Los fondos de reconstrucción, las infraestructuras y el empleo

Hay que reconocer el enorme esfuerzo realizado por la Comisión Europea para llegar a un consenso en los fondos de reconstrucción, máxime contando inicialmente con el posicionamiento, incluso bloqueo de y los autodenominados “países Frugales” del Norte… que finalmente accedieron en sus duras y mordaces posiciones. Fondos Europeos de reconstrucción que, si bien nos van a asignar a España, 140.000 millones de euros (72.700 en ayudas directas o subvenciones y otros 67.300 en préstamos reembolsables) es cierto que estarán sujetos –ante la sola denuncia de un país miembro, ante la Comisión– que no es sino un velo o cuanto menos una paralización de las transferencias previstas, el llamado “freno de emergencia”. Todo ello a resultas de que los fondos sean destinados a inversiones en Infraestructuras sostenibles y resilientes. Evaluación que se ejecutará semestralmente y durante el periodo 2021 a 2025, vigilando además que cumplimos con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este fondo europeo de Reconstrucción Nacional, como expondremos seguidamente, supondrá un coste político, un golpe de timón a nuestra desnortada gestión económica, que nos tiene sumidos en un caos financiero, económico, social y sanitario.

La AiReF: Autoridad independiente de responsabilidad fiscal española, en su reciente actualización, sitúa nuestro Déficit Público, a diciembre 2020, en unos 162.000 M€ (14’4 % del PIB previsto, en 1.125.000 M€).

El Banco de España sitúa nuestra Deuda Pública en 1.289.905 M€ que supone el 110’05 % de nuestro PIB nacional. Cada español de diciembre 2019 hasta junio 2020 hemos incrementado nuestra deuda en 65.744 Millones de euros…y puede finalizar en diciembre 2020 en el 126’7 %. Efecto principalmente del COVID-19, y su más que mejorable gestión sanitaria – máxime ante los nuevos rebrotes- al finalizar el 2020 la AIReF prevé que el Exceso de Gasto, frente al avanzado a Bruselas en mayo, superará los 54.000 M€. Igualmente, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) supondrán un incremento de gasto de 25.800 M€ (entre abono de prestaciones y exoneraciones de pagos a la Seguridad Social) llegando hasta los 42.000 M€ a finales de septiembre.

Contradictoriamente, a estos incrementos de gastos, las previsiones que también en mayo el Ministerio de Economía remitió a Bruselas sobre previsión de ingresos y que cifraba en  -25.770 M€ ( un -5’30% s/ ingresos 2019) ha sido la propia AIReF, el BBVA Research, el IEE – Instituto de Estudios Económicos y el Banco de España, quienes valoran a 31 de diciembre 2020, una Reducción de Ingresos, en más de  -28.000 M€ (decrementos de Renta, Patrimonio, IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA, etc.).

En cuanto al tejido empresarial, el Banco de España cifra en unos 230.000 M€ la necesidad de liquidez de nuestras empresas y augura que la quiebra técnica (patrimonio neto negativo o valor contable menor que las deudas contraídas) puede llegar hasta el 22 %. Una de casa cuatro empresas estará en bankruptcy.

Todo este cúmulo de adversidades hace que nuestra Tasa de Paro que en diciembre 2019 con el 14’10% - y que casi duplicaba el promedio de la Eurozona (7’4 %) ha ido empeorando, y si sumamos a la tasa del desempleo oficial el impacto de los Ertes, y el cese de actividad de autónomos y pequeños comercios, la desocupación a diciembre 2020 puede alcanzar al 30 % de nuestra población activa. Cifras macroeconómicas todas ellas negativas, que sumadas a nuestra incompetencia ante la pandemia y post-rebrotes (… nos han precipitado al derrumbe económico,…recordando penurias vividas tras la Guerra Civil.

Ante el cúmulo de datos macroeconómicos, es conveniente remarcar una serie de ratios, que, muestran con nitidez nuestra realidad y transmitan la URGENCIA en hacer un esfuerzo a todos los partidos constitucionalistas, no disgregadores ni independentistas, y que apuesten por la Constitución Monarquía Parlamentaria, un esfuerzo para lograr en no más de cinco años nuestra recuperación.

Nuestra población activa que hoy, tan solo supone el 51% de nuestra población censada, hay que incrementarla fuertemente. El Estado empresa es el empleador/pagador del 49% de nuestra población. Hay que disminuir esta dependencia (vía aumento de la edad de jubilación, vía creación de empleo, disminuyendo la pesada estructura pública (AGE-CC. AA- CC. LL) y erradicando las duplicidades en Agencias, Observatorios, Asesores/Afiliados, etc. La Población ocupada en el Sector Privado apenas supone el 75 % de la población activa. Cada trabajador/cotizante a la Seguridad Social debe mantener a 1’27 empleados/subsidiados públicos y debe asumir la prestación por jubilación de 1’78 pensionista…Esto es inasumible y es ajena a la financiación autonómica 2003 y 2009… tan promiscuidadamente solicitada por la Comunitat. En consecuencia, casi 7 de cada 10 españoles, dependen de la riqueza (trabajo, ahorro y empleo) que genera 1/3 de la población. Para saldar nuestra Deuda Pública, los 47’330 Millones de españoles (Sin distinguir edades, sexo ni condición) deberíamos transferir TODOS, GRATUITAMENTE, nuestros ingresos durante 13 meses…y entregarlo al Erario público.

