Manuel Illueca. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Intervención de la Generalitat ha detectado "riesgos significativos" en los procedimientos de tesorería del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) relacionados con la ausencia de protocolos internos, deficiencias en el registro y control de las operaciones o una inadecuada segregación de funciones que, a juicio del auditor, debería corregir.
Así consta en la auditoría operativa y de cumplimiento de la legalidad de la entidad que dirige Manuel Illueca en el ejercicio 2019. En la misma, si bien no emite una opinión desfavorable, sé detecta una serie de debilidades, deficiencias e incumplimientos de legalidad en las áreas de contratación, personal o la mencionada gestión de tesorería que insta a subsanar.
Sobre este último asunto, la fiscalización alerta de varias debilidades, como que se realicen órdenes de pago mediante la utilización del correo electrónico en lugar de realizarse por medio de los sistemas de banca online o que no exista una adecuada segregación de funciones entre el personal encargado de la contabilización y el correspondiente a la gestión de la tesorería.
Además, la documentación justificativa y trámites que deben realizarse para la recepción, conformidad, ordenación del pago y pago efectivo de las facturas recibidas en el IVF "no consta formalizada mediante protocolos internos", así como tampoco constan documentados los procedimientos administrativos y contables para el registro y control de las operaciones de tesorería.
Respecto a los datos de sus cuentas bancarias, el informe destaca que los datos de las cuentas bancarias del IVF "NO coinciden" con las cuentas comunicadas a la Tesorería de la Generalitat, ni con las publicadas el portal de transparencia (GVA Oberta) y su información es coherente con la que figura en las cuentas anuales de la entidad.
Determinadas diferencias detectadas en las cuentas bancarias corresponden a las cuentas bancarias gestionadas por el IVF titularidad de los fondos sin personalidad jurídica FININVAL, FEDER y FSE. Asimismo, existen cuentas que deberían haberse dado de baja al haber sido canceladas ni tampoco se ha producido el cambio de titularidad de cuentas de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCC), cuyas funciones tenía anteriormente asumidas el IVF.
Preguntadas al respecto, fuentes de la Conselleria de Hacienda subrayan que la "recomendación de mejora" lanzada por la Intervención en su informe no responde a ninguna incidencia ni irregularidad en Tesorería. "Únicamente se ha recomendado la actualización y puesta por escrito de los procedimientos para mayores garantías. Hecho que, por supuesto, el IVF ya ha procedido a subsanar", apuntan las fuentes.
En concreto, se ha creado un grupo de trabajo para actualizar y poner por escrito los procedimientos, "conscientes de que actualmente hay nuevas herramientas de gestión a las que deben adaptarse". Para ello, se ha buscado el asesoramiento de una consultora especializada "para tener solventada esta cuestión a la mayor brevedad posible".
La entidad recuerda que durante años se han detectado "situaciones mucho más complejas" a las que se ha debido de buscar solución como los procedimientos de contratación; la actualización del sistema de gestión de riesgos –que ya está "totalmente procedimentada–; o la fijación de los precios de las operaciones. "Por supuesto, aún quedan cosas por mejorar y solventar y ya se ha procedido por supuesto a solucionarlo", añaden las fuentes.
Estas deficiencias en la gestión de la tesorería se suman a otras relacionadas con el régimen de contratación o el personal, algunas de las cuales ya habían sido afloradas en ejercicios precedentes y se mantienen.
En cuanto al primero, en determinados expedientes analizados por la Intervención no se justifica adecuadamente en el informe de necesidad la correcta estimación y adecuación del precio, mientras que en otro expediente se ha verificado que se solicitan condiciones a los licitadores contrarias a los principios de igualdad de trato y no discriminación que deben regir la contratación pública.
Al margen de ello, la fiscalización destaca que el IVF ha encargado asistencias técnicas mediante contratos menores que, según la Intervención, deberían haberse contratado mediante concurso público.
En cuanto al personal, el IVF no ha aprobado ni publicado en el DOGV la preceptiva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2019, donde se recogen las retribuciones, características y funciones de la plantilla. Tampoco tiene autorizada por la Dirección General de Presupuestos la masa salarial máxima del personal laboral.
Su nombre está asociado a la banca pública, donde lleva más de veinte años, y, desde hace unos meses, ostenta el cargo de director general del IVF, un puesto que conoce bien y desde el cual defiende las funciones del brazo financiero de la Generalitat
