VALÈNCIA. El juzgado de instrucción número 4 de Valencia citó este martes como investigado a Francisco Puig, hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, por un presunto fraude en subvenciones públicas -en concreto, ayudas por el fomento del valenciano- a raíz de una querella presentada por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV). Junto a él, el próximo 10 de diciembre también será citado a declarar el director general de política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, al que el juez investiga como presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos además de por un delito de prevaricación.
La querella presentada por los populares denuncia que las dos empresas del hermano del jefe del Consell, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Producciones, habrían duplicado facturas para justificar la captación de ayudas de distintos gobiernos autonómicos: Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. Según la denuncia, además, las empresas de 'Francis' Puig no cumplían los requisitos exigidos para la concesión de las subvenciones y, por consiguiente, no deberían haberse dado.
Un terremoto judicial a las puertas de una campaña electoral que este martes valoraron diferentes referentes de los partidos valencianos y que sirvió a Unides Podem para poner sobre la mesa una de las exigencias que han venido reivindicando los morados durante las negociaciones de los presupuestos de la Generalitat año tras año: la reducción de las ayudas discrecionales.
La síndica de Unides Podem en Les Corts, Naiara Davó, abogó este martes por "reducir la discrecionalidad de las ayudas públicas" al ser preguntada por la investigación abierta al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y al hermano de Puig. "La Justicia ha de hacer su trabajo, y de todas formas, si se ha de dar información o rendir cuentas políticas, se hará", aseguró. Este asunto "sirve también para reflexionar sobre la necesidad de reducir la discrecionalidad de las ayudas que se dan, con criterios más objetivos", todo ello en aras de una mayor "garantía, tanto para el político como para la parte social", añadió la portavoz.
Cabe recordar que durante la negociación de las cuentas de 2019, como en años anteriores, Podemos presentó varias enmiendas para reducir la cuantía reservada en el Presupuesto para que Presidencia concediera subvenciones directas. La formación liderada -todavía- por Antonio Estañ pedía reducir en 400.000 euros esta línea dotada de un millón de euros en el Presupuesto porque no le agradaba la manera en la que se concedían: de forma directa y sin concurrencia competitiva.
Los morados lograron que se aprobara una enmienda en este sentido: una en la que desviaban 250.000 euros a la campaña de "El Nadal es valencià" que realiza anualmente Presidencia de la Generalitat para promocionar "los productos valencianos y actividades vinculadas a las fiestas navideñas". Algo que anualmente ya se contemplaba en esta partida, por lo que la única diferencia que generaba esta enmienda era que se concederían por concurrencia competitiva y no por concesión directa.
Medio año después, Puig terminaría burlando esta enmienda: la Conselleria de Hacienda realizó una modificación de crédito en pleno mes de agosto para devolver 225.000 euros de la partida reservada para "El Nadal es Valencià" a la línea presupuestaria "promoción y fomento de actividades de interés público, socio-cultural, económico o humanitario de la Comunitat Valenciana". Es decir, el cajón de sastre de las subvenciones directas.
Por su parte, el portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, señaló este martes que todo el mundo "sea hermano de quien sea, debe cumplir con la ley". Sin embargo, el síndic recordó que las denuncias que ha presentado "a diestro y siniestro" el PPCV en los últimos años han sido archivadas, por lo que consideró necesario "esperar a tener más información y a que avance la investigación". Su homólogo socialista, Manolo Mata, censuró que esto se trata de una "persecución a (Ximo) Puig por tierra, mar y aire" y confió en que la investigación termine archivándose "porque las ayudas están todas perfectamente justificadas".
Mientras, desde la oposición solicitaron desde comparecencias a dimisiones. La portavoz adjunta del PPCV y autora de la querella, Eva Ortiz, pidió que el president de la Generalitat Valenciana acuda a Les Corts a dar explicaciones, una petición a la que se sumó la síndica de Vox, Ana Vega, y el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó. El portavoz de los naranjas consideró "necesario" investigar "al Berlusconi de Morella" y pidió la renuncia de Rubén Trenzano como director general de Política Lingüística.
Los agentes ponen el foco en los gastos no subvencionables de las empresas, como el alquiler de la vivienda de otro de los hermanos Puig
