CASTELLÓ. Al Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EUPV) se le está haciendo cuesta arriba el final de la legislatura en el Ayuntamiento de Castelló. A escasos ocho meses para que concluya el mandato, dos de los grandes proyectos de la alianza progresista siguen sin tener fecha. Se trata del Plan General y de la retirada de la cruz de Ribalta. Si bien es cierto que existe una hoja de ruta diseñada para cada uno, la realidad es que nadie en el seno del gobierno municipal se atreve a hablar de plazos pese a que la voluntad pasar por zanjar ambas cuestiones antes de concluir el año.
La aprobación del planeamiento urbanístico parece estar más cerca que la eliminación del monumento. Al menos, a tenor del moderado optimismo mostrado por el portavoz del ejecutivo y concejal de Obras Públicas, José Luis López, al término de la Junta de Gobierno Local del pasado jueves. Al ser cuestionado sobre el informe de Costas, llegó a asegurar que "esperamos tener muy buenas noticias en los próximos días". La sintonía entre los técnicos municipales y los funcionarios del ministerio para realizar las correcciones en el Plan de Ordenación Pormenorizado (POP), uno de los dos instrumentos del planeamiento urbano, invita a pensar que entre octubre y noviembre podría celebrarse el pleno para validar definitivamente el documento.
El ejecutivo local confiaba en haber resuelto el marco jurídico incluso antes del verano. Sin embargo, distintos imprevistos han ido lastrando la tramitación. Algo, por otro lado, hasta cierto punto normal en vista de cómo ha sido la trayectoria del procedimiento desde que se inició a principios del anterior ciclo parlamentario, siempre marcado por los contratiempos. La implicación de demasiadas administraciones ha supuesto un freno respecto a las aspiraciones políticas del bloque progresista.
En cuanto a la retirada de la cruz, quedan todavía algunas dudas por resolver que impiden garantizar la ejecución del proyecto. Aunque varias empresas han mostrado interés, el Ayuntamiento no tiene constancia de la formalización de alguna oferta. Habrá que esperar al viernes, tras el cierre del plazo de presentación de propuestas, para despejar la incógnita. En la segunda licitación, después del fiasco con la empresa adjudicataria del primer contrato, Solaris Purgaret, ninguna mercantil se postuló, lo que obligó a declarar desierto el segundo concurso.
En vista del precedente y de que se trata de un tema polémico, hay riesgo de que nadie se presente para asumir la obra civil. De producirse esta contrariedad, está por ver cuál será el plan B del Fadrell para cumplir la ley de Memoria Democrática, que considera el monumento un vestigio del franquismo. El propio López ya alertó la semana pasada que incumplir la normativa autonómica implica cometer "prevaricación", por lo que en el seno del gobierno solo se plantea eliminar el lábaro.
Otra interrogante que se aclarará cuando se produzca la retirada de la cruz es si soportará los trabajos hasta la colocación en el nuevo emplazamiento de la parroquia de Santo Tomas de Villanueva. Los informes de los técnicos advierten que la estructura sufre daños como consecuencia de la humedad y la oxidación. El peligro de rotura es elevado, aunque en el contrato se especifica que la adjudicataria deberá realizar cuantas reparaciones resulten necesarias para que el monumento se reubique en perfecto estado y de una sola pieza.
El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de mes y medio. Considerando que hasta la tercera semana de octubre no se conocerá la concesionaria, siempre que haya ofertas, todo hace indicar que la ejecución se alargará hasta principios o mediados de diciembre. Para entonces, la corporación ya habrá certificado el Plan General.