El exalcalde de Vila-real, Juan José Rubert, y su edil de Obras Públicas, Ramón Tomás, del PP, durante la inauguración de las obras de remodelación del Pou d'Amoros, en mayo de 2009.CASTELLÓ. Nueve años después de que saltara el caso Piaf en Vila-real, con el que daría comienzo unas investigaciones sobre presuntas irregularidades detectadas en unas facturas y certificados de final de obra municipal por valor de cerca de 600.000 euros, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón abre finalmente juicio oral este jueves, 7 de enero, con el ex alcalde de la ciudad, Juan José Rubert, y el edil de Obras Públicas, Ramón Tomás, compartiendo banquillo de los acusados, y al que le acompañarán un técnico municipal y cinco responsables de la empresa adjudicataria de estas obras, puestas en cuestión por la acusación particular y representada por el propio Ayuntamiento de Vila-real.
A Rubert y Tomás, exalcalde y concejal en la última legislatura del Partido Popular, del 2007 al 2011, se les acusa de ser presuntos autores de unos delitos continuados de prevaricación, malversación, fraude y falsedad de documento mercantil para la que la acusación pide nueve años y 10 meses de prisión para cada uno, un máximo de 26 años de inhabilitación, así como de la correspondiente indemnización.
El juicio del 'caso Piaf' de Vila-real arrancará en enero con el ex alcalde Rubert en el banquillo
El Ayuntamiento de Vila-real ejerce la acusación de manera unilateral, con el rechazo de la propia fiscalía, que finalmente solicitó la libre absolución de los encausados pese a reconocer en su escrito que entre los años 2006 y 2012 hubo irregularidades en la contabilidad municipal pero que no eran imputables a los procesados, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Así, salvo que se dé una modificación de última hora, el juicio arrancará este 7 de enero y continuará durante los próximas días 11, 12, 14, 15, 21, 22 y 28 de este mes en la Audiencia Provincial de Castellón, por el que se prevé que pasen más de una treintena de testigos de ambas partes.
Tal como recuerda el actual alcalde socialista, José Benlloch, quien sucedió a Rubert en el cargo tras las elecciones de 2011 y un día antes de tomar posesión al frente del Ayuntamiento con Rubert en funciones, el popular "endosó a un banco a través de un préstamo el pago de estas facturas, que luego se vio que no eran válidas" y con la sospecha de que estas actuaciones no se hubieran llevado a cabo realmente, por lo que el propio Benlloch se negó a hacer efectivos estos pagos a la empresa adjudicataria.
La sentencia acabó con condenas por prevaricación administrativa para el anterior alcalde de Vila-real, Juan José Rubert, el exconcejal Ramón Tomás, y el consejero de la empresa constructora.