Con estos datos, difícilmente irrebatibles, se confirma cómo el grueso de nuestros impuestos recae sobre una base muy pequeña de contribuyentes…y nos convierte en uno de los socios de la Eurozona con mayor esfuerzo fiscal. El potencial recaudatorio, es vital para entender el problema presupuestario que arrastra nuestro país. FEDEA estima que cada 200.000 trabajadores que salgan de las listas del paro, el saldo del fisco mejoraría en unos 8.000 Millones de euros.

El efecto riqueza, derivada de la generación de empleo, hace evidente que los que estaban parados, pasan a recibir un salario a pagar IRPF y cotizaciones sociales de manera directa, y a generar más IVA en la medida de que ven aumentada su capacidad de consumo. Por otro lado, la menor dependencia del presupuesto público, parte del colectivo que recibía el subsidio del paro o algún tipo de cobertura (IMV), disminuye el gasto publico asistencial.

Debemos relacionar el Plan de Reconstrucción y su mandato y necesidad URGENTE de anticipar (acelerar) el calendario de crecimiento económico y social, y bajar el paro, incrementando la población activa… todo ello con la presión (mandato) de reducción, Deuda y Déficit Público, se hace imprescindible el acometer las infraestructuras vinculadas a los proyectos de inversión. que están recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU en la Agenda 20-30 suponen una inversión, de unos 157.000 M€ a nivel nacional, de los cuales 17.000 M€ corresponderían a la Comunitat Valenciana (todo ello sin incluir los 25.000 M€ que supondrá la terminación de los Corredores de Alta Velocidad, asumidos por ADIF en el PITVI 2012 → 2024) …y actualmente en sana y necesario contraste con la escasa inversión en Cercanías.

Proyectos de inversión en infraestructuras y equipamientos públicos (sanidad, educación, justicia y bienestar social); telecomunicaciones y digitalización de servicios; energía eficiente descarbonizada en renovación inmobiliaria, infraestructuras metropolitanas de movilidad, Cercanías y transportes/logística; Ciclo del Agua Integral, lucha contra la desertización, inundaciones e ingeniería Hidráulica verde, todos ellos PRIORITARIOS.

En el calendario inmediato, tras el atípico y para muchísimos españoles y valencianos inexistente periodo vacacional (a la fuerza ahorcan) hay dos fechas claves, la primera en octubre, que va a coincidir con los PP.GG.EE que tenemos que remitir a Europa y donde ya tenemos que presentar proyectos eficientes y financiables…y conoceremos con mayor detalle la condicionalidad o “freno de emergencia” de las ayudas; y una segunda fecha, ya en abril, 2021. Que será cuando se cierre y consolide el montante del Plan Plurianual de los Fondos de Reconstrucción.

Debemos denunciar ante la opinión pública y “movilizar a la AGE” que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP- Ley 9/2017) ajustada a las directrices, que, tras múltiples incumplimientos, nos impuso Bruselas, en su artículo 332, apartado 6, nos obliga a crear la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de Contratación (OIReScom) y de allá dependiente, la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para garantizar la eficacia y sostenibilidad de las inversiones públicas del Estado (AGE-CC.AA y CC.LL) .

Entidad esta última (ONE) que a día de hoy no dispone de la preceptiva Orden Ministerial de Presidencia y Hacienda, para dotarla de recursos y medios humanos para hacerla operativa.

Tomemos nota que todos los proyectos de inversión a presentar ante el Fondo Europeo, previamente, y condición “sine qua non” deberán haber sido valorados por la OIReScom y la ONE.

La Comisión Europea ya nos ha dicho, que para anticipar el crecimiento económico a través de proyectos que tenemos en cartera y están maduros, debemos recuperar la inversión privada para proyectos públicos. Nuestra recuperación y el volver a figurar entre los países líderes europeos/internacionales, ha de cimentarse sobre tres pilares fundamentales: Presupuestos/ Planificación quinquenal 2021 → 2025 (PBC); y la Colaboración Público-Privada con financiación privada (sin desindexación) y un tercer pilar garante de ambos dos, que son los Fondos de Reconstrucción Europeos…tan generosamente concedidos.

¡Europa nos ayudará y el rescate ya está aquí…! pero España debe acometer sin amagos ni tapujos el Plan Nacional de Reformas…apostando por una ortodoxia financiera-contable-presupuestaria, y abandonando la ambigüedad, la geometría variable y el cesarismo ¡Todo el que no esté conmigo, está contra las instituciones y contra España!

Modestamente Presidente, con el mayor espíritu constructivo y de consenso, cual me corresponde como representante del mundo empresarial contratistas de agentes económicos creadores de empleo, generadores de riqueza y ejemplares contribuyentes, este no es un buen camino para conseguir el Consenso en cuestiones prioritarias que requieran los españoles y nos exigen los socios europeos.