Sonia Díaz: "Estoy a favor de la autonomía fiscal, pero hay que actuar contra los traslados ficticios"

VALÈNCIA. Durante los dieciocho meses que lleva al frente de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), Sonia Díaz ha tenido ocasión de comprobar y demostrar que los cambios ficticios de residencia fiscal son una realidad que urge combatir. Al margen del dumping y demás etiquetas que adornan el discurso político, Díaz prefiere centrar el debate en la estrategia para corregir las causas de esa anomalía fiscal.

En el último trimestre de este año, a pesar del parón forzoso por la crisis del coronavirus, la ATV va a abrir 38 procedimientos ante la sospecha de que tras algunos de los cambios de domicilio investigados se esconde este "embuste en toda regla" cuyos responsables se llevan su residencia fiscal de la Comunitat con el único propósito reducirse la factura fiscal.

Diaz, que forma parte del Cuerpo de Inspectores Tributarios de la Generalitat Valenciana desde 2002, califica este fraude como el comportamiento más insolidario del contribuyente, pero avisa de que la ATV también combatirá intensamente la elusión fiscal en forma de declaraciones incorrectas o aplicación indebida de determinados beneficios fiscales.

Por ello, la directora de la ATV subraya su compromiso por reforzar la transparencia hacia el contribuyente y ensalza el papel del recién creado Observatorio Fiscal de la Comunitat para explicar el papel de la agencia y mejorar su funcionamiento a partir de las propuestas de sus potenciales aliados. 

–Podemos ha propuesto recuperar el impuesto a los residuos que el Botànic anuló en 2018, ¿qué implicaría esa figura a efectos de recaudación?

–Obviamente, la parte de gestión ya está articulada, puesto que es un impuesto que existe. En 2012 se creó por la Ley de Medidas, no con toda la entidad que tenía porque solo era el impuesto sobre los depósitos en vertederos. En 2017 se amplió a otro tipo de actuaciones, como la incineración, coincineración y valorización energética y luego sufrió otra modificación de modulación de tipos en 2018. Pero a nivel de gestión, la Agencia Tributaria tiene articulados los modelos de autoliquidación para que los contribuyentes lo puedan presentar a nivel telemático. La parte de inspección se podrá desarrollar en tanto en cuanto contemos con la colaboración del centro conocedor de la materia, que es la Conselleria competente en medio ambiente. Pero como la medida no es una propuesta de la Agencia Tributaria, no tenemos impacto económico.

–La ATV ha dedicado buena parte de sus recursos a perseguir el fraude, con un plan de choque específico para evitar traslados ficticios de residencia para eludir el Impuesto de Patrimonio. ¿Cuál es el balance de esas actuaciones?

"De 2017 a 2020 hemos abierto 60 expedientes por cambio ficticio de domicilio fiscal"

–Empezamos las actuaciones en julio del año 17. Desde entonces se han aperturado un total de 22 procedimientos: uno en el año 2017, once procedimientos en el año 18 y diez procedimientos en el año 19. El más famoso es el de los 14 millones de euros que se aperturó en el año 17 y que concluyó en el último trimestre del año 19, lo que demuestra que el procedimiento no es sencillo y requiere de mucho esfuerzo, tanto a nivel de personal como de tiempo. En este último trimestre del año, vamos a aperturar 38 procedimientos más. Es decir, que el cómputo de 2017 a 2020 van a ser 60 expedientes abiertos de cambio de domicilio fiscal, es decir, de deslocalizaciones ficticias. Los veintidós procedimientos abiertos de 2017 al 2019 están todos en fase de apertura del procedimiento de cambio de domicilio. Y los 38 que se acaban de aperturar estarían en la primera fase.

–¿Cuáles son esas fases?

