VILA-REAL. El ex alcalde de Vila-real, Juan José Rubert, y el ex concejal de Obras Públicas en el último mandato del PP, Ramón Tomás, prevaricaron al emitir facturas para pagar a la constructora castellonense Piaf. Así al menos lo aprecia la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, en la sentencia que comunicó el pasado viernes a las partes y que este lunes ha notificado el Ayuntamiento de la localidad y que se basa en dos obras concretas: las reformas del trinquet municipal y de la segunda planta del consistorio vila-realense.
En su escrito, los tres magistrados de la sala condenan a ocho años y medio de inhabilitación especial a Rubert y a siete a Tomás por el delito de prevaricación. Pero en la práctica la condena queda en poco más que palabras, ya que prácticamente diez años después de que se iniciara el caso, ninguno de los dos ostenta ya cargos públicos.
No en vano, el Ayuntamiento de Vila-real, parte del caso como acusación particular, pedía nueve años y 10 meses de prisión para cada uno, un máximo de 26 años de inhabilitación, además de la correspondiente indemnización al consistorio en base a los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental. Finalmente la condena se reduce a la prevaricación, con lo que los tres jueces consideran que Rubert y Tomás actuaron, conscientes de ello, de forma irregular al autorizar el pago a Piaf de determinadas facturas.
El trinquet y la segunda planta del consistorio
En concreto, según han señalado a Castellón Plaza fuentes conocedoras, la sentencia hace referencia a las obras del trinquet municipal y de la segunda planta de la casa consistorial, que fueron tramitadas como parte del contrato de mantenimiento de Piaf y deberían haber salido a concurso, señalan los jueces. En el primer caso, cuando se ejecutó la mejora Rubert todavía no era alcalde, pero los magistrados entienden que debería haber parado las obras y haberlas licitado.
En cuanto a lo más espinoso del caso, la reforma de la comisaría de la Policía Local, los jueces entienden que la firma del alcalde y el secretario eran un trámite sin efectividad en la orden de pago y por tanto han quedado fuera de la condena.
En esta situación, además de la inhabilitación, el ex alcalde y el ex edil de Vila-real por el PP, deberán a hacer frente a parte de las costas: un 4,8% en el caso de Rubert y un 2,4% en el de Tomás. Esto hace que, excepto el 2,4% restante que debe asumir la empresa, el resto de las costas procesales deban ser abonadas por el Ayuntamiento de la localidad, que también deberá afrontar la parte del técnico municipal que ha quedado absuelto, tal y como marca la ley.
Condena a la empresa
Junto a Rubert y Tomás también ha sido condenado el consejero de Piaf Antonio Pons Dols, fundador de la compañía castellonense, como cooperador necesario para la prevaricación continuada, a inhabilitación especial durante otros ocho años y seis meses. En cambio, su hermano Alejandro ha sido absuelto, como también otros tres responsables de la empresa adjudicataria de las obras y el citado técnico municipal. La empresa ya ha dejado de existir y el condenado se jubiló hace ya una década.
En esta situación, los servicios municipales del consistorio vila-realense estudian ya la sentencia para analizar si presentan recurso, algo que todavía no está decidido, indican fuentes municipales. Eso sí, el alcalde de la ciudad, José Benlloch, destaca que el fallo abre la posibilidad de que se reabran más de seis procedimientos judiciales paralizados "a la espera de resolución" del conocido como caso Piaf.
Sentencia diez años después
Las fuentes municipales han recordado que el caso arrancó en 2011, poco después de asumir Benlloch la alcaldía de Vila-real, cuando una investigación administrativa permitió detectar varios paquetes de facturas de Piaf que no se correspondían con trabajos efectivamente realizados ni acreditados. Estas comprobaciones llevaron al primer edil a anular el pago de las facturas, buena parte de ellas remitidas por el ex alcalde Rubert a un banco estando ya en funciones. Con ello, Benlloch evitó el desembolso de 600.000 euros públicos en facturas falsas. "Ese ha sido siempre nuestro objetivo: que no se destine ni un euro de los vila-realenses a cuestiones que no corresponda pagar", remarca el primer edil de Vila-real.
"La sentencia avala que existió en nuestra ciudad una trama, una connivencia organizada entre una empresa, condenada por financiación ilegal del Partido Popular [lo fue en el caso Gürtel], y el gobierno municipal", asegura finalmente Benlloch.
