CASTELLÓ. Los ánimos siguen caldeados en Ciudadanos de Castelló. Más allá de rebajarse la tensión por la elección de un solo representante de la provincia para integrar el consejo general, la crispación va en aumento a medida que avanzan los días. Tanto es así que algunos afiliados, a través de los grupos corporativos, proponen dar un golpe de efecto con el propósito de llamar la atención y presionar al comité autonómico.
La iniciativa que circula como la pólvora en las últimas horas sugiere ejecutar una renuncia masiva y coordinada de las agrupaciones, de manera que la militancia del partido naranja quede reducida a su mínima expresión.
Solo los diputados autonómicos y provinciales, así como los concejales se librarían de la acción, sobre todo estos últimos, entre otras cosas para evitar fatales consecuencias en aquellos municipios donde se gobierna en coalición, como Oropesa. Una decisión de tal calado precipitaría la salida de los ediles del equipo de gobierno y, en consecuencia, pasarían al denominado grupo de no adscritos.
Sin embargo, esta radical medida siembra dudas en muchos dirigentes provinciales. Es más, solo la capital de la Plana baraja poner en marcha una estrategia tan arriesgada, lo que evidencia la división interna al existir dos corrientes muy definidas: los partidarios de Toni Cantó y los afines a Emilio Argüeso.
Estos últimos protagonizaron el lunes por la noche un rifirrafe con el secretario Institucional de la Comunitat, Jesús Gimeno. En el WhastApp de cargos electos de la provincia, los parlamentarios Cristina Gabarda y Eduardo del Pozo y los regidores Paula Archelós, Alejandro Marín-Buck y Esteban Ventura (los tres del Ayuntamiento de Castelló) se mostraron especialmente críticos con la gestión de la dirección autonómica.
Según responsables de la agrupación local de la capital de la Plana, el intercambio de reproches derivó en la expulsión de los cuatro diputados autonómicos del grupo (Merche Ventura y Vicente Fernández completan el cuarteto). Además, el líder valenciano censuró a los munícipes castellonenses por su actitud, a los que bloqueó (Vicente Vidal incluido), "porque no voy a consentir que se produzca una sublevación", apuntan las mismas fuentes.
El divorcio entre Ciudadanos de Castelló y la dirección territorial no es nuevo. Desde que el citado Cantó ganara las primarias en marzo de 2019 para convertirse entonces en candidato de la formación naranja a la presidencia de la Generalitat, el distanciamiento ha ido in crescendo. Y todavía ha sido más manifiesto tras el 10N.
La debacle electoral en la provincia, escapándose 30.000 votos, significó la pérdida del único escaño en el Congreso, hasta ese momento en poder de Sandra Julià, muy vinculada a la agrupación castellonense. Valencia culpabilizó a la exdiputada nacional de los malos resultados, cuestionado su continuidad como secretaria de Organización. En esos planes de atar en corto a la moncofense también incluyó a los principales referentes de la capital de la Plana.
A partir de ese momento Cantó ha ido tanteando sus apoyos en diferentes municipios de la provincia para allanar el terreno de la renovación, en sintonía con lo que ocurrirá en la Comunitat Valencia antes del verano. De ahí que Castelló haya dejado de ser una prioridad en su agenda, habiendo visitado en los últimos meses localidades como Borriana, Benicarló y, muy reiteradamente, Benicàssim, feudo de Cristina Fernández, diputada provincial, y pareja de Julián Palacios, el único representante provincial en el consejo general.