CASTELLÓ. El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, busca el más difícil todavía en su tercer año de mandato: lograr el consenso político para aprobar el presupuesto. En este caso, de 2022. Se trata de su gran asignatura pendiente desde que irrumpió en la entidad supramunicipal en junio de 2019, cuando la coalición de izquierdas (PSPV y Compromís) acabó con 24 años de gobierno del PP. Aunque en el discurso de toma de posesión reiteró que su legislatura se caracterizaría por la aquiescencia, tendiendo siempre la mano a la oposición para llegar a acuerdos, lo cierto es que la unidad se le resiste a la hora de sacar adelante las cuentas anuales.
En el primer ejercicio, a pesar de abrir mesas de diálogo con el PP y Ciudadanos, Martí solo logró que populares y naranjas se abstuvieran en la votación. La mayoría del bloque progresista avaló en solitario el documento económico de 148,9 millones de euros ante las críticas de la bancada rival, que afeó al equipo de gobierno su cerrazón con vistas a modificar determinadas partidas en beneficio de los municipios.
En 2020, la segunda intentona del presidente de la Diputación se quedó a las puertas de la anuencia. A pesar del empeño por incorporar al presupuesto las propuestas de la oposición, apurando las conversaciones hasta prácticamente el mismo día de la votación, al final únicamente Cs aceptó sumarse al concierto del equipo de gobierno. El PP, a diferencia del curso anterior, rechazó el proyecto financiero, cifrado en 168,3 millones de euros. El principal partido de la derecha endureció incluso su discurso respecto a 2019 durante el debate y reprochó al bipartito su "falta de ambición".
Un año después. Martí vuelve a la carga para tratar de que a la tercera sea la vencida. La empresa no resulta fácil en vista del giro de la oposición. Por un lado, Cs ha dejado de coquetear con el PSOE en las instituciones y ha incrementado el listón de exigencia para alcanzar lo que su portavoz, Cristina Fernández, siempre ha definido como "políticas útiles". Por otro, el PP ha acorazado su argumentario ideológico con los cambios experimentados en el comité de dirección a raíz de la proclamación de Marta Barrachina como presidenta provincial. Ese mayor punto de censura ha sido una constante en los últimos plenos.
Frente al aumento de la fiscalización por parte de la derecha, el presidente de la Diputación se aferra a las mismas armas que ha esgrimido en sus primeros dos años de mandato: consenso, pacto, acuerdo y pacificación. Cuatro palabras que acentuó en su alegato de investidura y que se ha propuesto se conviertan en la mejor baza de cara a afrontar las negociaciones con la oposición, iniciadas a principios de la semana pasada.
"Creemos que es importante que vayamos todos de la mano para hacer frente a la recuperación económica de la provincia, de ahí que consideremos que es importante trasladar ya a todos los grupos la necesidad de que sumemos en beneficio de nuestros municipios", señaló Martí el lunes tras mantener una primera toma de contacto con los portavoces del PP, Vicent Sales y María Ángeles Pallarés. Esa declaración de intenciones marcará el devenir de las negociaciones y que se prolongarán a lo largo de varios meses, ya que el presupuesto no se aprobará hasta noviembre o diciembre, teniendo en cuenta los antecedentes.