CASTELLÓ. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló aprobará en una Junta de Gobierno Local extraordinaria convocada para este viernes el documento del Plan General Estructural (PGE) resultante tras la resolución de alegaciones de la segunda exposición al público, así como su elevación a la Comisión Territorial de Urbanismo para su valoración y aprobación. Se prevé que el acuerdo de la Junta de Gobierno se lleve a pleno el 28 de junio, en una convocatoria extraordinaria, tras celebrarse previamente la comisión plenaria y la junta de portavoces pertinentes.
"Estamos dando los pasos decisivos para que Castelló tenga aprobado cuanto antes el Plan General que tanto necesita", ha resaltado la alcaldesa, Amparo Marco. "Ha sido una tramitación larga y compleja, pero ya estamos al final del proceso para que Castelló disponga del ordenamiento urbanístico que restituya la legalidad urbanística, aporte seguridad jurídica y sea foco de atracción de inversiones y generador de oportunidades", ha explicado. "El Plan General es un proyecto de ciudad que será clave para la recuperación social y económica de Castelló y estamos avanzando para que sea una realidad este año", ha recordado Marco, en línea con las declaraciones realizadas la semana pasada tras la reunión con el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, en la que se reforzó la colaboración entre Ayuntamiento y Generalitat para el impulso definitivo antes de final de 2021 al nuevo Plan General.
El concejal de Urbanismo, José Luis López, por su parte, ha detallado que "tras la aprobación provisional del Plan General Estructural en el pleno de junio, se elevará a la Comisión Territorial de Urbanismo para su valoración y aprobación". "Paralelamente, el Ayuntamiento continúa trabajando en el estudio de las alegaciones al Plan de Ordenación Pormenorizada (POP), para que una vez se tenga respuesta de la comisión territorial sobre el PGE, dar cuenta al pleno y en esa misma sesión aprobar la resolución de alegaciones del POP, dando por aprobado el Plan General de forma definitiva", ha indicado López.
El segundo teniente de alcaldía y concejal de Transparencia y Buen Gobierno, Ignasi Garcia, ha asegurado que "la votación que haremos el próximo 28 de junio nos aproxima a conseguir el reto de transformar Castelló y de crear una ciudad cohesionada urbanísticamente, que prevé su desarrollo industrial y que protege nuestro territorio". Para el edil, este Plan General "dará estabilidad jurídica a propietarios y empresas", lo que lo convierte en "un revulsivo económico para nuestra ciudad".
Garcia ha recordado que "el planteamiento urbanístico que heredamos en la pasada legislatura, un planeamiento tumbado por la justicia, no daba lugar a dudas: hacía falta una nueva ordenación que tuviera una mirada humana, pensada para las personas y con la inclusión como objetivo, para proteger el territorio y para facilitar el desarrollo económico, características comunes de este Pla General". "Desde el Acord del Grau sabíamos que el principal reto que teníamos era la aprobación del Plan General de Castelló y que ese reto iría más allá de la primera legislatura. Hoy podemos celebrar que estamos más cerca de conseguirlo", ha destacado el segundo teniente de alcaldía.
"Con la aprobación en la Junta de Gobierno Local encaramos la última fase de un nuevo urbanismo que acerca a Castelló a una ciudad más verde, sostenible y compacta, que garantiza el derecho a la vivienda de sus ciudadanos, y que nos aleja del modelo urbanístico depredador y especulador de la etapa del PP", ha afirmado el tercer teniente de alcaldía, Fernando Navarro. "El nuevo planeamiento situará a Castelló en el grupo de ciudades europeas más progresistas, desclasifica 11,5 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, y se presenta como una oportunidad para reactivar sus actividades agroalimentarias, proteger su cinturón verde y frenar el abandono de nuestra huerta", ha añadido Navarro, resaltando también que supone "una apuesta por la rehabilitación y la eficiencia energética como motores de la recuperación económica".
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.
