VALÈNCIA (EP). El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para el próximo ejercicio 2022, que agilizará los trámites a todas aquellas empresas y entidades de la Comunitat Valenciana que gestionan fondos europeos del programa Next Generation.
Además, la norma prevé medidas para impulsar la recuperación económica del territorio, dinamizar el mercado de trabajo y generar actividad, con deducciones fiscales para quienes contraten a personas en el ámbito del hogar, municipios en riesgo de despoblación y para fomentar el uso de viviendas vacías.
También se refuerza el escudo social con la implantación del nuevo modelo de servicios sociales y con la mejora de las condiciones laborales de colectivos sanitarios, al tiempo que se apuesta por nuevas iniciativas en materia medioambiental como el fomento de uso de energías limpias o la protección y construcción de infraestructuras de regadío.
La Ley de Medidas Fiscales recoge un amplio abanico de medidas fiscales, sociales y de impulso económico que guiarán la actuación del Consell durante el próximo año, en el que se priorizará la lucha contra la crisis provocada por la pandemia y la consolidación del Estado del Bienestar.
Entre las medidas orientadas a impulsar la reactivación de la economía, la ley establece la creación de la figura de los 'proyectos de interés prioritario', que permitirá gestionar y ejecutar de manera más eficaz y eficiente los proyectos de empresas que tengan asignados fondos europeos y optar a un mayor volumen de fondos Next Generation EU.
Así, las administraciones tendrán la obligación de tramitar de forma prioritaria todos los expedientes administrativos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos tras su adjudicación, con lo que se quiere incentivar la participación de empresas y una mayor absorción de recursos.
El Consell ya había aprobado, a través del decreto ley de Medidas Urgentes, la agilización administrativa para la ejecución de actuaciones contempladas con fondos europeos, y ahora esta facilidad se extiende también a los proyectos presentados por empresas privadas.
Esa medida implicará además una mayor colaboración interadministrativa con los ayuntamientos y entidades locales para evitar que se paralicen proyectos durante los trámites en diferentes niveles administrativos.
Asimismo, la Ley de Acompañamiento establece una deducción para quienes contraten de manera indefinida a personas afiliadas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen de la Seguridad Social para el cuidado de menores o ancianos, una medida que se enmarca en el acuerdo Alcem-nos.
De esta forma, cuando una persona contribuyente tenga a su cargo a menores de 5 años o a uno o varios ascendientes mayores de 75 años y contrate de forma indefina a personas inscritas en el Sistema Especial de Empleados del Hogar para el cuidado de los mismos podrá optar a estas deducciones fiscales que tendrán una cuantía máxima de 1.000 euros.
Así, por ejemplo, en el caso de que la persona contribuyente tenga a su cargo a un menor la deducción será de 600 euros, elevándose a 1.000 euros en el caso de dos o más menores. Si se la contratación tiene como finalidad el cuidado de un ascendiente la deducción alcanzará los 300 euros y se elevará a 500 en el caso de que sean dos o más.
Esta medida tiene como objetivo, además de dinamizar el mercado de trabajo, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y acabar con brecha de género en el ámbito de los ciudadanos familiares.
Con el objetivo de luchar contra la despoblación, también se adapta la normativa vigente para considerar municipio en riesgo de despoblación a aquellos con menos de 300 habitantes, frente a los 120 estipulados previamente. Gracias a este cambio, 21 municipios valencianos resultan directamente beneficiarios de una mayor partida en el Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de la Comunitat Valenciana.
Al mismo tiempo, los ciudadanos y ciudadanas residentes en estas localidades, así como su tejido empresarial, puede acogerse a las distintas deducciones reguladas por la Generalitat Valenciana para los municipios considerados en riesgo de despoblación.
El objetivo de esta medida es atender los problemas de los habitantes de zonas rurales o de difícil acceso y fomentar la reactivación económica de estas áreas.
La Ley de Medidas Fiscales también introduce modificaciones en el Impuesto sobre viviendas vacías, (Ley 3/2020, de 30 de diciembre) con el objetivo de movilizar estos inmuebles ociosos y deshabitados incentivando su suso.
Así, se introducen ventajas fiscales destinadas a aquellos grandes tenedores que den un uso efectivo a sus viviendas inscritas en el Registro de viviendas deshabitadas, permitiéndose la recuperación de las cuotas devengadas por las viviendas consideradas deshabitadas tras la aprobación de medidas de fomento o acuerdo de intermediación, a partir del día en que se inicie su uso habitacional.
Además, se introduce un segundo beneficio que habilita la devolución de las cuotas devengadas cuando una vivienda deshabitada se destina al uso habitacional continuado durante el plazo de un año. Los beneficios fiscales recogidos podrán extenderse al resto de viviendas del tenedor. Estas nuevas deducciones tendrán efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2021.
