La ministra de Igualdad, Irene Montero. Foto: MARTA FERNÁNDEZ JARA/EPMADRID (EP). Aprobar la Ley Trans en segunda vuelta en el Consejo se Ministros, reformar el texto sobre el aborto e impulsar una norma contra la trata, son los principales deberes del Ministerio de Igualdad para el año 2022, según el calendario que el equipo de Irene Montero ha ido anunciando a lo largo de este año.
En este sentido, el trabajo que va más adelantado en el de la Ley Trans que, tras ser aprobada por el Gobierno el pasado mes de junio, se encuentra en fase de informes. Igualdad, según ha señalado en diversas ocasiones la ministra, espera que el texto tenga la 'luz verde' del Gobierno en el primer trimestre de 2022, para, después, pasar a su tramitación en el Parlamento.
Se tarta de una norma que fue motivo de uno de los principales puntos de desencuentro de los dos partidos que sustentan el Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, como consecuencia de la inclusión en el texto de la autodeterminación de género.
Esta medida elimina la actual exigencia de un diagnóstico médico -de disforia de género- y de tratamiento hormonal durante al menos dos años para que una persona pueda cambiar su identidad y género en el DNI. Se trata de una reclamación histórica del colectivo para la "despatologización" del mismo.
La entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se puso al frente de la lucha contra esta medida que, a su juicio, conlleva una "inseguridad jurídica". "Me preocupa la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad", llegó ha declarado Calvo en una entrevista radiofónica. Diez días después Calvo fue apartada del Ejecutivo.
Aún así, las negociaciones realizadas antes de la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros dejaron un texto en el que sí se incluye la autodeterminación a través de un proceso de doble verificación que no puede durar más de cuatro meses. Además, no se hace mención al género, sino al sexo de la persona.
La ministra de Igualdad, Irene Montero. Foto: ISABEL INFANTES/EPFederación Estatal de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo, 'Chrysallis' o Federación Plataforma Trans, reconocen que hay carencias en la norma, principalmente en relación a la autodeterminación de género de los menores --el texto habla solo de aquellos entre 14 y 18 años--; sobre el reconocimiento de las personas no binarias; o en materia de personas trans migrantes.
En los últimos meses, estas entidades han exigido que estas medidas se incluyan en la ley durante la tramitación en el Parlamento y ha pedido, tanto a los partidos en el Gobierno, como a los grupos de la oposición, que se pongan de acuerdo para que así sea.
Por otra parte, un sector del movimiento feminista se muestra en contra de la ley alerta de que "desmantela muchas de las conquistas" de las mujeres "en las últimas décadas". Así, denuncian que la Ley Trans trastoca el contenido de la Ley contra la Violencia de Género porque introduce problemáticas que afectaran negativamente a los derechos de las mujeres víctimas de esta lacra.
Este debate sobre la autoderterminación ha llevado a una división en el movimiento feminista. De hecho, el sector denominado 'transexcluyente' se ha manifestado, tanto en el 8M, como en el 25N, entre gritos de dimisión para la ministra de Igualdad, por el impulso de esta Ley Trans.
También se ha abierto un debate público, en este caso con el sector sanitario, con la intención de Igualdad de reformar la Ley del Aborto. El departamento de Montero, según han explicado, quiere "garantizar el derecho" a esta práctica y evitar cifras como que "el 87,1%" de estas intervenciones "se realizaron en entornos extrahospitalarios", de los cuales "el 79% fueron en centros privados".
Se trata de informes de Sanidad -de 2019- en los que también se indica que existen ocho provincias en España en las que no se han practicado interrupciones voluntarias del embarazo en 30 años.
Entre las medidas que propone Igualdad para un mejor acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo de las mujeres está la creación de un registro de objetores en los centros públicos. Una medida que, según explicó el Ministerio, se ha decidido tomando como referencia la Ley de Eutanasia aprobada en marzo de este año.
El equipo de Montero quiere aprovechar esta reforma, también, para incluir en esta norma la violencia obstétrica o la creación de instrumentos que permitan una mayor celeridad en la concreción de la Estrategia de Atención al Parto Normal en protocolos asistenciales, desde un enfoque de género y que promuevan la autonomía de la mujer y el parto respetuoso.
Otro reto que Igualdad tiene para el próximo año es la redacción de una Ley de Trata, que Montero ya anunció que incorporará un plan específico contra la explotación sexual con medidas para la inserción sociolaboral para mujeres víctimas, con cargo a los fondos europeos.
El principal escollo de esta iniciativa lo tendrá el Gobierno en el Congreso, en donde tendrá que buscar el apoyo del PP para sacarla adelante, ya que partidos como ERC, Junts o PDeCAT, e incluso En Comú, compañero de grupo parlamentario de Podemos, son partidarios de la legalización de esta práctica.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en el 40º congreso federal del partido que se aboliría la prostitución. Por su parte, Montero ha centrado sus propuestas en "atacar a la industria proxeneta" como medio para terminar con la demanda de la prostitución.
