Foto: Ayuntamiento de CastellóCASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado este viernes, en pleno extraordinario, y con el apoyo de todos los grupos, el pago de 4,1 millones de euros de facturas pendientes a proveedores municipales. La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha justificado la convocatoria, en pleno mes de agosto, “para cumplir con empresas que están prestando sus servicios a la ciudad”.
“Pensamos que lo más responsable que podíamos hacer era acelerar al máximo la tramitación y que cobraran lo antes posible, aunque fuera en una época tan complicada como esta”, ha recalcado.
Al respecto, ha incidido en que “nuestro objetivo último es no seguir alargando la agonía de estas compañías, que han estado operando sin tener sus contratos actualizados y renovados. Un malestar que, en muchas ocasiones, se acaba trasladando a sus trabajadores, que ven su futuro laboral pendiente de un hilo”. “No nos podíamos permitir que esta situación se alargara en el tiempo y por este motivo hemos dado un paso adelante”, ha incidido.
Respecto a las facturas aprobadas y heredadas de la anterior corporación, ha explicado que “empezamos esta legislatura igual que acabamos la anterior, hablando de reconocimientos extrajudiciales de crédito (REC)”.
“Son irregulares, no porque las mercantiles hayan cumplido con su labor de forma irregular, sino porque los equipos de gobierno extinguidos de PSOE y Compromís han sido incapaces durante las dos legislaturas en las que han gobernado de ponerse a trabajar y sacar a licitación aquellos contratos que estaban caducados a lo largo de los años”, ha añadido.
“Ahora, es a nosotros a quienes nos toca arreglar su incompetencia”, ha insistido. A este respecto, les ha recordado que del montante total aprobado, 3,5 millones de euros corresponden a la revisión de precios recogida en el acuerdo de limpieza viaria “porque a ustedes no se les ocurrió aplicarla, aunque venía por escrito”.
Y ha ironizado que, respecto al Bicicas, el contrato con la empresa venció en diciembre, “pero se les echó encima la renovación de un documento con ‘solo’ 15 años de vigencia”. Entre las facturas que se ha acordado sufragar están otras que se corresponden también a servicios básicos como el transporte urbano e interurbano o el de recaudación.
“En este caso, de nuevo, prácticamente la totalidad de los expedientes incorporan informes desfavorables tanto de la Intervención Municipal como de la Secretaría, la Asesoría Jurídica y de la Oficina de Gestión Presupuestaria y esto se produce porque ustedes han abusado de los REC y las facturas se han ido emitiendo al margen del procedimiento legalmente establecido”, ha denunciado.
