CASTELLÓ. Vivienda justifica la ordenación de los alquileres en Castelló al identificar distritos con precios "inflados" por culpa de los fondos buitre. A la espera de tener el diagnóstico del Plan Estratégico, las primeras conclusiones apuntan a la existencia de barrios "tensionados" que acreditan una intervención a fin de evitar la especulación, una medida que contempla la futura Ley Estatal.
La norma, en los albores de su tramitación, prevé que los ayuntamientos puedan regular los arrendamientos en aquellas zonas de rentas medias donde exista una constatación de crecimiento desmesurado. Por ejemplo, en el Raval Universitari, según los resultados preliminares de ese estudio encargado a una empresa externa.
En este sentido, la Concejalía espera contar en octubre con una primera radiografía acerca de la situación real de la ciudad a propósito del mercado inmobiliario. Esa evaluación se enmarca dentro del Plan Estratégico de Vivienda, que contempla como documento clave un análisis sobre las necesidades habitacionales y de rehabilitación. A partir de ahí, se determina la movilización de pisos vacíos para el alquiler social.
En este trabajo se tiene en cuenta la disponibilidad de oferta por barrios, la existencia de domicilios vacíos y las razones y la demanda solvente que hay (rentas medias de las familias). Además, se actualiza el censo de viviendas con el propósito de estrechar el cerco sobre los grandes tenedores -más de 10 unidades- para, con medidas disuasorias (recargos de un 50% en el IBI), frenar la usura.
Según el Sistema Estatal de Índices de Alquiler de Vivienda, la estimación media de arrendamiento de un inmueble no unifamiliar en Castelló se sitúa en los 400 euros. El 25% de esos alquileres se mueve por encima de los 600 euros. De acuerdo con las mismas cifras, una construcción con una superficie útil de 100 metros cuadrados tiene un precio de 600 euros. Por otro lado, un informe del Banco de España señala que la capital de la Plana experimenta un incremento de hasta el 30% en lo que respecta a la locación en el periodo entre 2014 y 2019.
En la actualidad, el consistorio posee 227 inmuebles destinados a las familias en situación de vulnerabilidad. Desde principios de año se ocupa directamente de la adquisición de nuevas moradas al gestionar el presupuesto de 1,8 millones de euros con el objetivo de ampliar la bolsa municipal.
Paralelamente, la Concejalía avanza con el proyecto de constituir una empresa pública que administre los recursos en materia de vivienda a partir de 2023. Se trata de seguir los pasos de ciudades como Madrid, que cuenta desde hace años con la sociedad EMVS, de capital 100% municipal, que se rige por criterios exclusivamente sociales. Su principal objetivo consiste en "facilitar a la ciudadanía el acceso a un hogar digno, apostando por la intervención sobre situaciones de mayor vulnerabilidad y adaptando la vivienda a las nuevas demandas ciudadanas", como recoge su página web.