La cuarta ola que nunca llegó

Cuando echemos la vista atrás para evaluar lo que fue esta pandemia del coronavirus, dentro de unos meses o de unos años, posiblemente una de las cuestiones que se reivindiquen sea el papel de las comunidades autónomas. Sobre las autonomías ha recaído el grueso de la gestión de la crisis, pues son ellas las que tienen las competencias sanitarias. Además, en ellas delegó el Gobierno la responsabilidad de decidir cómo calibrar el grado de restricciones necesarias para hacer frente a la pandemia y mitigar su propagación, una vez quedó claro que el intento de centralizar todo el proceso de toma de decisiones en la primera ola por parte del Gobierno central no había salido demasiado bien.

En materia de gestión autonómica de la pandemia, esta columna ha sido siempre muy poco ayusista, entendiendo por tal el afán por primar "la economía" (abrir los bares y atraer el turismo de franceses ebrios de tanta cultura como reciben) sobre la salud, el gran dilema que han tenido sobre la mesa las sociedades occidentales para lidiar con el coronavirus (las sociedades orientales, en cambio, lo tuvieron siempre mucho más claro: primero la salud y así protegeremos la economía, bien es cierto que con medidas draconianas difíciles de asumir en sociedades como la nuestra).

Por eso, en líneas generales puede decirse que la gestión de la crisis del coronavirus por parte de la Generalitat Valenciana, por contraste, ha sido bastante sensata, y con buenos resultados. Y puede decirse, sobre todo, por lo que estamos viviendo en esta cuarta (y esperemos que última) ola. Claramente, nuestras autoridades han aprendido de sus errores. La tercera ola impactó con muchísima fuerza en nuestro territorio, como una tormenta perfecta: se llegó a las festividades navideñas con un nivel de contagios previo ya muy elevado, pese a lo cual se relajaron las restricciones para permitir las reuniones familiares y de amistades, con el resultado ya conocido por todos: las peores cifras de España y casi de Europa.

Pues bien: desde que superamos esa tercera ola, el propósito de enmienda es claro, a la vista de las cifras, las más bajas de España y entre las más bajas de Europa; pero también a juzgar por las medidas restrictivas y la prudencia con la que esta vez se está manejando el Consell. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana es una de las dos comunidades autónomas, junto con Baleares, que ha mantenido el toque de queda nocturno. Ha tenido aquí la complicidad del TSJCV, sin duda, por contraste con otras autonomías. Pero también contrasta con otras autonomías que directamente decidieron no prolongar el toque de queda. Y recordemos que la Comunidad Valenciana tiene las mejores cifras de contagios de España. Es decir, que sería perfectamente defendible llevar a cabo aquí una estrategia "ayusista", de abrirlo todo y hacer como si el virus estuviera ya superado.

Subyace aquí, sin duda, además del recuerdo de lo sucedido en la tercera ola y el principio de preservar a la población del riesgo de contagios, el recuerdo de lo que pasó en la desescalada de la primera ola, cuando el presidente Pedro Sánchez proclamó que habíamos superado el virus. Ese triunfalismo prematuro nos llevó a la segunda ola, pero también a unas cifras que nunca fueron lo suficientemente buenas como para alentar la visita del turismo internacional con una magnitud comparable a la de los años "normales", sin pandemia. Un año después, es evidente que resulta del máximo interés estratégico no cometer otra vez el mismo error, y que hay que preservar en lo posible la afluencia de turistas a España, no vaya a ser que en 2022 ya haya muchos que se hayan asentado en otros destinos.

Finalmente, también ha sido un éxito de las autonomías, y aquí es un éxito común a todas, el plan de vacunación, que siempre ha funcionado como debía (con excepción de algunos episodios lamentables de políticos vacunándose al principio), en virtud de las vacunas que llegaban. Y es algo que conviene resaltar no sólo porque reivindique la capacidad del sistema sanitario en su conjunto para hacer frente a este reto, sino porque en su momento, en los inicios del proceso de vacunación, existían muchas dudas, y muchos agoreros que aseveraban con absoluta certidumbre que sería imposible superar las 100.000 dosis diarias (se han superado las 500.000 diarias).

Es difícil saber si las autonomías podrán asumir aún más vacunas al día, pero hasta ahora, todas las que han llegado se han administrado rápidamente, sin producirse cuellos de botella con la logística; sólo los ha habido de suministro y derivados de los cambios sobrevenidos en la estrategia de vacunación. En el primer caso, la responsabilidad puede achacarse tanto a las empresas farmacéuticas como a la ineptitud de la Comisión Europea para negociar con ellas y asegurarse contratos frente a la mayor velocidad de otros países.

En el segundo, corresponde al Gobierno español y sus absurdos vaivenes con algunas vacunas, notoriamente AstraZeneca, que ha pasado de administrarse principalmente a menores de 60 a hacerlo con mayores de 60, con lamentables episodios como el que hemos vivido en estas últimas semanas, en las que se ha convalidado la ocurrencia de vacunar con una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de otra compañía (Pfizer), que sigue además un principio completamente diferente (una utiliza un adenovirus inactivado y la otra ARN mensajero). Todo ello ignorando que las vacunas de AstraZeneca se han administrado sin mayores problemas a millones de personas de diversas edades en otros países, o que el estudio clínico en el que se ha basado el ministerio de Sanidad para defender esta decisión se basa en una muestra muy pequeña y mal definida.

Por eso, es difícil reprochar la actitud de las comunidades autónomas que han protestado por esta medida y buscan soluciones menos drásticas que posibiliten aprovechar el stock de vacunas de AstraZeneca disponibles, como permitir que los propios pacientes escojan entre Pfizer o AstraZeneca, en un momento en el que el proceso de vacunación se está logrando acelerar al máximo, de tal manera que es factible que el objetivo de inmunizar al 70% de la población se consiga ya en el mes de agosto (un mes antes de lo previsto). Con ello, salvo aparición de variantes terroríficas resistentes a las vacunas, en septiembre quizás estemos enfilando el principio del fin de la pandemia... en España y en la mayoría del mundo desarrollado. El mundo en su conjunto es otra historia.