–La primera fase es la de investigación. Nos ponemos el traje de detective y empezamos a buscar indicios de arraigo de residencia en nuestra comunidad, tales como que el contribuyente tenga inmuebles ubicados en la Comunidad Valenciana, cuentas bancarias abiertas, incluso cajas fuertes alquiladas en los bancos. También que su cónyuge por cualquier razón esté viviendo aquí o que los hijos sean residentes y vayan al colegio también en la Comunitat.
La segunda fase es la de requerimientos. Obviamente tenemos unos indicios y vamos a acreditar que realmente son ciertos y empezamos a requerir a administraciones de cualquier tipo, ya sean entes locales, ya sea la Agencia Estatal, la Tesorería o el Registro Civil o Mercantil y también a entes privados como aseguradoras privadas, sanitarias, entidades financieras... Es una fase bastante laboriosa, porque cierto es que aunque hay voluntad de colaboración, a veces los tiempos se dilatan y haces un requerimiento y tienes que recordar o reiterar la petición.

Cuando acaban estas dos fases y la Agencia Tributaria Valenciana tiene el noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento de que, por los indicios que tenemos y los requerimientos realizados, el contribuyente no reside en la otra comunidad sino que reside en la Comunidad Valenciana, aperturamos el procedimiento. Utilizamos como interlocutor a la agencia estatal y es la que pone en contacto a la otra comunidad y le pone de manifiesto que la Comunidad Valenciana requiere que sus contribuyentes allí domiciliados no residen y que procedamos a hacer ese cambio de domicilio. Normalmente las otras comunidades no ponen ninguna pega.

–Hubo una regularización de 14 millones, ¿han detectado otras regularizaciones pendientes de ese calibre?

–Las cuantías son algo a resaltar. Si son solo expedientes por Patrimonio, no suelen ser cuantías muy importantes. Por ejemplo, para un patrimonio de 10 millones, podemos recaudar en un año 300.000 euros de cuota. Si eso lo multiplicamos por 4 años, que es lo que podemos regularizar, nos movemos sobre el millón o dos millones de euros por contribuyente. Pero quién no nos dice que, si en el desarrollo de los procedimientos se diera la desgracia del fallecimiento y los herederos tributasen en la otra comunidad, pues también giraríamos las regularizaciones correspondientes por Sucesiones.
Hay tres procedimientos a punto de cerrarse, pero no puedo dar las cifras porque estamos ahora en fase de cálculo. Otros dos se cerraron porque efectivamente existía cambio de residencia y no había ninguna ficción. El resto, en función de los patrimonios, que son elevados. Podría oscilar entre los 30 y los 40 millones, pero no lo puedo asegurar exactamente.

–¿Se ha percibido el efecto disuasorio de estas medidas?

"El efecto inducido de las campañas de patrimonio se demuestra en que el número de declaraciones ha aumentado cada año"

–Sí. Desde que se iniciaron las campañas de Patrimonio en 2016 hasta este año, hemos visto que el número de declaraciones ha aumentado cada año. No sólo por las actuaciones de la propia agencia de forma directa, sino por ese efecto inducido porque si la regularización es voluntaria no hay sanción. Hay un aumento del número de declarantes de Patrimonio. Nos movemos por los 22.000, pero va aumentando.

–La propuesta de armonización fiscal de ERC ha devuelto al primer plano del debate el dumping fiscal de Madrid que tantas veces ha denunciado el presidente de la Generalitat...

–Como Agencia Tributaria Valenciana, luchamos contra el fraude, que es la actuación más insolidaria que existe en el mundo tributario. En cuanto a la aplicación real se pone de manifiesto, y yo no hablo de teorías, ni de conceptos, ni de competencia desleal, ni de dumping fiscal, sino de una realidad que son los 60 expedientes que tenemos abiertos por deslocalizaciones ficticias. El contribuyente que se deslocaliza lo hace porque hay comunidades autónomas con un régimen de tributación más amable, que tienen un músculo económico que les permite mantener un sistema de tributación más relajado y amable.
Soy conocedora de que hay autonomía financiera y fiscal de las comunidades, por supuesto. Pero también tiene que haber coherencia tributaria. En el momento en que hay diferencias sustanciales de tributación, empieza la comparativa y obviamente el ciudadano es muy libre de trasladarse. El problema que tengo yo como directora de la agencia es que los traslados son ficticios y hay que desenmascarar al que está engañando a sabiendas. No es una mentira piadosa, es un embuste en toda regla porque sabes que, si tú te domicilias fiscalmente de forma ficticia en Madrid, está bonificado el patrimonio al cien por cien y cuando fallezca tus herederos van a estar tonificados el 99 por 100. Obviamente estoy a favor de la autonomía fiscal, pero también tiene que haber una coherencia en cuanto a esa armonización que se está planteando; horquillas para que haya aplicación de coherencia tributaria.

