Marcos Lacruz. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La escalada del precio de la energía está poniendo en serios apuros a miles de hogares españoles y toda la industria nacional. Este pasado 8 de marzo se registró el máximo histórico en el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, que llegó hasta los 544,98 euros/MWh. Aunque en estos últimos días la tendencia ha ido a la baja (este jueves el precio medio del 'pool' se situó en los 369,75 euros/MWh), lo cierto es que la espiral alcista sigue imparable y está poniendo en jaque a la economía.
Y más después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advierta públicamente que atisba una inflación “considerablemente alta”. De ahí que el mercado no descarte que el IPC supere en España el umbral del 10% en los próximos meses. Ante esta situación, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, pedía un esfuerzo colectivo a los ciudadanos de Europa para bajar la calefacción en sus casas y limitar la dependencia energética con Rusia en represalia por la ofensiva militar contra Ucrania. También el Gobierno Central estudia intervenir el mercado eléctrico para intentar allanar la curva.
Pero, mientras las Administraciones deciden las medidas para minimizar el impacto de la escalada energética, la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen) insiste en la necesidad de acelerar los procesos administrativos para sacar adelante los proyectos de renovables ante el contexto actual. Y, especialmente, en la autonomía valenciana, donde el despliegue va con "mucha demora" respecto a otras autonomías y hay 500 proyectos atascados. "Tenemos un fuerte retraso en el desarrollo de las renovables y muchos de estos costes vienen porque todavía somos muy dependientes de fuentes que no gestionamos directamente", señala Marcos Lacruz, presidente de Avaesen.
En este sentido, recalca que es necesario acelerar "todo lo posible" la autorización de los proyectos que ya se han presentado en la región valenciana, pero que, sin embargo, están bloqueados por culpa de la burocracia administrativa y sin poder salir adelante. Y, todo ello, ralentiza la urgencia de "contar con un mix energético basado en energías alternativas al gas". "En la Comunitat Valenciana hay 500 desarrollos parados, que suponen 7.500 MW viables y 6.000 millones de euros de inversión", subraya.
Aunque asegura que la interlocución con la Generalitat Valenciana es "altísima" y es consciente de que están haciendo un esfuerzo por agilizar la tramitación, lamenta que la "lentitud sigue siendo extrema". "Esto es un problema administrativo y aunque hay un interés manifiesto por parte de la Administración por resolverlo, la realidad es que a día de hoy salen muy pocos proyectos a exposición pública", advierte el empresario.
Lo cierto es que el Consell es consciente de este embudo y, de hecho, desde la Conselleria de Economía se va a poner en marcha un plan de choque para contratar a más de 80 personas dedicadas a la resolución de los expedientes de renovables con el fin de que avancen a mayor celeridad. Pero, mientras tanto, Lacruz insiste en la urgencia de ir sacando los 500 proyectos que hay ahora 'bloqueados' para avanzar en la transición energética en la autonomía valenciana, cuyo objetivo es llegar a 2030 con una potencia instalada de 10.000 MW, de los que se lleva solo 1.600 MW.
"España va lenta en el desarrollo de las energías renovables, pero en la Comunitat Valenciana vamos marcha atrás", advierte el presidente de Avaesen para quien ya no se trata únicamente de una cuestión de conveniencia, sino de primera necesidad ante la senda alcista del precio de la energía, que se mantendrá mientras dure el conflicto. "Las renovables son ahora un bien de primera necesidad porque estamos en una economía de guerra", insiste.
En los últimos años, la inversión en energías renovables se encuentra en pleno momento de ebullición en la Comunitat Valenciana. Es cierto que son varios los proyectos que se promueven por diferentes puntos del territorio valenciano, pero la mayoría sigue pendiente de autorización. De hecho, muchos de ellos no saldrán adelante o bien porque incumplen la normativa o porque se presentan en zonas protegidas.
Una fiebre por el 'oro solar' que, sin embargo, no acaba de cuajar en cuanto a materialización de los proyectos y potencia instalada. Según los datos de Avaesen, en los últimos cinco años únicamente se han construido instalaciones para 59 MW en la Comunitat Valenciana frente a los 2.071MW instalados en Castilla-La Mancha, comunidad limítrofe y con similar radiación solar.
En concreto, 2017 y 2020 fueron ejercicios en los que no se instaló ninguna potencia en la región, mientras que en 2018 fueron 15 MW; en 2019, tan solo 4 MW y en 2021 se dio un impulso con 40 MW. Una radiografía que contrasta con el desarrollo en la autonomía que preside Emiliano García-Page, que solo en 2018 puso en marcha 50 MW, casi la misma potencia que en los últimos cinco años en la Comunitat. En 2019 fueron 800 MW; en 2020, 220 MW; y ya en 2021 fueron 1.000 MW.
"Ahora mismo más que buscar alternativas al gas ruso la única forma de encontrar energía más rápido son las renovables. No hay otro camino", destaca Lacruz. Por todo ello, pide agilizar las autorizaciones y desatascar las iniciativas que hay pendientes de resolución porque este problema compromete la inversión y dificulta la transición hacia formas más verdes y limpias de energía.
Y es que, incluso con el actual encarecimiento de las instalaciones por el aumento de precios entre un 10-15% en materiales como el aluminio o el acero, asegura que los proyectos siguen siendo viables y las empresas continúan con sus planes. De hecho, este jueves Repsol y Telefónica España anunciaban la constitución de una sociedad para el desarrollo del negocio de autoconsumo fotovoltaico. Un acuerdo que abre la puerta a que ambas compañías exploren oportunidades adicionales para impulsar conjuntamente otros servicios energéticos en el hogar y las empresas, que tanto se están viendo afectadas por el encarecimiento de la luz y el gas natural.
"Tenemos que ser más ágiles en la revisión de los proyectos. Hace un mes podíamos quejarnos de la lentitud por una razón mercantil o medioambiental, pero hoy por hoy se trata de supervivencia en una economía de guerra. Europa ya ha afeado a los países miembros que la tramitación se eternice. Esto es ahora una cuestión geoestratégica", concluye Lacruz.
