María Inés Aular. Foto: VPVALÈNCIA. El escenario judicial de los hermanos del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se puede complicar por la declaración de la extrabajadora de Canal Maestrat Inés Aular, que ha ampliado su denuncia en un escrito remitido a la Fiscalía. Si Francis Puig tiene que declarar el próximo diciembre, imputado por fraude de subvenciones, otro hermano, Jordi, aparece en la ampliación de la denuncia presentada por Aular, exmujer de Enrique Adell Bover uno de los dueños de Canal Maestrat y Kriol Produccions junto a su hermano Juan.
Inés Aular ya había dicho en su primera denuncia que Francis Puig era el "socio en la sombra" de los Adell Bover y que, los Adell y sus socios "integraban una red dedicada a la obtención de subvenciones mediante falsedades". En la ampliación de la denuncia, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, la denunciante asegura que Jordi Puig "falseó pagos" de Canal Maestrat a Mas Mut Produccions.
Se dice literalmente en el escrito que, en lo referente a la justificación de Canal Maestrat, llaman la atención los gastos presuntamente pagados a la empresa de Francis Puig, Mas Mut Produccions, de 10.000 euros por corresponsalía, 1.825 por grabación y producción de programas, 2.500 euros por difusión y programación, 1.925 por servicios técnicos para programas en directo y otros 1.875 en producción, marketing y difusión.
Según Inés Aular, "todos esos gastos fueron falseados puesto que esta empresa nunca prestó tales servicios para Ser Maestrat". Explica que esa empresa estaba gestionada por Jordi Puig, hermano del presidente. Aular "ruega" al Ministerio Público que "compruebe los asientos bancarios correspondientes a estos pagos y, además, verifique, si constan los trabajos (Pruebas documentales) sobre los trabajos supuestamente realizados por Mas Mut para Canal Maestrat".
En la ampliación también narra cómo, presuntamente, los Adell Bover justificaron subvenciones por duplicado, lo que la que le ha costado la imputación a Francis Puig. Se explica que las nóminas de los trabajadores de TVCS Retransmisiones se justificaron al cien por cien tanto en Cataluña como en la Comunitat Valenciana.
El relato recoge supuestas trampas como el hecho de que una de las trabajadoras que aparece en la memora de justificación de una de las páginas web de los Adell, Montserrat C., aparece como la persona que hacía los banners de publicidad pero no tiene, según su versión, "cualificación para trabajar con ningún programa de diseño", ya que en realidad es una auxiliar administrativa de la empresa. Asevera que Isabel P., compañera suya en la televisión, tampoco trabajó nunca en la web, pero que se entregaron nóminas falseadas para justificar las subvenciones.
Expone también que los Adell Bover justifican con facturas de Nova CB, una empresa familiar, "el alquiler del local donde funciona Ser Maestrat". Dentro del cruce de facturas y supuestos servicios no prestados, dice que "considera muy grave" que, todos los gastos justificados para la subvención obtenida por Cadena Ser "estén igualmente asentados (50%) en la radio de La Vall d’Uixó. Y como ejemplo de lo anterior explica que se pagaron 10.000 euros a TVCS Retransmisiones, un canal de televisión, por promoción y publicidad; a Mas Mut 1.850 euros por una corresponsalía, un servicio que asegura "nunca existió", así como otros pagos ‘extraños’ que pide que sean investigados.
Así, uno tras otro, Inés Aular amplía los supuestos pagos irregulares y otra serie de ‘chanchullos’ utilizados por los hermanos Adell Bover para poder acceder a cientos de miles de euros en subvenciones públicas.
Algunas de estas subvenciones por un montante de 200.000 euros, tal y como publicó Valencia Plaza, deberán ser devueltas después de que la Conselleria de Educación dirigida por Vicent Marzà, miembro destacado de Compromís, remitiera a la Fiscalía, Agencia Antifraude e Inspección de Trabajo las conclusiones de los planes de control realizados a las empresas de Juan y Enrique Adell Bover respecto las subvenciones por la promoción del valenciano en 2016 y 2017.
En los mencionados informes, el área de Política Lingüística -cuyo director general, Rubén Trenzano, está también citado como imputado- detectó diversas irregularidades en la comprobación de las ayudas concedidas a las empresas Canal Maestrat y Kriol Produccions, ambas pertenecientes a la familia Adell Bover, por lo que ha instado, entre otras actuaciones, a iniciar un expediente de reintegro de las subvenciones que asciende a unos 200.000 euros.
