CASTELLÓ. Abogados Cristianos da otra vuelta de tuerca acerca de la polémica sobre los 32 libros con perspectiva LGTBI repartidos por el Ayuntamiento de Castelló en 11 institutos públicos y un centro de menores. Ante el anuncio de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, de no acatar el auto al considerar que la competencia corresponde a la Conselleria de Educación, contra la que no existe proceso judicial alguno, la asociación pide ahora a la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, Carola Soria, que acuerde la retirada "inmediata" de los ejemplares.
Según expone el colectivo en su solicitud, presentada este miércoles, el retraso respecto al cumplimiento de la medida cautelar provoca "una indefensión manifiesta", además de vulnerar "el derecho de tutela judicial efectiva". Para demostrar que el equipo de gobierno no prevé ejecutar el auto, incorpora algunas de las frases pronunciadas por Oltra en su visita a la capital de la Plana este lunes. "Los libros se quedan [...]. El Ayuntamiento de Castelló no tiene competencias sobre los centros educativos, sino la Conselleria de Educación, una administración a la que no se ha interpelado en el auto [...]. Se está pidiendo un imposible, puesto que la donación ya se ha realizado [...]. Si quieren conseguir retirar los libros de las bibliotecas, tendrán que volver a empezar el proceso judicial [...]. No se puede permitir que los jueces no conozcan o no apliquen las leyes, que elijan cuáles les conviene aplicar y cuáles no".
La controversia sobre los libros arrancó el pasado 15 de octubre, cuando la jueza decretó la retirada de los ejemplares distribuidos por el consistorio dos días antes en los IES Bovalar, Caminás, Francesc Ribalta, Juan Bautista Porcar, La Plana, Matilde Salvador, Miquel Peris i Segarra, Penyagolosa, Politècnic, Sos Baynat y Vicent Castell Doménech, y el centro de menores Pi Gros. Soria estimó el recurso de Abogados Cristianos, ordenando la "medida cautelar".
La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, señaló entonces que "los padres tenemos que vigilar que desde las instituciones no impongan una ideología a nuestros hijos". En este sentido, reiteró que "desde el Ayuntamiento de Castelló muestran reiteradamente su radicalismo contra la religión. Ya lo vimos cuando pusieron a Jesús crucificado en un juego de Tetris en Semana Santa o con su ofensiva constante contra la Cruz del Ribalta".
Aunque contra la decisión provisional de la jueza no cabe recurso, el Ayuntamiento de Castelló ya ha anunciado que alegará, toda vez que el procedimiento judicial sigue su curso. De hecho, más allá de la medida cautelar, la magistrada todavía debe entrar en el fondo del asunto y emitir una sentencia. Fuentes municipales aseguran que los técnicos ultiman el documento con sus argumentaciones jurídicas para presentarlo ante el Contencioso-Administrativo este jueves, apurando así el plazo legal.
Tanto las instituciones como los colectivos afectados insisten en mostrar su "perplejidad" por el auto judicial. La alcaldesa, Amparo Marco, aseguró este martes que "actuaremos contundentemente en el cumplimiento de la ley valenciana de LGTBI y ahí se cierra la polémica". Un día antes, la edil de Cultura, Verònica Ruiz, afirmó que "tenemos la convicción de que regalar estos libros en los centros educativos contribuye a la inclusión y el respeto a la diversidad".