VILA-REAL. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento no recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón por la cual han sido condenados por prevaricación continuada el ex alcalde y ex concejal del PP, Juan José Rubert y Ramón Tomás, respectivamente, además de un responsable de la empresa Piaf, como cooperador necesario. El máximo mandatario municipal, que ha comparecido este martes en rueda de prensa acompañado de material gráfico para argumentar la postura del equipo de gobierno, entiende que con este fallo se da por cumplidos los objetivos del Ayuntamiento y señala que la sentencia “nos da más armas para seguir defendiendo los intereses de la ciudad y evitar pagar por las ilegalidades del PP”.
Benlloch ha asegurado que el equipo de gobierno está “contento” con la sentencia porque se ha conseguido “no pagar lo que no había que pagar”. En este sentido, el alcalde ha remarcado que el fallo judicial satisface el principal objetivo que se perseguía cuando en 2015 se interpuso la querella por el caso Piaf: evitar pagar los endosos ilegales, concretamente las 36 facturas por valor de 600.000 euros. Además, tal como ha explicado el alcalde y se recoge en un comunicado municipal, “en la sentencia, los tres magistrados ven clara la alianza entre el PP de Vila-real y Piaf” y “la inmensa mayoría de todo lo que pusimos en conocimiento de la Justicia ha quedado acreditado como ilegal, y se ha castigado a los responsables”. Por este motivo, el equipo de gobierno no presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En el caso de la prevaricación, gran parte de las irregularidades detectadas por la Comisión de Investigación que el Ayuntamiento llevó a cabo entre 2013 y 2014 la sentencia confirma que son ilegales aunque “para que una ilegalidad sea considerada delito debe ser muy grave y hay que demostrar que se realiza a propósito para beneficio propio o de un tercero”, según explica el alcalde. No obstante, según explican las mismas fuentes municipales, en el juicio quedó demostrado que se produjo esta prevaricación en las obras del trinquete municipal, que costaron 521.400 euros, y la reforma de las segunda planta de la casa consistorial, valorada en 166.814 euros, ambas adjudicadas a la empresa Piaf.
Respecto a la malversación, el alcalde explica que “no se ha podido acreditar porque no se han practicado pruebas de que las obras ilegales costaron más de lo normal y porque gracias a este equipo de gobierno a día de hoy no se han pagado los endosos ilegales”. Según Benlloch, la sentencia también confirma la existencia de facturas falsas, aunque “no se ha podido demostrar quién las falsificó”.
De este modo, Benlloch asegura que la sentencia será “útil” para seguir defendiendo los intereses del Ayuntamiento en los siete procedimientos judiciales todavía pendientes y por los cuales se reclama al consistorio el pago de las facturas. “Todas las facturas que han quedado acreditadas como falsas ya se consideran prueba preconstituida”, ha explicado el edil, quien ha insistido en que “por desgracia, aquí no se acaba todo porque después de diez años aún tenemos que dedicar muchos esfuerzos a gestionar y solucionar las tropelías, empastres e irregularidades de la etapa del PP”. De hecho, el primer edil ha resaltado que los magistrados también señalan en el fallo judicial que el Ayuntamiento ha actuado “con buena fe y seriedad” en el procedimiento judicial por lo que no cabe la imposición de costas al Ayuntamiento, según explica Benlloch.
El alcalde ha remarcado que la sentencia “nos da más armas para seguir defendiendo Vila-real” y ha anunciado que, en el momento en que la sentencia sea firme, se estudiará la posibilidad de interponer una reclamación por responsabilidad patrimonial contra los condenados “para que indemnicen al Ayuntamiento si podemos demostrar que las obras del trinquete y la reforma de la segunda planta de la casa consistorial costaron más dinero de lo normal”.
Finalmente, Benlloch ha acusado al portavoz del PP, Héctor Folgado, de “manipular el contenido de la sentencia” y ha lamentado que “seguramente Folgado es el único que no ve la gravedad de la condena, puesto que para un político la condena por prevaricación continuada es la más grave y si el señor Rubert y el señor Tomás estuvieran en el cargo, ahora tendrían que irse a casa”.
Las reformas del trinquet y del Ayuntamiento de Vila-real motivan la condena a Rubert y Tomás
La sentencia acabó con condenas por prevaricación administrativa para el anterior alcalde de Vila-real, Juan José Rubert, el exconcejal Ramón Tomás, y el consejero de la empresa constructora.
