CASTELLÓ. La tramitación administrativa de la MAT de Forestalia sigue sus plazos, no con el beneplácito de ayuntamientos y asociaciones ecologistas y vecinales. El proyecto de megaparque eólico en la provincia de Teruel así como la línea de muy alta tensión (MAT) para evacuar la energía producida allí hasta la subestación eléctrica de Morella ha recibido numerosas alegaciones que buscan paralizar la iniciativa por su impacto paisajístico y sobre el territorio y el medioambiente.
El mencionado parque forma parte de un macroproyecto con 22 plantas eólicas que suman un total de 125 aerogeneradores y 727 MW de potencia en la provincia de Teruel, en linde con la de Castellón, así como la línea de evacuación de energía desde uno de los parques hasta la subestación eléctrica de Morella, que atravesará no sólo el término municipal de Morella, sino también los de Portell de Morella y Cinctorres.
Este viernes, se acababa el plazo para que los interesados presentaran alegaciones a la modificación de la autorización administrativa previa otorgada por el Ministerio de Transición Ecológica, así como a la solicitud de Forestalia para el permiso de construcción y la declaración del proyecto de utilidad pública. Próximos pasos tras aprobar la declaración de impacto ambiental favorable para la iniciativa eólica, que salió adelante con condicionantes del tipo ambiental y patrimonial.
Más de un centenar de vecinos y diversas asociaciones -L'Aplec dels Ports, Centre d'Estudis dels Ports, Associació de dones dels Ports, La Unió l La Roca Parda- se han sumado a las alegaciones de los ayuntamientos afectados y la plataforma No a la MAT, desde donde aseguraron que si se hiciera realidad el proyecto de Forestalia, "podría tener graves afecciones sobre la salud del vecindario, el paisaje, ecosistemas protegidos, patrimonio, biodiversidad y sobre el modelo de vida de muchas personas que habitan y trabajan estas tierras".
Según argumenta el documento de alegaciones, elaborado por juristas expertos en derecho ambiental y presentado ante la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, el proyecto de la empresa aragonesa vulneraría diferentes normativas y figuras de protección ambientales estatales y europeas. Por un lado, por cruzar espacios que forman parte de la Red Natura 2000 y Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA). Y por otro, al afectar directamente a espacios donde hay Bienes de Interés Cultural como el Castell de Portell de Morella, o la Torre de los Moros, en Cinctorres.
"Además del impacto sobre el paisaje, el patrimonio y los ecosistemas de la comarca, la línea de Muy Alta Tensión podría tener graves repercusiones sobre la economía, especialmente en el sector agrícola, ganadero y turístico de los términos afectados", explican en este sentido. Eso, subrayan, vulneraría el principio de precaución marcado por el Consejo Europa en materia de salud, que recomienda no hacer pasar esta infraestructura de transporte a menos de 800 metros de núcleos habitados.
"Se considera que el proyecto de línea de alta tensión se ubicaría de forma muy cercana" a los municipio y a "viviendas habituales de vecinos y vecinas", así como a una escuela pública -a menos de un kilómetro- y a zonas de esparcimiento para los vecinos. Asimismo, las alegaciones insisten en su afección "directa" sobre "corredores ecológicos y territoriales", así como su "impacto grave sobre la biodiversidad, principalmente sobre poblaciones de flora y fauna amenazadas".
En el comunicado conjunto emitido por ayuntamientos y asociaciones, el nuevo alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, aseguró que "por encima de todo está la salud de todas las personas que viven a nuestro término municipal, estén donde estén, y también preservar el patrimonio natural y cultural que tienen Morella y la comarca". Sangüesa también considera que "tendrían que ser los vecinos quienes decidieran si quieren o no estas macroinfraestructuras y no las multinacionales que quieren imponer su modelo para sacar beneficios privados a expensas de la destrucción de nuestro territorio".
En la misma línea Mireia Mestre, alcaldesa de Cinctorres, considera que '"es evidente que queremos el progreso económico de nuestras comarcas, pero no a cualquier precio". "La afectación que tendría la línea MAT sobre el paisaje y patrimonio de nuestros términos municipales y sobre la vida de nuestro vecindario es muy elevada, y por tanto como ayuntamiento nos posicionamos claramente en contra", sentencia en sus declaraciones.
La empresa ha solicitado la declaración de utilidad pública, que de acabar saliendo adelante permitirá a la compañía, si lo requiere, la expropiación de los terrenos necesarios para llevar a cabo la iniciativa, especialmente en aquellos casos en los que no se llegue a un acuerdo con los propietarios.
En este sentido, hay que recordar que, según la nómina de parcelas que podrían ser objeto de expropiación y que, junto a muchas otras afectadas por servidumbres de paso u ocupaciones temporales, en total son más de 2.600 parcelas, teniendo en cuenta la veintena de parques eólicos y la línea de evacuación. De ellos, los terrenos de la provincia de Castellón ascendería a unas 250 parcelas, de las cuales 125 pertenecen al término municipal de Cinctorres, otros 30 al término municipal de Morella, y los restantes 95, a Portell de Morella.
