pesar de introducir mejoras sustanciales (por ejemplo, incrementar en 20.000 euros la oferta por inmueble), la convocatoria quedó nuevamente desierta. Ninguna de las propuestas recibidas de particulares cumplió el pliego de prescripciones técnicas, por lo que el Ayuntamiento de Castelló se vio obligado a asumir directamente la adquisición de pisos con un presupuesto máximo de 1,8 millones de euros (101.000 euros por cada uno).
Tanto esa intervención como la gestión social son competencias propias de la empresa pública de vivienda, sociedad que viene funcionando de manera eficaz en varias ciudades desde hace años. Por ejemplo, en la capital de España existe lo que se conoce como EMVS, con capital 100% municipal, dirigida por un Consejo de Administración formado por todos los grupos políticos con representación municipal.
La empresa municipal de Madrid se rige por criterios exclusivamente sociales y, como recoge en la página web, su principal objetivo consiste en "facilitar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna, apostando por la intervención sobre situaciones de mayor vulnerabilidad y adaptando la vivienda a las nuevas demandas ciudadanas".
Y en ese espejo se mira el Ayuntamiento de Castelló para el futuro, con ese horizonte de 2023, en el que, sin las limitaciones actuales, se pondrá en marcha una sociedad pública para coordinar y diseñar las acciones en materia de vivienda.