–¿Qué es la coherencia tributaria?

–Que se aúne la autonomía fiscal con la armonización fiscal. Armonización entre horquillas; un sistema coherente que definan los expertos.

–Hay comunidades como la de Madrid que gozan de ventajas competitivas que le permiten aplicar esa política fiscal más laxa... ¿Cómo cree que debería solucionarse el problema?

"Si las cartas son diferentes y hay comunidades que tienen ases bajo la manga, hay que romper la baraja"

–Primero, por el sistema de financiación, que no se nos puede olvidar. Lo importante es que constatamos hechos, no suposiciones. Y los hechos están claros: la mayor parte del tejido empresarial, las infraestructuras, incluso en la administración, está todo centralizado en Madrid. Estamos en un estado cuasi federal, en un Estado de las autonomías y todas queremos tener nuestra parte importante porque hemos asumido competencias y tiene que haber corresponsabilidad. Si la Comunidad Valenciana está obligada y además así lo queremos hacer, a prestar unos servicios públicos de calidad, no sólo los fundamentales, tenemos que disponer de la otra parte, que es la parte de ingresos tributarios. Si estamos en un juego donde las cartas son diferentes y hay comunidades que tienen ases bajo la manga, pues entonces el juego no es el mismo. Hay que romper la baraja.

–¿Lo considera un problema tan grave como para hablar de dumping?

–No es cuestión de concepto; dumping fiscal, competencia desleal... Cierto es que hay comunidades que tienen un sistema tributario más amable. Madrid, La Rioja, Cantabria, incluso Andalucía para sucesiones. Es decir, si hay comunidades donde la tributación es más baja, hay una especie de competencia desleal. Porque no estamos jugando con las mismas cartas, hay cartas diferentes, las barajas no son las mismas. Dentro del territorio español por lo menos tendríamos que tener unos mínimos para que todos pudiéramos aportar dentro de nuestra comunidad en función de la cobertura que tenemos que hacer. El mantenimiento del Estado de bienestar en definitiva.

–¿Cuántos contribuyentes valencianos se verán afectados por la bajada del limite mínimo previsto para el Impuesto de Patrimonio? ¿Cuánto se prevé recaudar con la bajada del umbral?

–Las medidas no se han planteado desde la Agencia Tributaria Valenciana. Son medidas que tampoco están en el anteproyecto de Ley de Medidas. Son unas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, de forma que quien ha presentado la medida es, entiendo, el que tiene que dar la valoración económica. Yo no tengo las cifras, no las he calculado porque la medida no sale de nosotros. Cuando esté la ley aprobada haremos los números que tengamos que hacer. Pero a priori todo se queda en futuras o futuribles propuestas. No hay nada cerrado.

–La recaudación adicional por la subida del IVA a las bebidas azucaradas, ¿va a ser íntegramente para el Estado o se repartirá con las CCAA?

–Cuando hay variación de los tipos, tanto la LOFCA como la Ley de Financiación dicen que las variaciones que hace el Estado se las queda el Estado. Nuestros representantes tendrán que solicitar a Madrid que exista algún tipo de compensación, algún fondo. Porque obviamente parece que no es muy justo.

–¿Hay margen para modificar impuestos autonómicos?

