VALÈNCIA. La magistrada instructora de 'caso Taula' ha suspendido la declaración como testigo del diputado del PP, Vicente Betoret, porque éste ha acreditado que se va de viaje familiar a las islas Baleares. Betoret estaba citado este miércoles por su relación con una de las piezas que investiga el uso de dinero público para sufragar determinados gastos en las campañas electorales.
De hecho, la Unidad Central Operativa aseguró en un informe que Vicente Betoret había pagado parte de su campaña electoral a la alcaldía de Vilamarxant con dinero procedente de Imelsa, empresa pública de la Diputación de València.
Sin embargo, el político ha sido citado como testigo porque cuando llegó el informe al juzgado habían pasado ya más de diez años desde que se cometiera el presunto delito, por lo que el mismo se considera prescrito. La juez ha citado a Betoret para el próximo día 2 de septiembre.
Así, las declaraciones previstas siguen adelante para la exconcejala Mayrén Beneyto, también citada como testigo, y para Enrique Montblanch.
En este caso, la Guardia Civil ha encontrado pruebas que avalarían que los gastos de campaña, o parte de ellos, "podrían haber sido sufragados con fondos públicos provenientes de Imelsa, como por otra parte así declaró el gerente de la empresa pública Marcos Benavent". Para ello habrían utilizado la empresa Thematica Events, de la que Benavent era socio en la sombra con un 40% de la empresa, y su amigo y testaferro Rafael García Barat poseía el otro 60%.
La Guardia Civil cree que las facturas se pasaron a través de Thematica a Imelsa como "facturación ficticia" o con la intención "de inflar facturas por trabajos reales para posteriormente desviar el margen generado". Para llegar a estas conclusiones, los agentes han comparado las facturas que tenía la empresa de García Barat de los ayuntamientos de Vilamarxant, del que era alcalde Betoret, y de Moncada, cuyo alcalde era Juan José Medina, con las facturas que entregó el Partido Popular a la Sindicatura de Cuentas en esa campaña electoral y en las que esos gastos no aparecen por ningún sitio.
El próximo día 2 de septiembre Betoret, aunque no pueda ser imputado, deberá responder sobre esos gastos electorales bajo sospecha.
La Audiencia Provincial expone las trampas del partido para financiar las campañas de 2007 y 2011. En esta última no se ha podido demostrar el origen de los fondos