Asimismo, se amplían los supuestos en los que un contribuyente puede acceder a deducciones por arrendamiento de vivienda habitual. En concreto, hasta el momento era obligatorio que no se dispusiera de una vivienda en propiedad a menos de 100 kilómetros de la vivienda alquilada para poder acceder a la misma incluyéndose en la actual normativa excepciones como que la vivienda en propiedad esté en un estado ruinoso o que en un proceso de divorcio el cónyuge resida en la misma. La ley de acompañamiento de 2021 ya introdujo como primera excepción los casos de violencia de género.
Otras de las novedades de la Ley de Medidas es la modificación del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, al regularse el tipo de gravamen aplicable a las compraventas de vehículos eléctricos y de pila de combustible, que queda establecido en el tipo general del 6%.
La conocida como Ley de Acompañamiento también recoge la modificación de la Ley de Comercio de la Comunitat Valenciana con el fin de prorrogar la vigencia de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) durante tres años más.
De esta forma, se amplía el plazo de vigencia de estas zonas de cuatro a siete años, tal y como establecerá en los próximos meses en la nueva Ley de Comercio Sostenible. La medida beneficiará de forma directa a las actividades comerciales, hoteleras y turísticas, un sector especialmente perjudicado por las consecuencias de la pandemia.
Por otra parte, se eliminan trámites de publicidad y transparencia a los que estaban obligados hasta el momento las empresas de instalaciones de aprovechamiento energético para reducir la burocracia y se regula la potencia eléctrica mínima que deberán disponer los módulos fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica en los nuevos edificios de uso residencial, dotacional, industrial o terciario, así como aquellos que cambian de uso o se rehabilitan y cuya área total construida supera los 1.000 metros cuadrados.
La potencia eléctrica mínima a instalar en azoteas, cubiertas o estacionamientos será de 15kW en aquellas construcciones de hasta 1.100 metros cuadrados y aumentará a razón de 1,5 kW por cada 100 metros cuadrados de superficie adicional, teniendo en cuenta la disponibilidad del espacio apto en la cubierta.
De este modo, el Consell avanza en la lucha contra la emergencia climática, al reducir los costes de la electricidad y facilitar a las empresas la urgente reactivación económica.
Por lo que respecta al llamado 'escudo social', entre las medidas que recoge la Ley de Acompañamiento se encuentra la modificación legislativa de la Ley de Servicios Sociales para avanzar en la implantación del nuevo modelo de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana.
Así, se incluyen nuevos perfiles profesional y se reducen las ratios de atención de los mismos. Además, se crea la Mesa de Acción concertada en la que por primera se incorpora la participación de las entidades sin ánimo de lucro en el concierto del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales (SPVSS) como espacio de diálogo y trabajo.
También se agilizan los trámites para mejorar la financiación de las infraestructuras y equipamientos de servicios sociales al delimitar de forma más clara el procedimiento de delegación de competencias en el marco del Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales.
Por último, se persigue una mayor inspección, control y seguimiento de los Servicios Sociales mediante el descenso de la ratio del personal inspector de 150.000 a 125.000, que también incorporará equipos para inspeccionar la atención primaria básica que actualmente no entra dentro de sus funciones, así como los contratos programas en el conjunto del SPVSS para garantizar su cumplimiento y homogeneizar el sistema atendiendo a la gran diversidad de entidades locales que prestan los servicios.
La ley también recoge una adaptación de la normativa de la renta valenciana de inclusión con el objetivo de hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital del Estado. Con esta adecuación se pretende coordinar los dos sistemas de ayudas para evitar trámites y duplicidades entre ambas prestaciones y facilitar su acceso por parte de la ciudadanía.
Asimismo, la normativa prevé una modificación de la Ley de Políticas Integrales de Juventud, con el objetivo de que siga siendo un instrumento fundamental adaptado a las necesidades de las personas jóvenes de la Comunitat Valenciana.
En este sentido, se persigue el fomento de los servicios de información juvenil, para lo cual se atribuirá al Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) las funciones de potenciación y coordinación de la información juvenil para garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a una información completa, objetiva, comprensible y fiable.
La Ley de Medidas Fiscales también recoge la regulación del procedimiento de integración de conservatorios de música y danza de titularidad local en la Red Valenciana de Conservatorios de Música y Dansa de titularidad de la Generalitat, en el ámbito de la enseñanza de régimen especial.
De este modo, con el traspaso gradual a favor de la Generalitat de distintos conservatorios de música y danza en la Comunitat Valenciana pertenecientes a diferentes administraciones locales, se podrá fijar el mapa escolar de la red valenciana de conservatorios profesionales atendiendo a las necesidades educativas de todo el territorio.
En materia sanitaria, la Ley de Medidas prevé que los facultativos mantengan el complemento específico B durante la provisión en comisión de servicios y en el nombramiento para puestos de trabajo de máxima categoría o jefaturas, en lo que supone un reconocimiento a la labor de este colectivo profesional.