–El esfuerzo que estamos pidiéndole a nuestros ciudadanos y ciudadanas es por el sistema actual de financiación. En el momento en que haya un cambio podríamos plantear si puede haber margen para actuar en impuestos. Pero primero necesitamos que exista un sistema de financiación más ajustado a las necesidades reales porque ahora estamos a la cola en cuanto al reparto de la financiación. Para poder mantener y cubrir esos servicios públicos tenemos que hacer nuestros deberes y dentro de nuestra capacidad tributaria pedir ese mayor esfuerzo que otras comunidades, por su situación y por su músculo económico, no necesitan.

–La ministra de Economía ha abogado esta misma semana por abordar la cuestión de la armonización fiscal dentro del proceso de reforma de todo el sistema de financiación...

–Es fantástico porque incluyó a todos. Aunque luego aclaró que no se refería a Navarra y país Vasco, tal vez es el momento de ser valientes y de enfrentarse a un estudio en profundidad de todo el sistema de financiación. Los tiempos cambian. Igual que la pandemia nos ha enseñado que hay que empezar a utilizar mucho la tele administración y que todos los procesos digitales son fundamentales para el día a día, igual también ha llegado el momento de plantearse una reforma fiscal y financiera del sistema de financiación de todo el territorio español. Excede de mis competencias, pero sería una opción.

–¿Cuál es la estrategia de la ATV para la actividad de inspección en 2021?

"tal vez es el momento de ser valientes y de enfrentarse a un estudio en profundidad de todo el sistema de financiación"

–El programa anual de actuaciones de 2020 ya ha sido revisado para el primer semestre del año y en breve saldrá también a la luz la publicación del informe semestral, de los objetivos estratégicos marcados y de los indicadores. Los objetivos estratégicos son tres. Primero, permitir que la ciudadanía se relacione con nosotros por medios electrónicos. El segundo objetivo es la lucha contra el fraude en tres versiones: gestión, recaudación e inspección. El tercer objetivo es fortalecer a la Agencia Tributaria Valenciana. Inserto en él está el Plan de Control Tributario, las directrices que vamos a seguir para luchar contra ese fraude. En las dos versiones: la evasión fiscal, para llamar a capítulo a quien evite tributar, y en la versión de la elusión fiscal, para quién se equivoque o se aplique beneficios fiscales y no cumpla los requisitos. Lucharemos intensivamente contra la elusión fiscal y contra la evasión fiscal no solo desde el Departamento de Inspección, sino también a los departamentos de Gestión y a los departamentos de Recaudación.

–¿En qué se va a centrar la inspección?

–Vamos a continuar con la campaña de deslocalizados ficticios, en Patrimonio básicamente. Vamos también a los no declarantes de herencias. Y por supuesto, a la aplicación de los beneficios fiscales; esas reducciones por empresa, por participaciones, por vivienda habitual, ese tipo de beneficios fiscales que necesitan del cumplimiento de unos requisitos en los que nos vamos a centrar. Como novedad, vamos a hacer campañas en cuanto a concesiones administrativas. Dentro del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, vamos a ver si las concesiones administrativas que no tributan por IVA tienen que tributar por Transmisiones.

Otra campaña que también va a ser muy potente es el deslinde de IVA - transmisiones patrimoniales. Hay operaciones donde no está muy claro si se tiene que tributar por IVA o por Transmisiones. Vamos a poner negro sobre blanco y ver si realmente, esa operación que tributó por IVA, tiene que tributar por IVA o corresponde tributar por transmisiones. Es decir, campañas de no declarantes y campañas de aquellos declarantes que han incumplido o que posiblemente han incumplido.

–¿Se percibe un aumento del fraude con la crisis?

–Hemos parado las máquinas durante el período de pandemia porque tampoco queríamos inquietar a los ciudadanos enviándoles ni cartas ni recordatorios. No vamos a intentar recuperar el tiempo que ya ha pasado, nos hemos recompuesto, hemos reformulado los objetivos y lo que vamos a hacer es desarrollarlo a futuro.
Sí que hemos detectado que el efecto inducido de las campañas de patrimonio este año ha dado como resultado que se ha autoliquidado impuesto de patrimonio por valor de 4,6 millones en 2020. Esto no es el patrimonio de 2019 que se ha presentado ahora; son patrimonios del año 2015 a 2018 que voluntariamente el contribuyente ha autoliquidado. Eso es importante porque demuestra que el efecto inducido existe. Internamente, hemos generado liquidaciones de Patrimonio a 700 contribuyentes por un valor de 2,5 millones. Hemos tenido las máquinas paradas, pero no estoy descontenta con la actuación de Patrimonio.

