Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EP). Aerte ha convocado una concentración el próximo jueves frente a la Conselleria de Igualdad para exigir que se hagan las modificaciones necesarias del nuevo decreto 102/2022, que regulación al sistema de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana, para garantizar que se pueda prestar "una adecuada atención", según informa la patronal en un comunicado.
Al respecto, el presidente de Aerte, José María Toro, ha lamentado que a pesar de todas las reuniones con las diferentes Direcciones Generales llevadas a cabo para explicar "la gravedad" de la situación que generará este nuevo decreto, la Conselleria se ha negado a llevar a cabo las modificaciones.
En ese sentido, critica que se reduce el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental. Hasta ahora se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.300 euros mensuales, y ahora se concederá solamente una tercera parte, 715 como máximo, lo que está "impidiendo a una gran mayoría de ellos ser atendidos por falta de recursos económicos". Además, esta situación está "impidiendo una correcta transición entre recursos en el proceso de rehabilitación de la persona".
Además, limita el precio de la plaza privada a través de la prestación vinculada de garantía, que queda por debajo del precio de muchas plazas de centros, lo que "impide a muchas personas acceder a esas residencias o viviendas tuteladas y les coarta su capacidad de elegir el centro más cercano a su vivienda".
Al mismo tiempo, no permite que las personas puedan acceder a una habitación individual o a servicios añadidos, si así lo desean, ya que la prestación vinculada de garantía prohíbe que paguen servicios por encima del coste de referencia.
En cuanto a otras prestaciones, no exige que los profesionales se acrediten para la prestación de asistente personal, algo que sí exige para las entidades, lo que "parece discriminatorio, aparte de que va contra la calidad de los servicios que se ofrece".
Asimismo, ha advertido de que "las grandes dudas" generadas por el proyecto de decreto de tipologías en recursos residenciales de mayores y de atención a la salud mental o de centros de día "amenazan la viabilidad de la red de servicios que atiende a personas en situación de vulnerabilidad de nuestra comunidad".
Por todo ello, se concentarán este jueves para mostrar su rechazo al decreto y pedir que una modificación para "prestar una adecuada atención en salud mental y dependencia".
