Ana Barceló, consellera de Sanidad. Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha recibido varias quejas de trabajadores y sindicatos para que investigue a los empleados a su cargo que han accedido de forma irregular a los listados de vacunados para facilitar información de manera fraudulenta a terceros.
Dado que el acceso a esos listados está restringido y solo es posible mediante una acreditación personal con claves, sindicatos como el Satse han pedido al departamento de Ana Barceló que rastree los accesos para depurar las posibles responsabilidades por vulnerar la Ley de Protección de Datos.
Entre quienes han alertado de la difusión ilegal de datos personales de sanitarios están el Sindicato de Enfermería de Castellón y la sección sindical de CCOO de esa misma provincia, que se han dirigido por escrito al gerente de su departamento para solicitar que se ponga freno a la filtración de datos confidenciales. Los escritos presentados por estos sindicatos tienen fecha por registro de entrada en la Conselleria el 5 de febrero y el 15 de febrero,
Consultada al respecto el departamento que dirige Ana Barceló, un portavoz confirmó a este diario la recepción de quejas que están siendo gestionadas por la Oficina de Seguridad de la Información, dependiente de la Dirección General de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente. Las fuentes no precisaron, sin embargo, las actuaciones que ha llevado a cabo este departamento al respecto.
En su escrito de queja, el Satse asegura que el acceso y la filtración de datos privados afecta a varios de sus afiliados y supone una vulneración de varios preceptos de la Ley de Orgánica de Protección de Datos de la que pueden derivarse multas de entre 300.000 y 600.000 euro por infracción grave o muy grave, respectivamente.
Una de las reclamaciones, presentada a titulo particular por un sanitario, procede del centro 9 d'Octubre de Castelló, donde se vacunó el exfiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta. La Conselleria de Sanidad informó el 2 de febrero del inicio de diligencias previas por parte de Recursos Humanos para investigar esta vacunación "irregular" por la que Cuesta ya había presentado su dimisión.
Según informó la Conselleria en la primera fase de la investigación, los responsables de su vacunación, que se produjo en el propio centro de salud 9 d'octubre el 29 de enero, fueron la coordinadora de Enfermería de Atención Primaria y un enfermero.
Algunos departamentos sanitarios han alertado a sus empleados de las consecuencias de acceder indebidamente a los datos privados de personal vacunado ante las quejas dirigidas a la Conselleria a través del Delegado de Protección de Datos.
Es el caso del Hospital General de Valencia, que ha remitido un comunicado interno para recordar que esta información forma parte de la historia clínica y no es de acceso público. Por ello, recuerda que el acceso indebido a los datos de salud de una persona puede constituir un delito de descubrimiento de secretos y de revelación de secretos en el caso de difundirlos.
Ambos delitos están tipificados en los Arts. 197 y siguientes del Código Penal y están castigados con penas de privación de libertad y multa. En el caso de ser cometidos por empleados públicos se aplican las penas previstas en su mitad superior y se acompañan de inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 12 años. "La filtración a la prensa de información sobre las personas vacunadas podría acarrear estas penas", alerta este comunicado.
Para el abogado Carlos Fornés, presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat, el acceso a la historia clínica es con fines muy concretos y están recogidos en la ley. Según explica este experto, el artículo 11 de la Ley Organica de Protección de datos permite el acceso a estos datos sin necesidad de que el paciente otorgue su consentimiento, pero única y exclusivamente a las administraciones públicas, lo que en la situación actual de excepcionalidad le permitiría a la Administración acceder para determinar qué personas han podido tener un acceso indebido a esas historias.
"Si se determina con una investigación interna de la Administración que efectivamente ha habido personas que han accedido de forma ilícita en Abucasis, debe ponerlo en manos de los tribunales y de la Agencia Española de Protección de Datos para que vayan contra esas personas", sostiene Fornés.
