Autogobierno menguante

En pleno arranque de la celebración de los 40 años del Estatut de Autonomía, la polémica sobre el proyecto gubernamental de Ley por el Derecho a la Vivienda ha vuelto a evidenciar que la fuerza del nacionalismo o regionalismo valencianista se va por la boca –o per la llengua– y que, a la hora de la verdad, está muy lejos de la solidez que exhiben catalanes y vascos por medio de partidos como ERC o el PNV. Desde que nos comimos con patatas fritas nuestro primer proyecto de Estatut no hemos hecho otra cosa que tratar de "no ser menos que nadie", llegando tarde a reclamar lo que otros ya lograron, con esa ridícula 'cláusula Camps' introducida en la reforma del Estatut de 2006, culo veo, culo quiero, que no sirve para nada, como sospechábamos desde hace 16 años.

Ximo Puig dice que quiere más competencias pero resulta que tanto en la reforma de 2006 como en la de 2019 a nuestros políticos se les olvidó incluir la competencia en materia de costas que sí tienen otras CCAA, de manera que, a no ser que volvamos a modificar el Estatut, las concesiones en el dominio público marítimo terrestre valenciano seguirán controlándose desde un despacho ministerial.

Dice Puig  que quiere más competencias, como la de Cercanías, pero a ver si nos la van a colar como se la coló Felipe González a Lerma con la Sanidad cuando le dijo "toda tuya" y estaba todo por hacer, teniendo que construir hospitales y centros de salud, comprar equipamiento y contratar a miles de personas sin financiación suficiente. Aún lo estamos pagando. Con Cercanías puede ocurrir lo mismo, que nos cedan las vías y los trenes sin haber realizado las inversiones prometidas desde hace años.

Pedimos nuevas competencias, pero lo que se vislumbra a corto plazo es una pérdida de autogobierno. El proyecto de Ley de Vivienda promovido por el Ejecutivo central ha recibido del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe no vinculante que dice que el texto invade las competencias autonómicas en materia de vivienda que fija la Constitución. La polémica, como es habitual, se ha centrado en las formas y no en el fondo.

En las formas porque el primer ponente del informe –el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta– no puso objeciones al proyecto elaborado por el departamento de la ministra socialista Raquel Sánchez –aunque impulsado por Unidas Podemos–, pero la mayoría del CGPJ, quince contra seis, rechazó el dictamen. Como es normal en cualquier órgano colegiado, se encargó un informe alternativo que recogiera la tesis defendida por la mayoría. Se votó y aprobó, lógicamente, por quince votos a seis, que es una amplia mayoría. Es verdad que el CGPJ está en funciones desde hace casi tres años y que tiene una mayoría de miembros designados a propuesta del PP, pero también lo es que entre los quince que creen que el proyecto del Gobierno puede ser inconstitucional hay dos consejeras elegidas a propuesta del PSOE y otro a propuesta del PNV.

Pero lo importante no es eso, lo importante es el fondo. ¿Vulnera el proyecto de ley la Constitución al invadir competencias autonómicas? El conseller de Vivienda que podría ver recortadas sus competencias está muy de acuerdo con el texto del Gobierno, faltaría más, porque Héctor Illueca es de Podemos, que es un partido muy jacobino. Puig, que tanto habla de federalismo, ni se lo han mirado porque no tienen ningunas ganas de abrir otro frente con la ministra de las Cercanías.

¿Y qué dice Compromís sobre un informe que señala que el Gobierno quiere invadir las competencias de la Generalitat en materia de vivienda? Pues que no está de acuerdo con ese informe sino con el que apoyó la minoría del CGPJ –plasmado en un voto particular– y no cree que el proyecto invada ninguna competencia. Es lo que tiene Compromís, que es más de izquierda que nacionalista y a nadie le sorprende ya su adhesión inquebrantable al bloque progresista. Todo lo contrario que ERC y el Govern que preside, que ha denunciado el "afán recentralizador" de la ley y ha dicho que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional si se aprueba, o que el PNV, cuyo vocal en el CGPJ ya se ha pronunciado en contra de la ley, igual que el partido.

De manera que al final serán el PP en el Congreso –¿con el voto en contra de Compromís?– y Cataluña y el País Vasco en el Constitucional los que defiendan a los valencianos si se produce esa invasión de competencias.

Ya nos pasó con el Derecho Civil Valenciano, recuperado en parte con la reforma del Estatut de 2006 y tres leyes posteriores que el Tribunal Constitucional anuló años después sin que ningún partido moviera un dedo por defenderlo a pesar de los esfuerzos de la Associació de Juristes Valencians con el incansable José Ramón Chirivella al frente. Hoy todos le firman manifiestos y le aprueban declaraciones institucionales para recuperar de nuevo esa capacidad legislativa, pero a la hora de la verdad nadie mueve un dedo.

No menos sorprendente es el apoyo de los adalides del autogobierno al afán recentralizador de la reforma fiscal que estudia el Gobierno de Pedro Sánchez, que entre otras cosas se propone limitar la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas. Una capacidad normativa conquistada a pulso durante más de 20 años por Jordi Pujol desde que dejó escapar la oportunidad de tener un régimen foral como el del País Vasco y Navarra y que se extendió al resto de CCAA en forma de café para todos. Curiosamente, la comunidad que más provecho ha sacado de esa mayor autonomía fiscal ha sido Madrid.

Uno se pregunta cómo justifica un gobierno nacionalista o autonomista el apoyo a un recorte de su autogobierno. Si es para evitar la desigualdad entre los contribuyentes de uno y otro lugar o para impedir que Madrid aproveche el 'efecto capitalidad' en perjuicio de otras CCAA, ¿por qué no apoyar también unas leyes uniformes para todo el Estado en otras materias técnicas como industria, medio ambiente, comercio o construcción para facilitar las cosas a las empresas que tienen que lidiar con hasta 17 normativas diferentes? ¡Qué has dicho, vade retro!