Foto: KIKE TABERNERQuienes hemos vivido y contado las operaciones de concentración en el sector financiero valenciano desde hace casi 30 años sabemos que la sede social de la entidad resultante de una fusión bancaria es el premio de consolación a la parte perdedora, la compensación por la pérdida de la sede operativa, el mal menor. Hay un mal aún mayor, que es que no te toque nada cuando la fusión es entre tres o más entidades.
Ocurrió en 1991 cuando se fusionaron las cajas de ahorros de Valencia y Castellón para crear Bancaja, cuya sede operativa, la verdaderamente importante, se estableció en València. La sede social se fue a Castellón, y allí se quedó hasta que Bancaja se fusionó con Caja Madrid y otras cinco cajas menores para alumbrar Bankia. El centro de poder de la nueva entidad se situó en Madrid y a València le correspondió la sede social en el número 8 de la calle Pintor Sorolla. Algo similar ocurrió en 1999 en las fusiones del Santander con el Banco Central Hispano y del Banco Bilbao Vizcaya con Argentaria —que dio lugar al BBVA—: las sedes operativas se ubicaron en Madrid y las sedes sociales se establecieron en Santander y Bilbao, respectivamente.
La sede social apenas aporta a la ciudad un bonito edificio, una pequeña estructura de personal y cierto negocio para notarios, registradores y empresas de servicios. En ocasiones puede comportar el traslado de algún departamento central desde la sede operativa, pero no es lo habitual.
El domicilio social tampoco genera apenas tributos para el ayuntamiento o la comunidad autónoma porque el Impuesto de Sociedades lo cobra y se lo queda el Estado (salvo en País Vasco y Navarra), las ampliaciones de capital ya no pagan impuestos autonómicos desde que el Gobierno de Zapatero las eximió —en perjuicio de las CCAA— para favorecer, precisamente, a los bancos en la ola de fusiones de 2010, y los impuestos municipales se pagan en función de la presencia efectiva de centros de trabajo, como bien saben en Almussafes, donde Ford España paga millones de euros en IBI e IAE pese a que su sede social está en Madrid.
Mucho más interesante para una ciudad es tener la sede operativa, el centro de poder real donde se concentran los altos directivos con buenos sueldos que llenan los restaurantes de postín. Sedes con una estructura administrativa enorme en el caso de grandes bancos —véase la Ciudad Santander y la Ciudad BBVA— que generan muchos impuestos para los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid. Por eso a Madrid nunca le ha importado que la sede social esté en otra ciudad mientras que en capitales como València sí que se valora.
En el caso que nos ocupa, el de la probable fusión de Caixabank y Bankia, la decisión más relevante es dónde va a estar la sede operativa. El reparto de cargos es circunstancial porque las personas pasarán. Lo relevante es que Caixabank y Bankia tienen varios edificios llenos de trabajadores en Barcelona y Madrid, respectivamente, con departamentos paralelos y, por tanto, redundantes a medida que avance la integración —por ahí y no tanto por las oficinas vendrá el recorte laboral—. Recordemos como el departamento informático de Bancaja, con casi 200 empleados en el edificio Cemeco, fue desmantelado tras la fusión con Bankia porque el departamento se centralizó en Madrid.
Cabría un reparto de departamentos para tratar de contentar a las dos ciudades, pero siempre hay una ganadora, que es aquella donde se ubica el despacho del CEO de la compañía, junto al que estarán más pronto que tarde los despachos de su núcleo duro, cuyos integrantes a su vez tratarán de tener a su equipo en el piso de abajo y no a 630 kilómetros. Creo que ganará Madrid porque allí se concentra cada vez más el poder, porque la incertidumbre política en Cataluña no es mucho mejor que cuando Caixabank decidió trasladar su sede social a València y porque los directivos con sueldos de seis cifras se ahorrarán en IRPF y Patrimonio bastantes miles de euros al año si viven y trabajan en el 'paraíso fiscal' de Madrid en lugar de en Barcelona.
Y esto puede influir en la otra decisión, la de la sede social. Parece tan lógico que tiene que estar en la calle Pintor Sorolla de València donde Caixabank y Bankia tienen sus domicilios, que no se puede descartar que una intervención política arruine las expectativas de los valencianos de albergar la sede del primer banco español, pequeño orgullo que ayuda a olvidar la ominosa caída del sistema financiero patrio. No deberían bajar la guardia Ximo Puig ni los empresarios valencianos.
Porque si Madrid se lleva la sede operativa, el presidente es vasco —Goirigolzarri— y el consejero delegado y primer ejecutivo es madrileño —Gortázar—, a ver con qué compensamos a los catalanes que siguen sintiendo como propia "la Caixa". Les quedaría el consuelo de la fundación, que también se ha utilizado en alguna fusión para compensar a ciudades más pequeñas, pero resulta que la Fundación 'la Caixa' se trasladó a Palma de Mallorca cuando Puigdemont amagó con proclamar la independencia.
Precisamente, el panorama político en Cataluña hace muy improbable que quienes salieron de allí a toda prisa con la ayuda del Gobierno quieran volver ahora. Y Goirigolzarri, menos, con lo a gusto que se encuentra cuando visita València.
Pero tanto la Cámara de Comercio de Barcelona como el Gobierno catalán, por boca de su vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, y del conseller de Empresa, Ramon Tremosa, lanzaban el viernes la primera piedra para pedir la "vuelta" de la entidad a Barcelona. Lo cual es una contradicción en el discurso de estos dos políticos que dicen defender los països catalans, a no ser que quieran unos països catalans aún más centralistas que la España de la que se quieren largar. Nada nuevo, es lo que han hecho cada vez tenido ocasión de echar una mano a sus hermanos al sur del Sénia: el agua del Ebro, la financiación autonómica, el cava de Requena, el Corredor Mediterráneo...
