Viva Europa costó 100.000 euros pero Patrocini facturó 300.000 al coliseo

VALÈNCIA. La segunda jornada del juicio del caso Palau, que juzga el presunto saqueo del coliseo valenciano, comenzó con la declaración de Silvia Alonso, la persona que fue contratada en Patrocini para captar patrocinadores. Alonso fue la persona que los procesados, el abogado José Antonio Noguera y el empresario Joaquín Maldonado contrataron para Patrocini y que terminó sustituyendo en esa tarea a la persona contratada por el Palau, Rosa María Ibáñez. Alonso aseguró que en las reuniones con la exintendente Helga Schmidt, ésta les habló del “descontento” que había con el departamento de patrocinios del propio Palau.

En una declaración que duró cerca de hora y media, Alonso contó respecto del acto Viva Europa, que “nosotros hicimos este evento con la finalidad de dar proyección al Palau y a la ciudad de València” retransmitiendo una ópera a diferentes ciudades europeas. Lo organizó Patrocini. 

Preguntada por el fiscal sobre dicho evento, la testigo dijo, “para mí Patrocini y Viva Europa era lo mismo. Participé en los tres años que se hizo. Este evento lo pagaba Patrocini; por un lado la parte de València que éramos los responsables y por otro la parte europea que era conseguir que se adhirieran”. 

Sin embargo, la mujer explicó que aunque pagaba a los proveedores Patrocini, en realidad quien pagaba era el Palau, el coliseo “pagó 300.000 por los trabajos de 2008 y 2009. Una cosa es que nosotros pagáramos, pero había un contrato por la que el Palau pagaba una cantidad fija que se estableció con un coste estimado. A Patrocini le costó en torno a 80 o 100.000 euros y Palau pagó 300.000 euros”. Es decir, el coliseo abonó el triple del coste real del evento a Patrocini.

Es precisamente esta explicación dada por Silvia Alonso la que hizo sonreír al fiscal, ya que en su escrito de calificación una de las bases de la acusación es el sobrecoste que supuestamente se produjo en dicho evento. Por su parte el magistrado presidente le preguntó quién era la persona que sabía las instrucciones de quién facturar y a quién no, la mujer dijo que fueron Noguera y Maldonado. 

Sobrecoste 'injustificado' de 248.222 euros

En cuanto a lo declarado por la testigo sobre Viva Europa, es muy relevante lo explicado por la testigo porque es uno de los puntos fundamentales de la calificación del fiscal. La Fiscalía asegura que Schmidt, "actuando de acuerdo con los acusados José Antonio Noguera Puchol y Joaquín Maldonado Rubio", con ánimo de eludir los controles administrativos realizó contratos con una sociedad mercantil por los que ésta percibió de la Fundación 508.040€ en concepto de precio fijo por la organización de eventos Viva Europa y comisiones por captación de patrocinadores.

El Palau realizó dos transferencias a la sociedad por importe de 300.000 euros y el fiscal entiende que inicialmente se pagó un sobrecoste "carente de toda justificación" de 143.525,50 euros. Sin embargo, entiende que esta cantidad ascendería a 248.222,79 euros por cobrar Viva Europa por gastos que excedían del contrato, como por el registro de dominios web o gastos de registro mercantil, entre otros.

Por Viva Europa 2010 la Fundación pagó también 21.440 euros "carentes de justificación" y por la edición de 2011 se le transfirieron 100.000 euros que provenían de Aguas de Valencia, entidad que financiaba el evento. En total, el ministerio público estima que en este último caso se desviaron 60.000 euros públicos.

En este caso, asegura la acusación pública, "no se siguió en ningún momento los trámites esenciales de la contratación administrativa y, por tanto, se eludió la publicidad, concurrencia y transparencia de los procedimientos que pretende garantizar la normativa vigente".

El juicio

En el juicio se sientan en el banquillo el exdirector financiero Ernesto Moreno; el presidente del consejo de administración de Patrocini —empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores—, José Antonio Noguera Puchol; el ex consejero delegado de esta firma Joaquín Maldonado, y el administrador de la sociedad Radcliffe —mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones—, Pablo Broseta.

En cuanto a las penas, el fiscal reclama ocho años de prisión para Ernesto Moreno; siete años para José Antonio Noguera Puchol; siete años de cárcel para Joaquín Maldonado, y otros siete años para Pablo Broseta. La acusación contra Schmidt fue retirada tras el fallecimiento de ésta.