–¿Cómo se ha reflejado el anormal aumento de la mortalidad que se está produciendo este año en las declaraciones del impuesto de Sucesiones y Donaciones? ¿Han realizado estimaciones al respecto?

–La mayor parte de las herencias que les tocaría presentarse en estos seis meses han pedido prórroga, de forma que los efectos los veremos o bien en este mes de diciembre o bien en el primer trimestre o semestre del ejercicio 2021. Cuando hay una herencia hay que recopilar mucha documentación y no es sencillo, y más con una situación de pandemia.

–La AIReF acaba de publicar un informe sobre el Presupuesto de la Generalitat en el que prevé una recuperación más discreta de los ingresos impositivos que la Conselleria de Hacienda, especialmente en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el que la comunidad prevé un crecimiento del 22%. ¿Qué opina al respecto?

–Sí, pero en esa previsión en la que yo colaboré con el director general de Tributos y Juego hay que tener en cuenta la legislación vigente. Por ejemplo, el anteproyecto, que ya es proyecto, de Ley Antifraude, que introduce un cambio muy importante en los impuestos patrimoniales, en concreto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Hay un cambio de el concepto de base imponible, que ya no va a hacer alusión al concepto de valor real, sino al valor de referencia, calculado por la Dirección General de Catastro. Eso va a ser un cambio significativo a la hora de la autoliquidación y las comprobaciones porque se va a agilizar y se va a eliminar parte de la litigiosidad que actualmente existe. Parece que se abre una ventana que viene como un balón de oxígeno a la hora de esa comprobación de valor y de hacer que realmente se tribute por lo que se tiene que tributar y es por el precio de la operación. Por eso esa esperanza de que con este proyecto de ley se puedan conseguir unas cifras acordes a la realidad.

"Hemos cambiado la filosofía de la ATV. no se guardan instrucciones o criterios EN EL CAJÓN para pillar al contribuyente en un renuncio"

El mantenimiento o incluso incremento de esa previsión de ingresos se sustenta en esto pero hay otro motivo y es que, por sentencia del Supremo y por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las compraventas de oro y de metales preciosos tributan por Transmisiones Patrimoniales. Esta ley lo especifica dentro del cuerpo legal, de forma que en aquellas operaciones donde había dudas ahora queda clarísimo que van a tributar por Transmisiones Patrimoniales

–¿Qué frutos ha dado el Observatorio Fiscal?

Es como mi hijo. Es una idea que yo tenía en mente desde que soy inspectora, desde el año 2002, para dar participación a los ciudadanos. Primero, para que haya conciencia tributaria y para que me ayuden a luchar contra el fraude. Ya en la primera sesión se creó un grupo de trabajo interdisciplinar para la puesta en funcionamiento del programa de ayuda de las Herencias (PADRE). Tenemos un nuevo programa de ayuda y vamos a testearlo con el objetivo de poder lanzarlo en febrero. Si de ese observatorio podemos conseguir en un futuro a medio o largo plazo, un código de buenas prácticas como el de la Agencia Estatal, los objetivos estarían totalmente cumplidos.

Hemos cambiado la filosofía de la agencia. Aquí no se guardan debajo del cajón instrucciones ni criterios para pillar al contribuyente en un renuncio. Incluso vamos a publicar los criterios de la Agencia Tributaria en las situaciones donde el criterio no está claro porque es interpretable, algo que nunca antes se ha hecho. Yo busco la transparencia radical. Es fundamental el diálogo con la ciudadanía, con los interlocutores fiscales y, por supuesto, que haya transparencia de información porque entonces nadie podrá decirme que no sabe cómo hago las cosas.