VALÈNCIA. (EP). La mujer de Alberto Gomar, presidente de la empresa Crespo Gomar, se ha negado este lunes a declarar en la comisión especial de investigación de la financiación electoral de PSPV y Bloc entre 2007 y 2008 y a responder a cualquier pregunta relacionada con la investigación judicial a su marido, sobre el que ha revelado que ha sufrido un ictus como consecuencia, ha dicho, de este procedimiento y de las informaciones que se han publicado.
María del Ángel Burgos, que ha acudido a Les Corts acompañada de su letrado, ha explicado que trabajó en Crespo Gomar desde 2005 a 2009 y ha asegurado que no ha hablado con "ningún político" ni con "nadie" antes de venir a esta comparecencia.
Al respecto, ha señalado que no iba a contestar a ninguna pregunta relacionada con el proceso judicial abierto a su marido. Además, ha señalado que no sabe "nada" sobre los trabajos facturas al PSPV y al Bloc porque ella estaba en Administración. "De números no he visto nada", ha afirmado.
Asimismo, ha revelado que su marido ha sufrido un ictus por "este juicio" y las informaciones publicadas, lo que "no se merece" porque es "la persona más leal, honesta y trabajadora" que conoce.
El diputado del PP José Ciscar, tras lamentar la situación de su marido, le ha replicado que acepta que se niegue a contestar a las preguntas para no interferir en el proceso judicial pero que no puede admitir que alegue que no sabe nada cuando tenía "el sueldo más alto de todos", incluso superior al de un conseller.
Además, le ha recordado que "nadie pone en entredicho la presunción de inocencia" de Alberto Gomar. Al respecto, Burgos le ha contestado: "Mientras pague los impuestos y a la Seguridad Social puedo tener el sueldo que me dé la gana".
Por su parte, la diputada del PSPV Rosa Peris no ha querido reformular ninguna pregunta y ha criticado que aquí se ha construido una causa con "fotocopias de correos con una alta probabilidad de manipulación". Peris ha explicado que el PSPV encargó la precampaña de 2007 a Crespo Gomar porque era "una empresa puntera" y ha asegurado que se abonaron las cuantías de los trabajos.
"No ha conseguido poner ni un solo dato de las graves acusaciones que están manteniendo", ha reprochado. Asimismo, la diputada de Compromís Mónica Álvaro ha descartado hacerle más preguntas por "humanidad".
Por su parte, desde Cs, Mari Carmen Sánchez ha lamentado la situación médica de su marido pero le ha aclarado que desde esta comisión solo persiguen determinar responsabilidades políticas en una supuesta financiación irregular en estos dos partidos y desde Podemos sí que le han leído todas las preguntas.
Por su parte, la extrabajadora de Crespo Gomar Gracia Fort Martí ha señalado durante su comparecencia previa que no recuerda que terceras empresas hubieran asumido el pago de los servicios prestados a partidos políticos y ha apuntado que supone que todas las facturaciones se correspondían con los trabajos prestados.
Fort Martí ha explicado que trabajó para esta empresa desde 2002 hasta 2009 o 2010 en el departamento de proyectos y se encargaba de la producción. Asimismo, ha comentado que prestó declaración en Gandia ante la Policía Nacional sobre sus funciones en las empresa y también le preguntaron con qué firmas habían trabajado.
Al respecto, ha aclarado que no tenía contacto directo con los clientes, sino que eran los ejecutivos de cuentas los que les pasaban la información para poder presupuestarla y una vez que lo hacían lo devolvían al ejecutivo de cuentas y "lo que se aprobaba se producía". Una vez ejecutado se pasaba al departamento de facturación. Asimismo, ha señalado que Alberto Gomar y Vicente Benlloch eran "los jefes" y serían quien hablaban con los ejecutivos de cuentas.
En ese sentido, ha recordado que llegaron a ser 80 empleados y que sobre todo trabajaron con empresas constructores, ya que esos años coincidieron con el 'boom' inmobiliario, más que con partidos políticos. No obstante, sí que recuerda haber realizado algún trabajo para el PSPV o el Bloc, como folletos, aunque no se acuerda de trabajos para el PP. "No me acuerdo pero seguramente se harían", ha apuntado.
Del mismo modo, ha señalado que no recuerda servicios como la contratación de alquiler de avionetas para partidos políticos pero en cualquier caso, ha comentado: "deduzco que los servicios que realizaba estaban en un presupuesto".
En ese sentido, ha insistido en que desconoce a quién se facturaba porque no era su competencia sino de los ejecutivos de cuentas. En total, había ocho o nueve comerciales y se encargaban de la atención de clientes por zonas, por lo que no ha sabido decir quién se encargaba de la facturación de los trabajos al PSPV.
Con todo, ha señalado que solo había una Lucía en el departamento de proyectos pero que también desconoce si Lucía Pascual recibió instrucciones para que terceras empresas pagaran las cuentas de los partidos. "Cada una tenía sus correos", ha señalado.