También se actualiza la Ley 1/2008 de 17 de abril para garantizar el suministro de medicamentos adaptándola a la normativa estatal. De este modo, los laboratorios farmacéuticos pasarán a formar parte de tres figuras diferentes: fabricantes, importadores y titulares de autorización de comercialización (TAC). Estos últimos son los responsables de garantizar el abastecimiento de medicamentos y de informar sobre las restricciones que se detecten a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Asimismo, se modifican los parámetros que se incluyen en el informe de salud escolar, con el objetivo de garantizar la protección de datos y simplificar trámites administrativos.
Así, tras un proceso de participación con asociaciones y representantes de pediatría se ha decidido eliminar información no relevante como el peso o la medida, e incluir únicamente información relevante sobre los escolares que puedan ser subsidiarios de una intervención urgente en horario escolar.
Por su parte, en materia de emergencias, se garantiza un suplemento laboral para el personal que forme parte de la estructura de guardia permanente en materia de emergencias. Estos trabajos requieren presencia física 24 horas al día de personas de la Agencia Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) en caso de emergencias, inundaciones, incendios forestales, nevadas y situaciones de riesgo radiológico o sísmico.
La Ley de Medidas también declara de utilidad pública o interés social y urgente ocupación un conjunto de 11 infraestructuras públicas de regadío que forman parte del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de acelerar su puesta en funcionamiento mediante la expropiación forzosa de los terrenos por los que discurrirán.
Estas infraestructuras, que buscan impulsar y garantizar el ahorro y eficiencia de agua, beneficiarán a los municipios de Godelleta y Turís, Alicante, Pedralba, Vila-real, Llíria, Benimodo, Sellent y Estubeny, la Vall d'Uixó y Novelda.
También se desarrollan las estrategias y planes directores recogidos en la Ley de Estructuras Agrarias como paso previo al desarrollo de la Estrategia Valenciana de Regadíos 2020-2040 y en la que quedan recogidas aquellas infraestructuras que, por ser de interés general agrario, podrán ser ejecutadas y sufragadas de forma íntegra por parte de la Conselleria de Agricultura.
Del mismo modo, se propone un cambio legislativo para incluir en la regulación normativa el ecoturismo en la Comunitat Valenciana. Así, se desarrolla el mantenimiento de actividades socioeconómicas de acuerdo a criterios de uso sostenible de los recursos naturales; se impulsa un turismo basado en la modernización de la normativa y adaptación necesaria en materia de sostenibilidad y se garantiza el aumento de la eficacia y eficiencia.
El Consell también procede con esta normativa a la liquidación de la deuda de los Consorcios de Repoblación, algunos de los cuales fueron creados en el año 1982 a través de la Ley de Repoblaciones Gratuitas para la repoblación de masas forestales y montañas de utilidad pública a la Comunitat Valenciana.
Esta deuda asciende para los 24 Consorcios actuales a 6,24 millones de euros que serán asumidos por la Generalitat. De estos, 3,99 millones corresponden a consorcios de la provincia de València; 1,41 a Alicante y 0,83 a Castellón.
Asimismo, la norma avanza en la prevención contra los incendios forestales y modifica la legislación vigente para poder construir infraestructuras y equipamientos de primer orden destinados a la lucha y extinción de incendios únicamente cuando no existan otras alternativas en vías pecuarias que atraviesen terrenos forestales, permitiendo en cualquier caso el paso de personas y ganado.
La Ley de Medidas de 2022 también contempla la ampliación del plazo de ejecución del Plan de Inversión Productiva en Municipios, el conocido como Plan Confianza, hasta el 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de que no se quede sin finalizar ninguno de los 30 proyectos pendientes en 15 municipios de la Comunitat Valenciana y cuyo valor asciende a 64,8 millones de euros. No obstante, para que esta ampliación del plazo sea efectiva, los ayuntamientos deberán solicitarla a la conselleria competente antes del 31 de diciembre de 2022
Y, además, se modifica el Decreto-Llei que regula el Pla Edificant para garantizar unas infraestructuras educativas de calidad y adecuadas a las necesidades de los ciudadanos, que mejoran los cauces de cooperación y participación entre la administración educativa y la administración local.
Para ello, se permitirá destinar a otra actuación, siempre que se lleve a cabo en mejoras del mismo centro escolar, el saldo sobrante de las actuaciones sin necesidad de iniciar un nuevo expediente para reducir los tiempos de ejecución y, además, se regulan los compromisos de gasto de carácter plurianual vinculados a este plan, que no podrá ser superior a cinco.
Finalmente, la normativa también recoge alguna modificación de la Ley del Juego y prevención de la ludopatía por la cual quedan excluidas de la moratoria las nuevas autorizaciones de establecimientos de juego en aquellos locales denominados salones recreativos o centros de ocio familiar.
